Por: Andrés Barrios (abarrios@gruponación.com.py). Fotos: Fernando Riveros

Nada cambió en la zona. Bajo la lluvia, una muy similar a la que se daba hace seis años, la tierra roja se hace lodo. Curuguaty todavía suena. Allí, donde fue la tragedia, allí donde los campesinos y policías perdieron la vida, todo sigue igual. Tras la absolución de los procesados con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sigue la esperanza de conquistar las tierras de Marina Cué. Ese lugar cuyo acceso es tan difícil que no se puede llegar en auto chico es considerado por los labriegos como “pueblo mba’e”.

Arnaldo Quintana tenía 18 años. En aquel entonces, practicaba fútbol y solo estaba esperando que finalizara del campeonato de la liga de Curuguaty para ir a probar suerte en Argentina. Nunca imaginó que sus sueños de cancha darían otro giro el viernes 15 de junio de 2012.

Para llegar a su pequeña pero acogedora vivienda ubicada en el distrito de Yvy Pytã, departamento de Canindeyú, el equipo periodístico del diario La Nación salió 30 kilómetros de la ruta principal. La ciudad, creada en el 2013, está ubicada a unos 34 kilómetros del casco urbano de Curuguaty.

“El hecho ocurrió un viernes y el jueves a la tardecita salí de mi práctica de fútbol. En un copetín tomamos una gaseosa y después me fui a Marina Cué a llevar mercaderías a mi tío y mis conocidos. Llegué, entregué las cosas y regresé a mi casa. Vine unos 700 metros del campamento, se descompuso mi moto, ya era tarde y no conocía bien el camino. Después volví donde era la ocupación para pasar la noche y salir el viernes a tempranas horas”, relata Arnaldo. Mientras tanto su hija llega desde el fondo de la casa de madera donde viven para darle un abrazo. A un costado sus padres y hermanos escuchan atentamente cómo va contando lo sucedido.

Pasó la noche en una de las precarias carpas construidas por los campesinos que ocupaban las tierras, con la esperanza que les sean otorgadas. Llegó el viernes. Los labriegos tenían información sobre un posible desalojo. Arnaldo dice que estaban dispuestos a dialogar y salir del lugar porque varios estaban con fiebre y gripe. En esa semana, la lluvia caía y hacía frío, igual que en este invierno. Nadie esperaba lo que pasó.

“De repente muchos policías ya llegaban, ahí todos se preguntaban por qué tanta cantidad. Nos rodearon y ahí empezó la desesperación. Le dije a las mujeres que salgan del predio para que no les pase nada, me quedé casi solo en el medio del hecho. Tenía miedo y entré en un monte. Mientras corría escuché los disparos, algunos gritaban, otros lloraban y pedían auxilio. El helicóptero volaba bajo y disparaba, no paraban los disparos por varios segundos”, recuerda con la voz casi quebraba. El silencio se apodera de él.

Cuenta que corría por su vida entre los pastizales cuando recibió un disparo en el abdomen con orificio de salida. Fue detenido en las afueras de Marina Cué por los integrantes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Se escucharon nuevos disparos. Estaba herido, ensangrentado y sin arma, pero un grupo de uniformados le acusó de ser quien mató a los agentes. Arnaldo Quintana recuerda haber sido golpeado y amenazado por los policías antes de ser derivado a un centro asistencial de la zona para los primeros auxilios. Fue trasladado al Hospital de Santaní, departamento de San Pedro, para someterse a cirugía.

Por la operación debía estar en reposo, pero seis días después de la masacre fue llevado al Departamento Judicial de la Policía Nacional y posteriormente a la cárcel de Coronel Oviedo. Guardó prisión preventiva, era uno de los acusados. Pese a que no fue aprehendido en el lugar del hecho, los investigadores alegaron que fue demorado en Marina Cué. La condena en su contra fue de 18 años, por asociación criminal, invasión de tierra y homicidio.

La absolución que llegó desde la máxima instancia judicial, es considerada por él como un hecho de justicia. Para Arnaldo, pese a ello, el daño está hecho. Ya nadie le devolverá el tiempo perdido. Un año 10 meses con prisión preventiva, un año y medio con prisión domiciliaria y dos años y dos meses en Tacumbú al ser condenado a 18 años. Tras ser condenado por la justicia, para luego ser absuelto y regresar a casa, no descarta accionar contra el Estado. Pero eso será más adelante, ahora mismo lo más importante para él es el abrazo de esa hijita que le ayuda a sobrellevar lo que pasó.

Dolores López fue condenada a seis años de prisión, pero obtuvo su libertad condicional por estar embarazada. Veintidós días después nació su hijo, producto de la relación sentimental con Luis Olmedo, también procesado por la masacre. Al quedar sola y como parte de su instinto de madre, buscó la forma de sobrevivir. No tenía vivienda, pero con la solidaridad de un allegado, llegó una pequeña casa en el distrito de Yvy Pytã. Empezó con la venta de productos de limpieza y combustible para ganar un poco de dinero. Lo recaudado debía alcanzar para el pan de cada día y para viajar a Asunción a visitar a su marido.

Nada fue ni es fácil para Dolores. En aquel entonces debía conseguir una orden judicial para visitar a Luis en Tacumbú. En ocasiones su único ingreso no abastecía para solventar los gastos de la casa. Así lo comparte mientras su mirada refleja una profunda tristeza. Recuerda que en varias ocasiones no tenían nada para comer. Llueve mientras ella habla del sufrimiento que pasó para seguir adelante.

“Traté de sobrevivir. Nos manejábamos como podíamos. Después del juicio oral le llevaron a mi esposo y yo vine con mi hijo a mi casa. Nadie nos ayudó, nadie me preguntó qué me faltaba. Teníamos apoyo de las organizaciones sociales por nuestro caso, pero económicamente no. Me iba de visita y mis gastos variaba entre 200 y 250 mil guaraníes. Llevaba cosas para vender, queso y otros productos para mis gastos. Mucho sufrimos durante estos seis años, después de mucho se hizo un poco de justicia. Ojalá que el Estado ahora nos pueda ayudar”, reclama Dolores. Dentro de la casa se escucha a la tele encendida. La voz de su hijo se mezcla con algún programa, pero el reclamo es claro: ella no tiene que estar en el corredor con ese frío. Al parecer el pequeño aprendió que se debe cuidar de quien te cuida.

El esposo de Dolores López, Luis Olmedo, condenado a 20 años de cárcel y absuelto por la Corte Suprema de Justicia, está convencido que la lucha por Marina Cué continúa. El sueño de convertir esas tierras en un asentamiento modelo nunca se apagó. Mientras, debe sobrevivir con su familia y para eso montó una pequeña gomería para ganarse el pan de cada día en la casa que les fue prestada.

“Ahora estoy abriendo otra vez mi gomería, porque no hay nada para hacer. Gracias a Dios tengo varias herramientas para empezar y de a poco voy a ir comprando todo lo que me haga falta. Desde un principio el objetivo fue conquistar Marina Cué. Tiene que ser el asentamiento más moderno del país”, sostiene Luis Olmedo. Él no quiere entrar en detalles sobre lo sucedido en aquel entonces para no recordar nada de lo que tuvo que pasar. Por el momento, solo busca disfrutar de su familia y rehacer su vida.

Lleva jeans, alpargatas, un abrigo. Su celdita está en el fondo, pero tiene un almacencito en el que vende frutas, verduras, cosas básicas. Un almacencito que le permite sobrellevar su vida en el penal. Rubén Villalba fue condenado a 30 años de cárcel más cinco años de medida de seguridad por la masacre de Curuguaty. También fue absuelto por la máxima instancia judicial, pero sigue en prisión. Sobre él pesa un proceso pendiente por invasión de tierra en el año 2008 en la colonia Pindó del distrito de Yasy Kañy, departamento de Canindeyú. Su defensa solicitó libertad condicional. La medida por este caso salió en el 2015 con siete años de prisión.

Cuando habla de Marina Cué menciona que anteriormente ya habían ingresado al predio, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, pero siempre eran sacados. Cansados de que no prosperara la conquista de esas tierras, decidieron dar tregua... por un tiempo. En febrero del 2012, volvieron a entrar con la esperanza de ser beneficiados con la tenencia. Lo hicieron sin pesar que unos meses después ocurriría algo que conmovería hasta a los organismos internacionales.

Villalba reconoce haber sido uno de los que estaba cerca del comisario Erven Lovera dialogando para evitar hechos que lamentar en el desalojo. Niega ser el responsable del disparo que acabó con la vida del uniformado.

“Era uno de los que estaba cerca de Lovera hablando, nadie de nosotros tenía arma. Toda esa semana de la masacre llovió y varios de los compañeros tenían fiebre y gripe. Antes del viernes ya iba saliendo gente del lugar para que sean atendidos en los hospitales. Ese día no estábamos ni cuarenta campesinos y nos sorprendió la gran cantidad de policías que se fueron. No entendíamos el porqué”, explica Villalba en un diálogo en su celda en Tacumbú.

Según su versión, la policía prácticamente los acorraló y empezaron los disparos. Recibió el refilón de un disparo en la cabeza y cayó al suelo. En ese momento, el comisario Lovera también fue herido. Rubén reitera que no fue él quien mató al uniformado, porque no tenía arma. Tras los disparos se refugió en los pastizales y pudo llegar hasta un arroyo. Pasaron las horas y su herida no paraba de sangrar, en varios momentos pensó que su vida llegaba a su fin. Fue auxiliado por un vecino, que tras mejorar su estado le contó lo que había ocurrido aquel viernes 15 de junio de 2012.

Cuando se recuperó de la herida en la cabeza causada por la detonación de un arma de fuego -refiere- vivió en las inmediaciones. Era buscado por la Policía, lo señalaban como presunto asesino del comisario Lovera. Un día decidió entregarse y someterse a la justicia. Tenía la esperanza de ser liberado rápidamente al considerarse inocente.

Seis años después, Rubén Villalba sigue firme en sus convicciones: Marina Cué “pueblo mba’e”. Él no está de vuelta en casa, para él la lucha continúa.

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