La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, en contacto con medios de prensa se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el caso Curuguaty y la liberación de campesinos recluidos en la penitenciaría de Tacumbú.
La titular del Ministerio Público fue bastante cauta en sus declaraciones,ya que manifestó que se tomarán decisiones jurídicas dentro del Ministerio Público.
"Estamos trabajando en el plano jurídico. Se tomarán decisiones jurídicas al respecto”, anunció Quiñónez.
Seguidamente, fue consultada sobre si comparte o no la decisión de la justicia de anular la sentencia contra los procesados por el caso Curuguaty.
“No, no comparto”, dijo.
Sostuvo que los fiscales han probado en juicio, además, ha sido objeto de ánalisis conforme a la sana crítica del Tribunal de Sentencia que ha juzgado y que luego la Cámara de Apelación lo ha confirmado.
“No comparto con la resolución de la Sala Penal de la Corte” , reiteró la Fiscal General del Estado.
Finalmente, indicó que desde la institución se realizará todo lo posible para que el caso Curuguaty no quede impune.
Caso y absueltos
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, en Marina Cué, donde el enfrentamiento dejó a 11 campesinos y 6 policías muertos. El hecho se dio en un operativo de desalojo en las tierras que supuestamente estaban a nombre de Blas N. Riquelme, pero que el Estado reclamaba como suya.
El caso derivó en un juicio político al presidente de la República de aquel entonces, Fernando Lugo, quien fue destituido como jefe de Estado.
Los condenados absueltos son: -quienes seguían recluidos en la Penitenciaría de Tacumbú- Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, además de -quienes ya estaban fuera de prisión- María Fani Olmedo, Dolores López Peralta, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, Adalberto Castro y Lucía Agüero.