El juez Cristóbal Sánchez manifestó este viernes que la investigación del caso de la masacre de Curuguaty no tuvo que haber pasado ni siquiera la primera instancia por las falencias y deficiencias del proceso. Ante las irregularidades se anuló el caso y todos los procesados fueron absueltos.
“Personalmente he encontrado algunas deficiencias, razón por la cual también voté por la nulidad de la resolución de primera instancia. El oficio urgente es para aquellos que están privados de su libertad”, explicó el magistrado, en comunicación con la 1080 AM.
Sostuvo que no se aplicaron las reglas que imperativamente la ley establece que deben ser tenidas en cuenta como las reglas de la sana crítica. Señaló que en la solución del problema hubo disparidad de criterios porque habían pruebas que podrían ser analizadas de nuevo.
Indicó que algunos colegas suyos consideraron que debía cerrarse el caso y ordenar la absolución definitiva de todos los procesados. A su criterio, el Tribunal de Apelaciones no estudió la aplicación de la regla de la sana crítica que impone el análisis de la razonabilidad que tuvo el juez para dictar su resolución.
“En el caso Curuguaty se han inhibido todos los ministros de la Corte. Los errores judiciales son normales, lo que se debe hacer es enmendar el error. Parece que los jueces tenemos la epidermis muy delicada”, agregó.
Los cuatro campesinos que cumplen condena en la penitenciaría de Tacumbú son Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, quienes saldrán en libertad una vez que se emita el documento para el efecto.
El resto de los condenados absueltos son María Fani Olmedo, Dolores López Peralta, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, Adalberto Castro y Lucía Agüero, quienes ya no estaban recluidos.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, en Marina Cué, donde el enfrentamiento dejó a 11 campesinos y 6 policías muertos. El hecho se dio en un operativo de desalojo en las tierras que supuestamente estaban a nombre de Blas N. Riquelme, pero que el Estado reclamaba como suya.
El caso derivó en un juicio político al presidente de la República de aquel entonces, Fernando Lugo, quien fue destituido como jefe de Estado.