El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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El presidente Santiago Peña se mostró ayer a favor de apro­bar el proyecto de ley que establece el control, la trans­parencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fun­damentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, manifestó el jefe de Estado al ser consul­tado sobre el citado proyecto de ley.

Dijo además no estar a favor de la persecución, de la dis­criminación, ni de cerce­nar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, “pero entiendo que el con­trol y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería apli­car”, señaló.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, remitió final­mente ayer el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para su aceptación o rechazo.

Núñez dijo que particular­mente está a favor de la pro­puesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor con­trol. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo para­guayo tiene que saber en dónde están siendo destina­dos los recursos públicos”, señaló el senador.

Indicó que si el presidente Santiago Peña decide vetar el proyecto, la bancada oficia­lista en el Congreso respetará la decisión del jefe de Estado.

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, afirmó que el presidente de la República puso como una prioridad la seguridad desde que asumió el Gobierno nacional. Indicó además que el mandatario está poniendo especial atención en el equipamiento y preparación de las filas policiales.

“Cuando él es designado presidente de la República puso la seguridad como prioridad, es inédito que un presidente mire a sus policías, pasaron décadas y décadas que no lo hicieron y en ese tiempo la delincuencia avanzó”, fueron las expresiones del comandante en entrevista para la 1020 AM.

Indicó que la línea del Gobierno y la prioridad es aumentar la cantidad de policías en las calles en este periodo, que actualmente es de 29.000, de los cuales un porcentanje son funcionarios administrativos, que son civiles, por lo que ese número se reduce a 23.000 policías, que a su vez se reducen a aproximadamente 11.000 operativos que se encuentran en las calles día a día a nivel territorial.

“Los requerimientos en cuánto a seguridad, que parte de las mismas Naciones Unidas, por dar un ejemplo, requieren para dar una seguridad aceptable o buena para un país es que debemos contar con 3,3 policías por cada mil habitantes, y nosotros, apenas llegamos al 1,5″, indicó el comandante.

Más de 200 diputados franceses, de izquierda y derecha, pidieron el lunes al gobierno que bloquee la conclusión del esperado acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que consideran “traiciona” la ambición europea.

“El acuerdo, negociado por la Comisión Europea, traiciona dos veces lo que debe ser la Unión Europea. Traiciona la ambición de elevar los estándares medioambientales, sociales y sanitarios. También traiciona nuestro compromiso con la soberanía alimentaria de nuestro continente”, escribieron 209 diputados de distintos grupos del espectro político francés.

“Nos negamos a abrir los mercados europeos a pollo dopado con antibióticos, a la carne de vacuno criada en un contexto de deforestación, al maíz tratado con atrazina...”, declararon, rechazando “un acuerdo cuyo contenido, negociado desde 1999, sigue sin aportar compromisos sólidos en materia medioambiental, social y sanitaria”.

Para ellos, “en un momento en que Francia perdió 100.000 explotaciones agrícolas en diez años, que corre el riesgo de perder el mismo número en la próxima década, y cuando el 75% de la deforestación en Brasil está vinculada a la ganadería bovina, este acuerdo equivaldría a sacrificar nuestros valores profundos por intereses comerciales y geopolíticos cortoplacistas, por una carrera por la influencia y los nuevos mercados”.

“El presidente de la República se comprometió con los agricultores y las organizaciones medioambientales, unidos en esta lucha”, señalaron. “Nosotros, diputados de todas las bancadas, pedimos al gobierno que bloquee la conclusión del acuerdo (...), y a la Comisión Europea que respete este veto francés”.

Las negociaciones con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia) se reanudaron en los últimos meses bajo el impulso de países europeos, entre ellos España y Alemania.

La posibilidad de una conclusión enfurece a los sindicatos agrarios franceses, que anuncian una movilización para mediados de noviembre.

Fuente: AFP