El diputado liberal, Jorge Ávalos Mariño, presentó este viernes un proyecto alternativo sobre financiamiento político. El objetivo es que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pueda controlar los recursos destinados a las campañas.
"La modificación de la ley de financiamiento que está en trámite ya no va a regir para estas internas y menos para las nacionales. Entonces prestamos un proyecto que no guarda relación con el calendario electoral", señaló el diputado a la 970 AM.
El documento prevé modificar la Ley 1015/97 "Que previene y Reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes". A criterio del parlamentario, de aprobarse el documento, podría estrar en vigencia para las internas de diciembre próximo.
Explicó que el proyecto incluye a los partidos políticos, movimientos, candidaturas, alianzas y concertaciones como "sujetos obligados" al control de la Seprelad.
"Esto es muy sencillo, se le da facultad a la Seprelad para los controles en las internas y en las generales. Ahí veremos si hay voluntad de que los recursos destinados puedan ser controlados", agregó el legislador liberal.
Actualmente existe un proyecto de modificación de la ley de financiamiento político, aprobado en general en la Cámara de Diputados, luego remitido de nuevo a comisiones para un mejor estudio, pero en caso de promulgarse entraría en vigencia para las elecciones del 2020.
Las internas partidarias están fijadas para el 17 de diciembre de este año a fin de que los partidos políticos definan a sus respectivos candidatos para los comicios generales que se desarrollarán en abril del 2018.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.
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Presidente del TSJE supervisó las elecciones generales de Panamá
César Rossel, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), formó parte de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), que tuvo a su cargo la supervisión de los comicios generales en Panamá. Rossel realizó este domingo la misión electoral en la localidad de Colón, desde donde se reportó una importante participación de electores que acudieron a elegir a sus representantes.
En total 3.004.083 panameños estuvieron habilitados para elegir a un presidente y vicepresidente de la República, diputados al parlamento centroamericano, diputado a la Asamblea Nacional, representantes de corregimientos y concejales, todos con sus suplentes, para el periodo constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
Según el reporte de los observadores la apertura de la puja electoral se realizó sin inconvenientes a las 7:00, con 7.577 mesas de votación instaladas en 3.037 centros de votación en todo el país. El escrutinio finalizó a las 16:00, bajo una total tranquilidad al no registrarse incidentes graves.
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Aspirantes a mandatarios
De acuerdo a los medios de comunicación de Panamá, el conteo de los votos aún sigue. En esta puja electoral son 9 los partidos legalmente constituidos que participan con ocho candidatos presidenciales. Los aspirantes son: José Raúl Mulino, Martín Torrijos, Rómulo Roux, Ricardo Lombana, José Gabriel Carrizo, Zulay Rodríguez, Melitón Arrocha y Maribel Gordón.
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Proyecto de reforma policial debe ser tratado con urgencia en Diputados, afirmó senador
El senador Carlos Núñez instó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, a incluir en la agenda legislativa de la próxima semana el tratamiento del proyecto de reforma y modernización de la Policía Nacional, enfatizando en la indispensabilidad del plan a nivel social y en la política de seguridad.
“Estamos trabajando con un equipo de diputados para que se pueda dictaminar lo antes posible el proyecto y ya hemos conversado sobre la posibilidad de contar con una decisión favorable, sin modificaciones”, puntualizó el parlamentario, destacando la necesidad de aplicar el plan.
El proyecto cuenta con media sanción del Senado, ante lo cual Núñez refirió que fue posible mediante un consenso del pleno con el propio Ejecutivo, trabajando sobre el plan de manera directa con el ministro del Interior, Enrique Riera, avanzando con una propuesta amplia y abarcativa.
Reiterando los alcances de la propuesta, Núñez remarcó que la presente normativa tiene por objeto modernizar y transparentar la actual Ley Orgánica de la Policía Nacional, dotándola de mayores controles internos y con mayor participación del Ministerio del Interior.
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“La Policía Nacional está sin herramientas necesarias y esta ley brindará todo lo necesario al cuerpo policial, beneficiando además a la comunidad en general”, indicó el parlamentario ante los medios de prensa en el Senado, haciendo hincapié en los cambios significativos que podrían observarse.
Mencionó que el proyecto plantea reformas donde se priorizan ejes como mejorar la carrera policial, el bienestar policial y la organización de la Policía Nacional. La propuesta desarrolla un sistema competitivo para el ascenso de grados, priorizando la preparación y capacidad.
“Espero que próximamente, se comience a hablar del proyecto de ley, tras el decreto reglamentario correspondiente por parte del Poder Ejecutivo. Una vez sea tratado en Diputados, de manera inmediata y automática debe ser enviado el plan al Ejecutivo”, expresó el senador.
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Premiaron con alto cargo en Seprelad a la ejecutora del plan contra Cartes
Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejecutado un plan para montar y filtrar un informe para perjudicar a Horacio Cartes.
- Por Cinthia Mora
Un reporte de auditoría interna de la Seprelad ordenado por la actual ministra, Liliana Alcaraz, deja al descubierto cómo funcionaba el engranaje para filtrar informes de inteligencia con el objetivo de perseguir a enemigos políticos. El cargo de viceministra de Seprelad fue otorgado tras más de dos años de estar vacante como “premio” tras el “exitoso” operativo de filtración.
La Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad reportó, en fecha 15 de diciembre de 2023, un informe conclusivo tras la aplicación de un sumario con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió la divulgación indebida de datos confidenciales relacionados a un pedido de informe de la República de Panamá.
Este pedido fue remitido a las autoridades de nuestro país a través de la plataforma de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) el 16 de diciembre de 2022. La solicitud consistía en un pedido puntual sobre los antecedentes policiales y judiciales del expresidente de la República Horacio Cartes, en el marco de una causa abierta en ese país tras la divulgación de los Pandora Papers, una investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación.
El manejo interno de este pedido de informe quedó expuesto tras la declaración testimonial del funcionario Derlis Ruiz Báez, quien fue el analista designado para responder el pedido de informe de Panamá. En su declaración, el funcionario reveló que recibió instrucciones escritas y verbales del funcionario Guillermo Preda (imputado en la causa de filtraciones) ordenándole adjuntar, además de la información solicitada, reportes de prensa negativa que afectaban la imagen del expresidente Cartes.
De acuerdo al relato del funcionario, el 14 de enero de 2022, a las 16:00, remite por correo institucional el informe solicitado, con los agregados solicitados, a los funcionarios Guillermo Pereira y Carmen Pereira. Ese mismo día, el contenido de esa información confidencial se filtraba a los medios de prensa a través de declaraciones de Arnaldo Giuzzio.
PREMIADA CON PUESTO CLAVE
Llamativamente y posterior al “exitoso” operativo de filtración del informe confidencial de Panamá se nombra por decreto presidencial en el cargo de viceministra de la Seprelad a Carmen Pereira, entonces directora general de Análisis Financiero y Estratégico, apuntada como la “mimada” de Carlos Arregui y ejecutora de los operativos de filtración que se registraron ese año.
El decreto presidencial que designa a Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a una ley de 2019, por la cual se creaba la Secretaría Adjunta (Viceministerio) y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por dos años, siendo posiblemente reservado como “premio” para la persona que se encargara de elaborar y coordinar las filtraciones.
En mayo del año 2022 iniciaron las sucesivas publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la Seprelad que tenían como objetivo principal el ataque político teniendo en la mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados: Horacio Cartes y Santiago Peña y los “ejecutores” del plan estaban en los puestos claves.