El procurador general de la República, Marco Aurelio González, informó que la Cámara de Apelaciones confirmó la medida cautelar de embargo sobre los ocupantes de la Finca 916, conocida como Jardines de Remansito. En cuanto a la devolución de los inmuebles, manifestó que aún se llevan adelante litigios contra 27 personas.

“Esto en razón de que el juez había decretado ese embargo sobre sus bienes y ahora la Cámara lo confirma. Esto es sobre un monto, para asegurar que la recuperación de las tierras sea realizada en el estadio en el cual se encontraba antes de la ocupación, para garantizar la destrucción de todo lo edificado”, indicó a la 1020 AM.

El alto funcionario agregó que este caso representa un precedente, para demostrar el compromiso de la defensa asumida por el Estado paraguayo sobre el atropello a sus propiedades. “Hay personas que ya entregaron la posesión y no tenemos ninguna demanda contra ellas, ni tampoco algo referente a un embargo. Se entregaron ocho inmuebles, que representan casi el 50 % de las dimensiones, eran los más amplios”, explicó.

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En relación a los bienes edificados, González manifestó ratificó que el Estado se mantiene en su postura de regresar los inmuebles a su estado natural, es decir, sin las viviendas, con la finalidad de permitir al Ministerio de Defensa dar el uso más apropiado a los espacios. Al principio se había comentado la posibilidad de brindar un destino turístico al lugar, no obstante, el procurador reconoció que la decisión final sobre los inmuebles no se ha resuelto del todo.

“Esto porque el Ministerio de Defensa es el propietario y quien puede definir el destino de las tierras”, afirmó. En torno a los ocupantes que aún permanecen en el territorio de la Finca 916, González señaló que apelan a todo tipo de chicanas para retrasar los procesos sobre los mismos. “No tienen ninguna documentación que pueda desvirtuar la titularidad del Estado paraguayo”, puntualizó.

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El Instituto de Pre­visión Social (IPS) reclama a dos fami­lias dedicadas al rubro de la educación el pago en concepto de alquiler de sus inmuebles ubicados en Asunción y Lim­pio, respectivamente, por un monto que asciende a unos 14.000 millones de guara­níes, deuda que se remonta a 14 años atrás. En estos inmuebles funcionan dos universidades. El reclamo judicial por el cobro de alqui­leres “duerme” en Cámara de Apelaciones.

La Educación Universitaria para el Desarrollo Econó­mico y Social, que funciona en Limpio, está instalada en un terreno de 18 hectáreas pertenecientes a la previsio­nal; y la Universidad Autó­noma del Sur (Unasur), que opera en Asunción, ocupa seis inmuebles localizados. A la fecha los arrendatarios adeudan al IPS unos 14.000 millo­nes por cobro de alquiler.

En el caso de Asunción, se firmaron dos contratos, en el año 2010 y 2012, respecti­vamente. Debido a la falta de pago por el arrendamiento, la Dirección Jurídica, a cargo del Dr. José González, pro­movió un juicio civil para el cobro de alquiler y posterior desalojo. La Justicia abrió en el caso de Asunción cua­tro juicios civiles.

En el caso de Limpio, el con­trato se firmó en el año 2013, y debido a la morosidad, el IPS promovió una acción judi­cial para el cobro de alquiler y consecuentemente pedir el desalojo correspondiente. Al parecer, el terreno que fue alquilado por la familia Decoud-Reyes para el funcio­namiento de una universidad está abandonado; es decir, sin la existencia de alguna actividad académica en el lugar. En este caso, hay una deuda que asciende los 3.400 millones de guaraníes.

En el caso de Unasur, ya existe una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial para hacer lugar al desalojo en uno de los jui­cios, pero los arrendatarios apelaron la decisión al solo efecto de evitar la ejecución de la medida. El caso debe resolverse en este juzgado.

En noviembre de 2015 comenzó la primera demanda por cobro de alquileres, según el expediente n.° 531/2015, por la suma de G. 335.601.533, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del décimo quinto turno, sección 30, en contra de la Unasur y Arnaldo Decoud Aranda; en ese juicio recayó la Sentencia Defini­tiva 590 del 28 de diciembre de 2018 que resolvió rechazar las excepciones opuestas por las demandadas y llevar ade­lante la ejecución promovida por el IPS.

Hasta la fecha, la sentencia definitiva se encuentra firme contra Decoud y en estado de apelación en contra de la Unasur, ante la Cámara de Apelaciones, quinta sala. A la fecha, en este juicio, la deuda actualizada es de G. 12.996.908.965.

La Dirección Jurídica del IPS apeló en setiembre del año pasado, por lo que está “durmiendo” en Cámara de Apelaciones desde mayo de este año. En la ocasión, repre­sentantes de la previsional pidieron que se declaren mal concedidos los recursos de apelación y nulidad, porque el abogado de Unasur, poste­rior a la sentencia, ya se dio por notificado tácitamente al pedir copia del expediente.

El Ministerio de Justicia y la Gobernación de Guairá firmaron este lunes 13 de mayo un acuerdo marco de cooperación interinstitucional que apunta a que las personas privadas de libertad (PPL) de la Penitenciaría de Villarrica realicen trabajos comunitarios para beneficio de las comunidades del departamento.

Esto se da como parte de los programas de rehabilitación y reinserción social y laboral que lleva adelante el ministerio. El documento fue suscrito por el ministro de Justicia, Dr. Ángel Ramón Barchini, y el gobernador de Guairá, César Sosa.

Estuvieron presentes el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora; el diputado Alejandro Aguilera; el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña; la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; la jueza de ejecución penal de Caazapá, Maricel Candia.

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Al respecto, Barchini explicó que este proyecto tiene como objeto promover la cooperación y la coordinación de acciones conjuntas a fin de aportar un servicio a la comunidad. El acuerdo es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.

“Este proyecto permitirá que personas privadas de libertad puedan salir a trabajar por orden del juez o la jueza, y aquellas que tengan el perfil puedan ir imputando los días que le quedan de sentencia para salir en libertad y a la vez ganar un dinero. Mientras que la gobernación se ahorra en contratos. Es decir, acá todos ganamos, gana la sociedad”, indicó.

El Ministerio de Justicia, por intermedio del Viceministerio de Política Criminal, la Dirección de Bienestar y Reinserción Social y de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios se compromete a coordinar para que las PPL, que voluntariamente deseen contribuir con la comunidad, presten servicios generales necesarios mediante mano de obra para el hermoseamiento de áreas urbanas, plazas y lugares predeterminados por la Gobernación de Guairá, en las fechas festivas y otras ocasiones de importancia.

A su turno, el gobernador Cesarito Sosa destacó que la gobernación está plenamente a disposición de colaborar para que el proyecto, que aun es un plan piloto, sea todo un éxito y que traerá beneficios a todas las comunidades guaireñas. “Queremos arreglar plazas, instituciones educativas, limpieza de arroyos, creo que usar estos medios en beneficio de la gente no tiene precio”, acotó.

El ministerio brindará la seguridad necesaria y coordinará con el auxilio de las Fuerzas Públicas, en caso de necesidad, para la puesta en marcha del proyecto. El Ministerio de Justicia trabaja en varios frentes en el marco de la reforma penitenciaria en marcha. Esos ejes abarcan el seguimiento del control estricto de las penitenciarías, la reforma de leyes, la formación de nuevos agentes penitenciarios, la habilitación de nuevas penitenciarías de alta seguridad y el fortalecimiento de los programas de reinserción social y laboral para evitar la reincidencia en el delito.

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El Campeonato Nacional de Albañiles llegará al departamento del Guairá el próximo sábado 16 de marzo desde las 13:00 hasta las 18:00 y el domingo 17 de marzo de 9:00 a 12:00 en la entrada de la ciudad de Villarrica, en el nuevo Shopping Guairá. Será reconocida la labor de los albañiles, se realizarán capacitaciones por parte de instructores de marcas, y generarán una base de datos de los trabajadores que podrá disponer la gobernación del departamento.

El evento contará con el apoyo y la organización de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarias (Capadei) y marcas emblemáticas del sector como Cementos Concepción (Cecon), Sika y VMA, además de la gobernación, Nación Media y firmas locales como Industria San Ramón, y las empresas de materiales de construcción Giménez, y Ringseis.

“El objetivo es juntar a 500 albañiles, hombres y mujeres, que son el corazón de la construcción y del sector, que son personas que sacan adelante a su familia con el trabajo honrado. Lo que queremos hacer es reconocer ese trabajo, felicitarles y darles premios”, sostuvo a La Nación/Nación Media Enrique López Arce, organizador del evento.

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El primer premio será de G. 5.000.000, el segundo de G. 2.500.000, mientras que el tercero G. 1.500.000. “En total son G. 20.000.000 en efectivo y en premios para los asistentes y competidores”, aseguró López Arce. En tanto, las empresas Cecon y VMA se encargarán de impartir capacitaciones que contarán con certificación.

Los desafíos incluyen mampostería o elevación de paredes en forma de “L” y se usarán las dos maneras, tanto la clásica como la moderna, además el varillaje, por lo que los equipos deberán estar compuestos por albañiles oficiales, ayudantes, y también se realizarán revoques. Toda la familia está invitada y se podrá disfrutar de actividades recreativas en el marco del evento.

Los ciudadanos que quieran competir o participar pueden acercarse a la Gobernación del Guairá en horario de oficina o enviar sus consultas al (0991) 700-370. El campeonato ya fue realizado en Asunción, en las instalaciones de la Capaco, así como en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, y en Encarnación, departamento de Itapúa. “Este año 2024 se planea llegar a otras 6 ciudades”, puntualizó.

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