• Por Aldo Insfrán, aldo.insfran@nacionmedia.com.

La ministra de la Corte, Carolina Llanes Ocampos, y enlace de la Oficina Técnica de Apoyo al fuero de la Niñez y Adolescencia (Otana), presentó días atrás un informe sobre la producción anual de los juzgados del fuero en todo el país, basado en datos de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que abarcan el periodo del 1 de enero al 27 de noviembre de 2024.

El resumen destaca el significativo crecimiento en la producción de los juzgados de la Niñez y la Adolescencia a nivel nacional en el 2024, superando ampliamente los registros de 2022 y 2023. Del mismo modo, se resalta que se iniciaron 51.468 expedientes en el 2024, con relación a juicios que se tramitan en el juzgado de la Niñez como ser asistencia de alimenticia, homologación de acuerdos, ofrecimiento de prestación de alimento, régimen de relacionamiento, medidas cautelares, entre otros.

También se dictaron 45.302 autos interlocutorios, lo que representa un aumento del 66 % en comparación con el año 2023. Además, se registró un incremento del 5 % en las sentencias definitivas y se emitieron 372.296 cédulas de notificación, lo que equivale a un crecimiento del 19 % respecto al año anterior.

La ministra Llanes puntualizó que, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2024, se reportaron las siguientes cifras: 45.296 autos interlocutorios, 33.119 sentencias definitivas y 372.362 cédulas de notificación, abarcando todos los juzgados de las circunscripciones judiciales de la República. Estos datos reflejan un avance considerable en el funcionamiento del sistema judicial, particularmente en el ámbito de la Niñez y Adolescencia, un área crítica para el desarrollo social y la protección de los derechos de los niños y niñas.

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Asimismo, se enfatizó la realización de 378 pruebas de ADN en juicios vinculados al derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes según el informe remitido por el Departamento de Administración de Fueros y el Departamento de Logística Administrativa. En estos casos, cuando las partes solicitaron el beneficio de litigar sin gastos, los costos fueron asumidos por la Corte Suprema de Justicia, garantizando así el acceso a la justicia.

La ministra Llanes también presentó los resultados de una investigación realizada en la Circunscripción Judicial de Capital sobre las pericias rendidas en procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Estos datos se tomaron como universo los datos de Asunción, desde su perspectiva de situación de violencia y su eficiencia como elemento probatorio.

Finalmente, subrayó que estos datos demuestran el compromiso del Poder Judicial con la mejora de los recursos y mecanismos destinados a la atención de los casos de niñez y adolescencia, resaltando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas al publicar estos datos, los cuales detallan el trabajo realizado durante el presente año.

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La ministra de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), Salma Agüero, dijo que la camioneta Ford F-150 Raptor, modelo 2017, que se encuentra bajo el custodio de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), fue cedida a su cartera en el marco del Plan Sumar, un convenio en la lucha contra las drogas que es impulsado por el Gobierno y que aborda la prevención y atención a las adicciones.

“Esta camioneta fue otorgada a nuestra secretaría en el marco de un convenio, todo está legalmente reglado, articulado. Nosotros habíamos solicitado un vehículo conforme a la necesidad que tenemos en la institución en cuanto a la movilidad. Nosotros estamos inmersos en lo que es el Plan Sumar que es una iniciativa contra el consumo de drogas y específicamente sabemos que en la juventud esto es un desafío en materia de políticas públicas”, indicó Agüero, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La funcionaria de Estado acotó: “La Senabico nos respondió que tenía disponible una camioneta. Este es un vehículo que otras instituciones no solicitaron y que estaba varado. Nosotros le dimos uso, ya que nuestro rol misional contempla que estemos trabajando en materia de prevención del uso de drogas en la juventud”.

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“Ese vehículo se estaba utilizando para el servicio del narcotráfico y ahora nosotros lo estamos utilizando para el servicio de la juventud paraguaya. Estamos súper comprometidos y trabajando activamente en lo que es el plan Sumar. Esa es una publicación tendenciosa, amarillista”, refirió.

“También se está utilizando mi vehículo para uso del funcionariado con el fin de poder cumplir con nuestras misiones institucionales. Desde que yo asumí, me encontré con un desafío muy grande que es la movilidad, ya que en la institución contamos con un solo vehículo que constantemente nos dejaba en la calle, estuvimos meses intentando que las instituciones nos puedan dar algún vehículo ya que no tenemos un presupuesto muy elevado para comprar movilidad propia”, relató.

Por otra parte, Santiago Arza, secretario general de la Senabico, en una entrevista con la 1020 AM comentó que el uso de vehículos proporcionados por la citada cartera son con fines exclusivamente institucionales y no particulares, caso contrario, podrían pedir la restitución ante una utilización indebida.

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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, afirmó que la versión final del proyecto de reforma del transporte público de pasajeros, impulsado por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, será presentado el próximo mes de marzo al Congreso Nacional, teniendo en cuenta el reciente inicio del receso parlamentario.

“Ya hemos entregado un borrador del proyecto. De hecho, la semana pasada volvimos a presentarle al presidente, sometiéndolo a debate. Ya tenemos la versión definitiva de parte del Ejecutivo lista y será presentada en marzo al Congreso Nacional”, sostuvo en una entrevista con el programa “Cara o cruz” emitido por Unicanal.

El anteproyecto fue presentado a los legisladores el pasado mes de octubre y se encuentra enfocado en modernizar y mejorar la movilidad en el área metropolitana. La iniciativa detalla una serie de cambios orientados a ofrecer un servicio más eficiente, seguro y sostenible para los ciudadanos.

“Cuando se concrete ese paso, vamos a entrar en un proceso de socialización del proyecto de ley. La elaboración de la propuesta ha sido realmente un trabajo enorme que hemos llevado adelante con mucha coordinación, viendo las experiencias regionales en cuanto a los modelos exitosos de transformación del transporte, tanto de Colombia, Chile, Brasil”, comentó.

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Desde el MOPC y el Viceministerio del Transporte indicaron, en aquella ocasión, que la propuesta del Poder Ejecutivo apunta a transformar el transporte público en un servicio moderno y accesible, asegurando que los cambios se implementarán de manera gradual para minimizar cualquier impacto en los usuarios.

“Estamos muy seguros que será un programa ambicioso, que lo llevaremos adelante de manera gradual, que tendrá seguramente sus ajustes en la implementación, pero que apunta a un sistema de transporte mucho más digno, previsible y que tiene distintas aristas. Una es la renovación de las flotas, queremos buses más lindos, nuevos, cómodos. Necesitamos intervenir en las infraestructuras vial urbana”, comentó.

Asimismo, Centurión acotó: “Tenemos que tener mejores calles; estamos trabajando en un plan de pavimentación de las calles. De hecho, tenemos contratado el plan central, que son 133 kilómetros nuevos dentro del departamento Central. También apuntamos a la reforma de los contratos, es decir, que el Estado realmente sea el actor clave que dicte las reglas de cómo van a actuar los operadores. Estamos seguros de que vamos en el camino correcto”.

Señaló que el proyecto de reforma va acompañado de un plan piloto donde se destaca la adquisición de 30 buses eléctricos de Taiwán, cuya operación será licitada y tendrá como eje el gran troncal de la avenida Eusebio Ayala. “Llegarán en febrero, se les harán pruebas, se capacitará a los operadores para que comiencen a rodar a más tardar en mayo de 2025”, refirió.

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“Como presidenta, me comprometo a promover un diálogo social efectivo que integre a todos los actores: empleadores, trabajadores y gobiernos”, manifestó la ministra del Trabajo, Mónica Recalde durante la XXII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, que se realiza en la ciudad de Bogotá, Colombia.

En la ocasión, Paraguay fue designado para ocupar la titularidad del Grupo de Trabajo N° 2 de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Debemos reforzar los sistemas de protección social y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, siempre con un enfoque preventivo y centrado en el bienestar de las personas”, mencionó la secretaria de Estado, tras conocer la designación.

El Grupo de Trabajo N° 2 de la CIMT tiene como finalidad el fortalecimiento institucional de los Ministerios de Trabajo y la promoción del diálogo social institucionalizado y el tripartismo. Se encargará de facilitar el análisis y el intercambio de experiencias y desarrollar recomendaciones para apoyar a los Gobiernos en áreas como la promoción del diálogo social, la profundización de los procesos de transformación digital y modernización de los Ministerios de Trabajo.

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Asimismo, entre sus principales enfoques figura en el fortalecimiento del Estado en su rol de garante de la protección efectiva contra todo acto de violencia y acoso en el mundo del trabajo. A la vez, diseñar e implementar estrategias de salud y seguridad en el trabajo, coadyuvar con el fortalecimiento y la mejora de los sistemas de protección social, promover el diálogo social tripartito en las reformas de los sistemas de seguridad social.

También fortalecer la inspección del trabajo como instrumento central de la administración laboral, así como promover y fortalecer los servicios de conciliación y arbitraje, y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos laborales.

Entre sus funciones también esta la promoción de un enfoque preventivo para el respeto de la legislación laboral, garantizar, en coordinación con las autoridades migratorias, el respeto de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes en la región, dar un renovado impulso a la Red Interamericana de Administración Laboral (RIAL), así como promover intercambio de información en materia de diálogo social y mecanismos de fijación de salarios.

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