Los exrepresentantes de la agrupación política Frente Guasu niegan que hayan firmado un préstamo con la entidad bancaria ueno Bank. A través de un comunicado a la opinión pública, refieren que las firmas que aparecen en los pagarés no les corresponden. De acuerdo con los documentos, figuran como codeudores Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas.

El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, la semana pasada había indicado que la deuda de la concertación Frente Guasu, es por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.

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“El 23 de junio de 2023, fuimos demandados por la entonces Financiera ueno, hoy ueno Bank, por una supuesta deuda de G. 2.021.219.253. Según la entidad, el monto resulta de la reestructuración de un crédito anterior con la firma Credicentro, absorbida por la primera. Aclaramos que no hemos tramitado con la entidad financiera ueno, hoy ueno Bank”, refiere el texto publicado.

Así mismo, se menciona en el comunicado que, las firmas en el pagaré no les corresponde, que la fecha de certificación de las firmas en el pagaré difiere de la fecha indicada en el mismo. Además, señalan que en la fecha de las supuestas firmas en la solicitud, el pagaré y la liquidación del crédito, Carlos Filizzola ya no ocupaba el cargo de presidente de la concertación Frente Guasu.

También piden a la entidad bancaria el mayor control al momento de otorgar este tipo de créditos. El comunicado está firmado por Carlos Filizzola, Aida Robles y Oscar Dario Rojas.

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El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, explicó cuál es la situación de la deuda de la concertación Frente Guasu, por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.

“Efectivamente hay una deuda de la concertación Frente Guasu y la codeudoría de tres personas físicas con ueno bank y en su momento, cuando aún tenía la denominación de Financiera ueno se había promovido una acción ejecutiva en junio del año 2023″, explicó Preda en entrevista a la 1020 AM.

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Refirió que “en esa acción ejecutiva, los demandados, las personas físicas son Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas”, sin embargo, estas tres personas se presentaron a plantear una “excepción de falsedad” y negaron que las firmas consignadas en un pagaré en febrero del 2022 les pertenezcan.

“Entonces, en función a eso yo recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que esto se esclarezca y se determine que efectivamente esas firmas son falsas o no. Si son falsas, buscaremos a los responsables de haber creado ese documento”, mencionó.

En contrapartida, el abogado resaltó que “la certificación de firma por una escribana pública no son documentos simplemente, sí certificación de firma, si eventualmente estas firmas no les corresponden a estas personas, también hay la intervención de una escribana pública”.

Esta denuncia está en el Ministerio Público para aclarar el caso de la negación de las firmas. “Lo cierto y lo concreto es que la deuda no ha sido negada por nadie, simplemente es la firma en el documento que, entiendo yo, se niega. Nosotros queremos que esto se esclarezca en función a la gravedad de sucesos de todo esto”, sentenció Preda.

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La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.

Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.

Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.

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Campesinos seguidores del expresidente Evo Morales intensificaron este martes los bloqueos de carreteras de Bolivia para evitar el probable arresto de su líder, investigado por el presunto abuso de una menor durante su mandato en 2015. Con piedras, desmonte y tierra, los manifestantes cortaron el tráfico en las vías que conectan Cochabamba, en el centro del país, con las ciudades de La Paz, Sucre (sur) y Santa Cruz (este), según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).

La ABC reportó el martes dos nuevas rutas bloqueadas, que se suman a las tres del lunes. En Parotani, un poblado que conecta Cochabamba con La Paz, se registraron por segundo día choques entre civiles afines a Morales y la Policía, sin reportarse heridos. Los civiles usaron piedras, petardos e hicieron fogatas y la policía respondió con gases lacrimógenos, según imágenes de la televisora Unitel.

Las protestas para proteger a Morales se iniciaron el lunes, jornada que se saldó con al menos seis detenidos. Al frente de los bloqueos está el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines al exmandatario de 64 años, que se moviliza “para resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” de Morales, según anunció en un manifiesto. El gobierno llamó a Morales a dialogar el lunes, pero sin éxito.

Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos penales de “estupro, trata y tráfico de personas”. El jueves incumplió una citación de la fiscalía del departamento Tarija para declarar, con lo que la autoridad podría ordenar su aprehensión. Convertido en opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el expresidente tilda el caso como una “mentira más” que ya investigó y archivó la justicia en 2020.

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El presidente de Bolivia, Luis Arce, cambió este lunes a la cúpula policial en medio de la tensión política por las marchas y bloqueos que seguidores del exmandatario Evo Morales llevan a cabo para evitar su eventual captura. Arce posesionó al general Augusto Russo como comandante general de la policía, y a Guillermo Chacón como subcomandante. También fueron anunciados los nuevos jefes de los nueve departamentos del país.

Durante el evento, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, enfatizó que la policía “tiene la misión constitucional” de “defender al pueblo de toda amenaza que pueda atentar contra su integridad”. El alto mando debía haber juramentado a comienzos de año, pero las pugnas en el Congreso entre los aliados de Arce y de Morales retrasaron los ascensos a generales. Ambos políticos libran una feroz disputa por la candidatura presidencial del oficialismo para las elecciones de 2025. La tensión ha ido escalando.

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Morales, que a mediados de septiembre lideró una masiva protesta contra el gobierno de su exministro, se enfrenta una probable orden de aprehensión por parte de la fiscalía, que lo investiga por el supuesto abuso de una menor con quien habría tenido una hija en 2016. Si el ministerio público finalmente ordena la detención de Morales, es la policía la que debe cumplir la medida.

Este lunes decenas de simpatizantes de Morales bloquearon importantes vías en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba -donde el expresidente pasa la mayor parte del tiempo- para “resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” de su líder, según un manifiesto público. Los campesinos advirtieron que bloquearán toda Bolivia en el marco de su protesta indefinida.

Fuente: AFP.