Rossana Escobar M., rossana.escobar@nacionmedia.com
En el descargo que hizo en un grupo de Whatsapp el agente de la Secretaría Nacional Antidrogas Carlos Chamorro, quien tras conocerse sus millonarias adquisiciones que no concuerdan con sus ingresos, fue removido de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU), también refiere que el “líder” de esa dependencia sabía de su intención de adquirir una camioneta de US$ 65 mil y le advirtió de un gran escándalo. Es sabido que el director de SIU es Daniel Fernández, y Chamorro era considerado uno de sus leales más mimados con lo que se deja entrever una suerte de complicidad por parte de los altos jefes de la institución que hicieron la vista gorda a los lujos con dudoso origen que pasó a experimentar el subalterno.
El chat filtrado del agente especial Carlos Francisco Chamorro Portillo indica cómo las autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) estaban al tanto de su ascenso económico, un contraste teniendo en cuenta su inicio modesto en la función pública y el salario que mensualmente percibe, tanto él como su esposa Natalia Berenicce Bareiro, ambos al servicio de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) como responsables de investigaciones de alto perfil y de manejo de datos de carácter reservado.
El director de la SIU/Senad, agente especial Daniel Antonio Fernández Ávalos, y otros superiores como el director general de Inteligencia, Mauro Ruiz Díaz, y la misma ministra Zully Rolón observaban cómo Chamorro presumía sus lujos. El cuestionado investigador tuvo un incremento patrimonial de 700% en relación con los datos consignados en su primera declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República. Este exponencial incremento de bienes casualmente fue en los últimos cuatro años, cuando comenzaron los trabajos de inteligencia antinarco que derivaron en A Ultranza Py, por cierto, un operativo cuyas investigaciones sufrieron una serie de filtraciones a los peces gordos que estaban bajo la pesquisa.
Esta revelación de extraordinaria prosperidad financiera de La Nación Investiga y la expulsión de la sensible unidad de la SIU lo llevó a realizar un sugestivo mensaje de descargo en un grupo de Whatsapp entre compañeros de trabajo donde declaraba una guerra “política, social y laboral” al interior de la institución. Pero mientras la situación en Senad se vuelve incontrolable y los investigadores antidrogas están más abocados en sus propias batallas internas que en sus misiones de Estado, la ministra Rolón está más preocupada en amedrentar a los medios de comunicación para que no se revelen nombres de cuestionados agentes especiales.
TERREMOTO
El amenazante mensaje de Chamorro filtrado de un grupo de Whatsapp, donde están selectos agentes de inteligencia, refiere que la cabeza o líder de la SIU/Senad sabía de sus intenciones de comprar una lujosa camioneta y denota el corporativismo interno sobre una transacción bastante sospechosa al confrontar con sus ingresos reales como agente especial. El jefe de la SIU es Daniel Fernández, y Chamorro es considerado uno de sus leales más mimados.
“El líder del equipo, quien me había dicho ‘no compres esa camioneta’, me lo decía porque él ya se imaginaba el terremoto que podría causar y preferí hacerle caso a mi señora esposa”, refiere Chamorro, uno de los mimados de Fernández, quien es cabeza de la SIU, y que a su vez responde al director general Ruiz Díaz, hombre de confianza de la ministra Rolón.
Con el mensaje filtrado se revela que el director de la SIU, Fernández, estaba más preocupado por la reacción de los funcionarios de la Senad y el escándalo público por la dudosa compra antes que el origen de los US$ 65 mil en el bolsillo de un subalterno con ingresos que hasta julio del 2022 no llegaban a los G. 7 millones para cumplir el deseo de su esposa.
Además, un dato importante para señalar es que el director de la SIU/Senad que hizo la vista gorda a los lujos de su protegido es el mismo que remitió al Ministerio Público los informes de inteligencia de A Ultranza Py y en el que también tuvo participación Chamorro. Dicha operación tuvo una serie de filtraciones, ya que la estructura narco que presumen lideraba Sebastián Marset y Miguel “Tío Rico” Insfrán fue advertida de operativos de interceptación de drogas, movimientos y escuchas telefónicas. De hecho, ambos capos siguen prófugos de la Justicia.
Recordemos también que los brasileños Lindomar Reges Furtado y Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua (vinculado al ex ministro antidrogas y del Interior Arnaldo Giuzzio) no aparecen en el informe de inteligencia de la SIU remitido al Ministerio Público, ya que estos supuestos narcotraficantes raramente no entraron en el radar de la Senad, pero la Policía que realizó un corto seguimiento a Marset registró reuniones y estableció una conexión entre el uruguayo y Lindomar, según documentos del Operativo Smart.
SE CUBREN TODOS
Volviendo al chat filtrado del agente especial Chamorro, que fue expulsado de la SIU tras las publicaciones sobre su meteórico ascenso patrimonial, en medio de su declaración de guerra interna señala que por “respeto” no ventilará los “trapo ky’a” (trapos sucios, alusivos a presuntas irregularidades de otros funcionarios de la Senad) como le sondean.
Asimismo, refiere “ya he colectado elementos probatorios sólidos sobre la persona que ideó y el grupo de personas que apoyó esta campaña mediática”, una mención gravísima considerando los recursos de investigación que maneja el agente y que sugiere el uso discrecional de sistemas de inteligencia para fines personales y no precisamente de Estado.
“Les juro por Dios y la patria que destinaré toda mi humilde capacidad intelectual y operativa para tomar partido en todo esto que yo no lo inicié y daré la vida si necesario fuere”, refiere el mensaje.
“No descansaré hasta lograr el destierro de todos ustedes por el camino del bien y como primera acción en esta guerra interna”, dice otra parte de su descargo vía Whatsapp.
Todo esto revela con suficiencia que la administración de Zully Rolón colapsa en la Senad, y ejerce un nulo control sobre los agentes especiales que muestran una extralimitación de sus funciones poniendo en riesgo la garantía constitucional de privacidad e intimidad y la misma seguridad interna de la República.