Por la innumerable cantidad de hechos irregulares, la Fiscalía debe tomar el informe presentado por el contralor general Camilo Benítez, utilizarlo como evidencia para abrir una investigación y que no quede solo en un informe.
El aumento de la deuda pública en más de 260 %, sumado a los faltantes de varios millones de guaraníes en ministerios y otros entes del Estado, fueron datos incluidos en el informe y dictamen sobre la situación financiera, que es solo una parte de todo lo presentado por la CGR.
Entre algunas de las irregularidades detectadas e informadas por la CGR se tiene una diferencia de más de G. 53.262 millones en el Ministerio de Justicia, entre el saldo de las cuentas y el inventario de bienes de uso, y esta es una sola irregularidad de varias más detectadas en el mismo ministerio.
Una de las instituciones más golpeadas por la corrupción generalizada que arrasó con la administración pública en el anterior gobierno de Abdo Benítez es el Instituto de Previsión Social, donde, por ejemplo, se utilizaron más G. 1.157 millones en combustibles sin respaldo de documentos. También en el hospital Ingavi la CGR detectó un faltante de G. 1.923 millones entre las obras ejecutadas en papeles y la realidad.
BIENES DESAPARECIDOS
Como si no bastara, también se detectaron faltantes de bienes del IPS, por un valor cercano a los G. 43.000 millones. El diputado liberal Freddy Franco recordó que, en el informe de la CGR, existen bienes del IPS por un total de G. 42.900 millones cuyo destino se desconoce, entre ellos, equipos de laboratorios, máquinas, equipos industriales, equipos de transporte y agropecuarios, más de cinco mil equipos de informática, así como también equipos de seguridad y hasta de recreación.
Esta situación agravó más aún el deficiente servicio que brinda la institución, donde los asegurados son, al menos en los papeles, los propietarios y beneficiarios.
Deudas y faltantes por montos siderales también fueron registrados en los ministerios de Educación, Interior, Obras Públicas, Defensa y en la Aduanas, donde, como muestra, no fueron registradas propiedades donadas por el Centro de Despachantes del Paraguay, valuadas en alrededor de G. 16.000 millones.
No solo las deudas o los faltantes ocasionan enorme daño al Estado paraguayo, pues la CGR informa que la demora y la inacción en la ejecución de los innumerables proyectos generaron pagos totalmente evitables, por un monto de USD 5.496.228.
COINCIDEN CONGRESISTAS
Legisladores, tanto colorados como opositores, reclaman una intervención del Ministerio Público, como el caso del diputado Rubén Rubin, quien mencionó que “la Contraloría ya cumplió su parte, y ya está en manos del fiscal general y de la Fiscalía en sí, si convierte este informe en evidencia. Hay muchos (indicios), literalmente citar tantos. Directamente nos entregó (el contralor) el informe. Para elegir se tiene indicios para investigar”.
Varios legisladores de todos los partidos políticos coinciden en que este informe se tiene que convertir en evidencia, en que la Fiscalía tendría que actuar; porque, si no, sería totalmente irrelevante. “El informe es interesante, pero si no lo utilizamos es totalmente irrelevante”, agregó Rubin.