En medio de una innegable transición democrática posdictadura y una coyuntura política poco predecible, este 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico de los llamados Archivos del Terror, documentos de alto valor histórico, político y social no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y, tal vez, para el mundo entero.

Paraguay vivía los primeros años de gobierno luego de la caída de una dictadura que duró más de 30 años: el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó en 1989. Transcurrieron apenas unos pocos meses de la aprobación de la Constitución Nacional de 1992, que daba los primeros pasos con las herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo. Nuevos órganos constitucionales y figuras que garantizan derechos fundamentales, pero en el caso concreto fue el habeas data el protagonista, una garantía constitucional que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable, quien en vida fuera Martín Almada. Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, Almada luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas de la dictadura.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia, puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el régimen de Stroessner.

Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el Gobierno. Comenzó una investigación solitaria, que a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia no solo del país, sino de toda Latinoamérica.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató años más tarde que, mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó. Esta le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en la capital, sino en un depósito fuera de la ciudad.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

Un 22 de diciembre de 1992, el equipo se dirigió a un edificio en las cercanías de Asunción, puntualmente a la sede del Departamento de Producción de la Policía de la capital. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa que hubiera habido. Intentaron allanar el lugar, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

Lo que se encontraron era estremecedor e impactante. Montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataba nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura stronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

Tamaño acervo documental graficaba tal vez en cierta medida la brutalidad del régimen dictatorial, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa Operación Cóndor. Los documentos también confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que operaba de manera conjunta y sistemática para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos.

Con el tiempo, los popularmente conocidos como Archivos del Terror se convirtieron en un testimonio clave para la Justicia, reivindicación y fortalecimiento del “Nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, los Archivos del Terror fueron inscritos en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco, y en 2011 en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

El hallazgo de los Archivos del Terror no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la famosa Operación Cóndor.

“Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló. Reconoció que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.