El fiscal Christian Ortiz encabezó un allanamiento a un taller clandestino en la zona de Luque, donde se reparaban aeronaves que serían utilizados para el narcotráfico. La causa se originó tras un informe de inteligencia presentado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en el que se alertaba sobre presuntas actividades ilícitas en un taller ubicado en el camino que conecta Luque con Limpio (zona Mora Cué).

Según el informe, el propietario del lugar es un mecánico aeronáutico militar, de nombre Miguel Ángel Ramírez Núñez, y en el taller se halló una aeronave que estaba siendo ensamblada en condiciones totalmente irregulares; la misma pertenecía a la Escuela de Paracaidismo “Sin Límites”, del empresario David Vela y la Fiscalía indaga si aún pertenece al citado club.

Las primeras indagaciones del Ministerio Público y de la Senad señalan que la aeronave podría estar destinada al mercado negro para la comercialización de estupefacientes o el contrabando de diversos artículos.

En el lugar del allanamiento se incautaron además de la aeronave otros elementos de interés, tales como documentos, dispositivos móviles y sistemas de circuito cerrado. Según los datos recabados con el personal interviniente en el galpón donde estaba el fuselaje con la matrícula ZP-BOB, que anteriormente pertenecía a la escuela de paracaidismo citada, se hallaron dispositivos de ubicación y otros repuestos que iban a ser instalados en la aeronave.

El propietario del taller presentó un contrato privado de compra de la misma, que está siendo sometido a verificación, según el fiscal Ortiz. De acuerdo con el personal de la Dinac, muchos de los repuestos hallados son usados y no aptos para garantizar la seguridad en la reparación de aeronaves.

Los investigadores enfatizaron que el fuselaje habría sido adquirido por unos 40 mil dólares y que el equipamiento, más repuestos y el motor sumarían otros 60 mil dólares, una cifra bastante superior al salario que percibe el suboficial como mecánico de la aviación. Las inspecciones permitieron confirmar además que el taller no contaba con la autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para operar como centro de reparación.

La Fiscalía abrió la investigación para determinar si se ha incurrido en la comisión de hechos punibles, ya que se evalúa la posibilidad de ampliar la investigación para incluir la figura de lavado de activos y otros delitos que puedan estar relacionados con las actividades del taller.