Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, fue trasladado por la tarde del martes, por orden de la jueza Rosarito Monta­nía, al penal de máxima segu­ridad de Minga Guazú, donde cumplirá su condena en régi­men cerrado. Se encontraba recluido en la cárcel militar de Viñas Cué. Insfrán está procesado en el marco del operativo A Ultranza Py, por el cual estuvo prófugo desde febrero de 2022 hasta su cap­tura en Río de Janeiro (Bra­sil) en febrero de 2023, y su extradición a Paraguay, en mayo de 2023.

El operativo de traslado fue realizado por autoridades del Ministerio de Justicia con el acompañamiento de perso­nal de la Fuerzas de Opera­ciones Policiales Especiales (FOPE) de la Policía Nacio­nal. El viaje desde Asunción hasta Ciudad del Este se rea­lizó por vía aérea y posterior­mente vía terrestre para lle­gar hasta Minga Guazú, Alto Paraná.

“El módulo 8 de alto perfil o máxima seguridad tiene una capacidad para 82 personas, es una persona por celda, con un régimen cerrado especial de unas 22 horas prácticamente dentro de la celda, donde tienen dos horas para el receso y cami­nata dentro de un espacio asegurado y con medidas de restricciones”, indicó el viceministro de Política Cri­minal, Víctor Manuel Bení­tez, a la 1080 AM.

Benítez explicó que la peni­tenciaría tiene una capacidad total para 1.237 personas, la cual se está cumpliendo de manera gradual, con el inicio de los traslados desde dife­rentes puntos del país, que abarcan no solo a personas privadas de su libertad de alto perfil, sino que también aque­llas de perfil convencional o normal para descomprimir otros centros reclusorios.

La complicidad de funciona­rios y agentes penitenciarios del penal de Emboscada oca­sionó la violación de protoco­los y dispositivos de seguri­dad, por lo que el Ministerio de Justicia abrió un suma­rio administrativo. Tras esa investigación se procedió a la desvinculación de un total de 9 funcionarios y agentes penitenciarios que permitieron la vulneración de equipos de vigilancia y el protocolo de disciplina, según el Ministe­rio de Justicia.

El hecho se registró en los pri­meros días de julio, por lo que se tomaron todas las medi­das respectivas: la apertura de un sumario, comunica­ción al Ministerio Público y la desvinculación de funciona­rios y agentes. En un informa­tivo institucional, autoridades refieren que el control y la segu­ridad en los pabellones de alta seguridad, tanto en el penal de Emboscada como en la nueva penitenciaría de Minga Guazú, están garantizados.