Cuando el dinero electrónico aún no existía, era común que la plata se transporte de un lugar a otro ya sea en vehículos particulares, si la suma no era demasiada, o en camiones de caudales cuando se trataba de una considerable.

En ese mismo sentido, también se hacían envíos de dinero al extranjero y era justamente lo que tenía previsto el entonces banco HSBC, que tenía planteado enviar 11.132.000 dólares a Buenos Aires, Argentina, y de ahí a Nueva York, Estados Unidos.

Ese viernes 4 de agosto de 2000, alrededor de las 17:45, cuando parecía que las cosas marchaban bien, llegó de imprevisto un grupo de hombres vestidos de militares y con el rostro pintado, provistos de armas largas.

Aprovechando la confusión de los funcionarios del aeropuerto y tomando desprevenidos a los empleados de la empresa Prosegur, el asalto tipo comando no demoró en reducir a los guardias y llevarse el millonario botín. En ese entonces era el asalto del siglo, pues no se tenía precedentes de un atraco similar.

Los asaltantes se movilizaban en una camioneta Chevrolet C-10 y actuaron de manera muy rápida y precisa para alzarse con los 11.132.000 dólares del banco HCSB, que tenían que ser embarcados en un avión. Más tarde se supo que un empleado de Prosegur dio aviso de que el dinero venía. Todo estaba planeado y fríamente calculado.

El vehículo usado para el asalto fue abandonado en un barrio de Campo Grande. Fue un golpe muy grande, marcaba un récord por el monto y las características que rodearon al hecho. No hubo mayores pistas, sino hasta octubre, cuando encuentran un cuerpo acribillado, que sería una “quema de archivo”, según las investigaciones de ese entonces.

El fiscal del caso era Blas Imas, quien trabajó junto al oficial Alfredo Mesa Pintos, fallecido en un trágico accidente. Las investigaciones tenían un lento avance porque poco o nada se sabía del caso y no fue sino hasta octubre que se dieron las primeras pistas de los implicados, debido a posibles diferencias a la hora de repartir el dinero, lo que habría conducido al homicidio de Francisco Ojeda Ayala, cuyo cuerpo fue hallado en Capilla del Monte, San Lorenzo, ejecutado por sus cuñados, Éver y Darío Beaufort Leme.

Este crimen abrió el camino para continuar con las pesquisas y llegar a Óscar Celestino Romero, quien fue considerado cerebro y financista del golpe. Él compró los uniformes militares y estuvo en el lugar de los hechos.

Más tarde también se llegó a los considerados principales cabecillas del hecho, el brasileño Edison Alvares de Lima y el argentino Roberto Bachilet González. Este último se habría obtenido con 1.200.000 dólares, mientras que el brasileño se habría quedado con la mayor parte del dinero.

Varios de los que participaron de este asalto quedaron impunes. Algunos fallecieron, otros no se pudo lograr la extradición, como el caso del brasileño Edison Alvares de Lima y el argentino Roberto Bachilet González, quienes nunca fueron juzgados ni condenados por este hecho, debido a que la Justicia de sus respectivos países no permitieron la extradición.

En un momento, también se implicó a políticos como autores morales, pero no se obtuvieron las pruebas para llegar a la condena. Sí fueron condenados Óscar Celestino Romero y Juan Pablo Ortigoza Samudio, exfuncionario de Prosegur. Este último fue sentenciado a 8 años de cárcel, mientras que Romero a 12 años de prisión. En poder de Ortigoza Samudio fueron hallados 12.900 dólares, dinero que recibió para dar información sobre Prosegur a los delincuentes.

Asimismo, Andrés Quintín Medina fue condenado a 6 años de cárcel, por ser el chofer de la camioneta, mientras que Justina Román y Adriana Costa Alegre, parejas de Edison Alvares y Roberto Bachillet, respectivamente, recibieron una pena de dos años y seis meses de cárcel, más una multa de G. 600 millones.

Romero, un exmiembro de las FFAA, fue abatido a tiros al enfrentarse con policías en el barrio Cerrito de Ñemby. También fallecieron en diferentes circunstancias Bienvenido Morínigo y Wilfrido Ojeda, quienes eran sospechosos de ser los “soldados” de la banda.