En el marco de la Ley 7300/24, el agente fis­cal Blas Rafael Piz­zani Rivas, de la Unidad Penal 1 de San Estanislao (departa­mento de San Pedro), imputó y ordenó la detención de Víc­tor Orrego y de Ildo Aloicio Vianna Klauss por presunto robo de energía eléctrica, en el uso de criptominería ile­gal. Las denuncias fueron for­muladas por autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Con esta acción, la Ande logra las pri­meras imputaciones por sus­tracción de energía eléctrica.

La mencionada ley protege la integridad del sistema eléc­trico, dispone la incautación y comiso de bienes asocia­dos a dicho delito. Las per­sonas que sustraigan ener­gía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje para establecimientos de cripto­minería no autorizados por la Ande se exponen a hasta 10 años de cárcel más multa complementaria.

Durante el allanamiento rea­lizado el pasado 27 de julio en el distrito de Guayaybí (departamento de San Pedro) se procedió a la incautación de 803 procesadores de crip­tominería y tres transforma­dores, dos de ellos con capaci­dad de 1.500 kVA y uno de 63 kVA, operativo que contó con el acompañamiento fiscal, apoyado por el Grupo Espe­cial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.

Los antecedentes revelan que en la primera intervención del pasado viernes 26 de julio en el citado distrito, al amparo de la nueva Ley 7300/2024, además de la incautación y comiso de bienes asociados a dicho delito, el fiscal Pizzani ordenó la detención preven­tiva de Orrego. Tres días des­pués, por esta misma causa penal, procedieron a la detención de Vianna Klauss. Los dos fueron trasladados a la Comisaría 8.ª de San Esta­nislao, donde se encuentran en libre comunicación, a dis­posición del Juzgado Penal de Garantías y del Ministe­rio Público.

Con estos hechos se marca un hito en la lucha fron­tal que la Ande está rea­lizando a nivel nacional, con el apoyo del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacio­nal, buscando desalentar la sustracción de energía eléc­trica, reparar el daño econó­mico que ello ocasiona a la entidad eléctrica y proteger la integridad del sistema, a fin de brindar un servicio de calidad a los clientes y ciu­dadanía en general.