La fiscal adjunta Sole­dad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato por haber entregado irregu­larmente 310 mil hectáreas de tierras a empresas extran­jeras que serían off shore violando la ley de seguridad fronteriza.

La representante del Minis­terio Público fue contun­dente al señalar que la exjueza obligó de forma irre­gular a la Asociación del Espí­ritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte deman­dada a otorgar la escritura pública traslativa de domi­nio de los inmuebles ubica­dos en el departamento de Alto Paraguay consistentes en 310.000 hectáreas, apro­ximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.

Machuca también señala que “como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún al refe­rirse al cumplimiento de lo previsto en la ley espe­cial n. ° 2532/05 (que esta­blece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del Artículo 2.° de la ley, en lo que res­pecta a la nacionalidad de las personas actoras; afir­mando que las mismas no serían oriundas de los paí­ses limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusa­ción del Ministerio Público.

Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o men­ción a las circunstancias establecidas en el Artículo 4.° de la misma ley que esta­blece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropie­tarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominati­vas y no endosables”.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constan­cias, informaciones o verifi­caciones de dichas circuns­tancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sen­tencia definitiva, en incum­pliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deci­dió destituir de sus funcio­nes a la jueza Irún tras encon­trarse irregularidades en la actuación de la misma. Igual­mente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resol­vió rechazar la reconside­ración presentada por Irún y ratificó la destitución por mal desempeño de sus funcio­nes de la exjueza en lo Civil y Comercial.