El Instituto de Previsión Social (IPS) reclama a dos familias dedicadas al rubro de la educación el pago en concepto de alquiler de sus inmuebles ubicados en Asunción y Limpio, respectivamente, por un monto que asciende a unos 14.000 millones de guaraníes, deuda que se remonta a 14 años atrás. En estos inmuebles funcionan dos universidades. El reclamo judicial por el cobro de alquileres “duerme” en Cámara de Apelaciones.
La Educación Universitaria para el Desarrollo Económico y Social, que funciona en Limpio, está instalada en un terreno de 18 hectáreas pertenecientes a la previsional; y la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), que opera en Asunción, ocupa seis inmuebles localizados. A la fecha los arrendatarios adeudan al IPS unos 14.000 millones por cobro de alquiler.
En el caso de Asunción, se firmaron dos contratos, en el año 2010 y 2012, respectivamente. Debido a la falta de pago por el arrendamiento, la Dirección Jurídica, a cargo del Dr. José González, promovió un juicio civil para el cobro de alquiler y posterior desalojo. La Justicia abrió en el caso de Asunción cuatro juicios civiles.
En el caso de Limpio, el contrato se firmó en el año 2013, y debido a la morosidad, el IPS promovió una acción judicial para el cobro de alquiler y consecuentemente pedir el desalojo correspondiente. Al parecer, el terreno que fue alquilado por la familia Decoud-Reyes para el funcionamiento de una universidad está abandonado; es decir, sin la existencia de alguna actividad académica en el lugar. En este caso, hay una deuda que asciende los 3.400 millones de guaraníes.
En el caso de Unasur, ya existe una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial para hacer lugar al desalojo en uno de los juicios, pero los arrendatarios apelaron la decisión al solo efecto de evitar la ejecución de la medida. El caso debe resolverse en este juzgado.
En noviembre de 2015 comenzó la primera demanda por cobro de alquileres, según el expediente n.° 531/2015, por la suma de G. 335.601.533, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del décimo quinto turno, sección 30, en contra de la Unasur y Arnaldo Decoud Aranda; en ese juicio recayó la Sentencia Definitiva 590 del 28 de diciembre de 2018 que resolvió rechazar las excepciones opuestas por las demandadas y llevar adelante la ejecución promovida por el IPS.
Hasta la fecha, la sentencia definitiva se encuentra firme contra Decoud y en estado de apelación en contra de la Unasur, ante la Cámara de Apelaciones, quinta sala. A la fecha, en este juicio, la deuda actualizada es de G. 12.996.908.965.
La Dirección Jurídica del IPS apeló en setiembre del año pasado, por lo que está “durmiendo” en Cámara de Apelaciones desde mayo de este año. En la ocasión, representantes de la previsional pidieron que se declaren mal concedidos los recursos de apelación y nulidad, porque el abogado de Unasur, posterior a la sentencia, ya se dio por notificado tácitamente al pedir copia del expediente.