Acompañados por una comitiva fiscal y policial, técnicos de la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande) llegaron hasta una propie­dad ubicada en la ciudad de Paraguarí, en donde funcio­naba una granja ilegal de crip­tominería.

“Es un caso que ya lo venía­mos monitoreando hace un tiempo, y estábamos armando la estrategia correcta para la intervención. Se constató la existencia de dos transformadores de gran capacidad y más de 270 pro­cesadoras de criptomonedas, equipos que fueron todos incautados por los intervi­nientes”, indicó el ingeniero Hugo Rolón, gerente comer­cial de la Ande, en conversa­ción con el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El funcionario explicó que dentro de la Ande figuraba una solicitud para el mismo establecimiento, pero era para la instalación de un generador de mediana capa­cidad, el cual se presume sería utilizado como fachada para la operación clandestina. Dicha orden fue solicitada a nombre de Mirta Ortiz de Segovia, quien también ya es investigada por el Ministerio Público para determinar su implicancia.

En cuanto al procedimiento, Rolón remarcó que el con­sumo de energía de manera clandestina era bastante importante, por lo que no descartan que existieran más máquinas de minería de las que fueron incautadas, ya que al parecer varios equipos fueron desinstalados recien­temente, posiblemente luego de la advertencia de interven­ción enviada por las autori­dades.

El representante de la Ande comentó que este tipo de pro­cedimientos va en aumento debido a que existe todo un equipo que monitorea los posibles casos y arman un equipo de trabajo destinado a confirmar las denuncias; así también, recordó que existen ya varias personas imputadas en el marco de estas investi­gaciones.

“Una de las cosas que se ha logrado en los últimos tiempos es que se puedan incautar los equipos en el marco del perjuicio patri­monial para la entidad que en la mayoría de los casos es millonario, y esos equi­pos van a permitir de alguna manera garantizar el pago o, si no se logra el pago, lle­varlos posteriormente a una etapa de remate”, expresó el ingeniero Rolón.