La Policía Nacional y funcionarios de la COIA a cargo del agente especial Ángel Gon­zález realizaron un control preventivo, sobre la ruta PY06 a la altura del km 32, frente al Puesto de Control de la Aduana de la Ciudad de Trinidad, donde se pro­cedió a la verificación de un camión, marca Merce­des Benz, color Azul, año 1998, guiado por el ciuda­dano Raúl Rolando Román Fleitas, quien transportaba en el interior de dicho vehí­culo máquinas minadoras de criptomonedas.

El conductor presentó una factura, nota de remisión y despacho de las mercade­rías transportadas y una vez realizada la verificación minuciosa se pudo consta­tar la existencia de varias inconsistencias como ser (modelo de varias de las máquinas no coincidían con lo declarado en las docu­mentaciones), entre otras irregularidades, por lo que se procedió al traslado del camión, el conductor y las máquinas hasta la oficina de resguardo de la Aduana de Encarnación, para su cuantificación correspon­diente.

En la sede de la Aduana se pudo contabilizar que había 414 unidades de máquinas minadoras, marca Avalon­Miner, otras 121 máquinas minadoras de la misma marca y además otras 113 máquinas minadoras.

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El procedimiento fue comu­nicado vía telefónica a la agente fiscal de turno de Encarnación, Rocío Valdez, quien dispuso la detención del chofer del camión, así como que el vehículo y las máquinas minadoras que­dasen a cargo de la oficina de resguardo de la Aduana de Encarnación, para su guarda y custodia corres­pondiente. De acuerdo a los intervinientes el valor de la carga estaría por los G. 5.685.240.000.

PIDEN INFORMES A LA FISCALÍA

La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe al Ministe­rio Público referente a las causas investigadas contra la actividad de la criptominería ilegal. La iniciativa correspondió al legislador Alejandro Aguilera (ANR-Guairá).

Por medio del documento se solicita informes sobre la cantidad de denuncias que guardan relación con la actividad de criptominería (Bitcoin u otros), que han sido ingresadas al Ministerio Público.

El proyecto refiere al tipo penal de sustracción de energía eléc­trica regulado por el artículo 173 del Código Penal. A su vez, pide la identificación de los agentes fiscales asignados a dichas inves­tigaciones o causas.El plazo establecido para la remisión de los informes solicitados es de 15 días.

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