Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a 15 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por el delito de abuso sexual en niños. El colegiado estaba presidido por el juez Juan Pablo Mendoza e integrado por los magistrados Carlos Hermosilla y Héctor Fabián Escobar.
El fiscal del caso fue Federico Leguizamón, quien arrimó todos los elementos de prueba para que el colegiado pueda dictar sentencia condenatoria, los que efectivamente fueron tomados en cuenta a la hora de la evaluación y análisis del caso.
Durante un juicio oral, se detalló que el hoy condenado abusó sexualmente de su hijastra en su propia casa, y que lo hizo en varias oportunidades, desde que la niña tenía apenas 9 años hasta que cumplió los 11 años de edad. El acto fue siempre bajo amenaza, e inclusive le mostraba videos pornográficos a la víctima.
DENUNCIA
La denuncia pudo realizarse a través de la ayuda de los compañeros de la niña y docentes de la escuela a la que acudía. Ante la gravedad del hecho, de inmediato tomó intervención el Ministerio Público que presentó la imputación y luego la acusación contra el hoy condenado.
El sentenciado seguirá cumpliendo su condena, privado de libertad y los datos de la víctima y victimario se omiten en salvaguarda de la afectada, considerando la legislación vigente. La defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el fallo judicial de primera instancia y en caso de ser así será un tribunal de segunda instancia quien tendrá que evaluar y decidir si corresponde confirmar la sentencia de primera instancia.
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Niña de 10 años se encuentra internada de gravedad tras sufrir abuso
Una niña de 10 años se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva, en el Hospital Regional de Encarnación, luego de que los médicos debieran de someterla a una intervención quirúrgica por una grave infección intestinal, además de comprobar rastros de abuso.
La menor habría consultado el pasado jueves 9 de mayo en el centro de salud de Carlos Antonio López, localidad en donde reside junto con su madre y sus 7 hermanos, a raíz de molestias estomacales y estreñimiento. Durante la inspección, los médicos y personal de enfermería se percataron de que la niña presentaba signos de abuso, además de rasgos de descuidos como presencia de liendres y piques.
“En la primera consulta ya los profesionales de blanco se percataron de que habría señales de abuso y se activó el protocolo estipulado para estos casos, dándole aviso al Ministerio Público y otros organismos. La menor automáticamente quedó bajo vigilancia todo ese día y posteriormente debimos dejarla ir a su casa”, indicó el doctor Rubén Román, jefe médico del hospital regional de Encarnación, en conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.
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El mismo explicó que posteriormente la menor regresó al centro asistencial y fue internada todo el fin de semana, ya con una situación agravada, por lo cual la médica forense exigió le sean realizados los análisis correspondientes y sea trasladada al Hospital Regional de Encarnación, donde permanece hasta la fecha internada.
“La paciente llegó séptica, eso quiere decir con una infección generalizada, no se la podía examinar, costó mucho esa parte, porque ella estaba muy irritable, muy lastimada y presentaba mucho dolor, por eso y por las condiciones clínicas en las que se encuentra se decidió mantenerla en un estado de sedación continua”, explicó el doctor Rubén Román jefe médico del Hospital Regional de Encarnación en conversación con el canal GEN.
El doctor Roman remarcó que por la gravedad en la que se encuentra la niña no puede ser trasladada aún hasta Asunción, ya que se le realizó una cirugía bastante extensa para poder preservar parte de su sistema gástrico. Asimismo, recordó que presenta otras lesiones en diferentes partes del cuerpo, que también están infectadas y deben recibir tratamientos.
Imputación
Según los datos provistos a las autoridades intervinientes, la niña no cuenta con ningún documento de identidad, habla muy poco en español y solo ha asistido a la escuela hasta el primer grado, según refirió a los médicos.
Por su parte, ante la gravedad del hecho, la fiscal del caso Liz Espínola determinó que la madre de la menor será imputada por faltar al deber del cuidado, ya que según el reporte médico, además de las lesiones en las partes íntimas, la niña se encontraba en un estado de dejadez importante. Esto sin mencionar que la mujer no lee ni escribe y se contradijo en varias ocasiones respecto a como su hija habría llegado a estar en ese estado.
Así también, se encuentra señalado como principal sospechoso del abuso sexual el hermano mayor, de 20 años, quien tampoco cuenta con documentos de identidad. Tanto el joven como la madre deberían ser imputados en transcurso de la jornada.
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Fiscal acusa a mujer que habría obligado a su hija a prostituirse
El fiscal José Silguero presentó acusación contra una mujer de 28 años por obligar, supuestamente, a su hija menor de 12 años a mantener relaciones sexuales con hombres mayores a cambio de dinero. El proceso es por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en niños, proxenetismo y violación del deber del cuidado. El requerimiento conclusivo se presentó ante el Juzgado Penal de Garantías de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.
El agente del Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral. De acuerdo a la acusación basada en la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en la vivienda familiar ubicada en el barrio Jardín de América, del municipio de Santa Rita. Los abusos comenzaron cuando la niña tenía 11 años y desde ese momento fue sometida sexualmente a la fuerza en reiteradas ocasiones, según la denuncia.
La víctima relató ante una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, que era amenazada, golpeada y maltratada por sus victimarios, ante su resistencia a padecer los actos sexuales. Refirió que su negativa era respondida por los hombres siendo sometida sexualmente, con quienes su madre consentía que la llevarán.
ELEMENTOS INCRIMINATORIOS
El fiscal José Silguero obtuvo diversos elementos que considera incriminatorios para presentar la acusación y pedir el juicio público de la madre de la víctima. Algunos de esos elementos son la inspección del médico forense, la evaluación psicológica y la entrevista en la cámara Gesell, como anticipo jurisdiccional de pruebas. El representante público solicitó además que la grabación de dicha entrevista sea exhibida en el juicio oral y público, cuando sea desarrollado.
El agente explicó a La Nación/Nación Media que la mujer se reunía y bebía con varios hombres mayores en su casa y estando en esa situación, permitía que sometan sexualmente a su niña, a cambio de dinero, según lo relatado por la víctima en la cámara Gesell.
El abuso sexual se concretaba en la misma casa de la mujer y donde vivía la niña también. Los hombres llegaban a la casa para ese fin, refirió el fiscal Silguero. La mujer tenía una pareja con quien tuvo tres niños, pero el hombre se fue de la casa hace unos meses y llevó a sus tres hijos menores de edad a vivir con él.
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Ordenan juicio contra expresidente peruano acusado por corrupción
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020, acusado de aceptar supuestos sobornos durante su etapa al frente del Gobierno regional del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014, informó la agencia Andina.
En concreto, los hechos en materia de este juicio tuvieron lugar cuando Vizcarra ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua y será juzgado por el delito de cohecho pasivo propio en relación los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. En este proceso penal, se incluye también como terceros con responsabilidad civil a las empresas Incot Contrastistas Generales, Astaldi sucursal Perú, Obrainsa e ICCGSA.
Así, la actual resolución judicial señaló al exmandatario por supuestamente haber concertado una reunión con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, para ofrecerle licitaciones a cambio de un “beneficio económico indebido”. Según el tribunal, Vizcarra habría brindado “información privilegiada (...) a cambio del dos por ciento del coste directo de la obra; es decir, 50.810.637 soles” (12.676.131 euros).
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En lo que al caso del hospital de Moquegua respecta, indicó además que el exgobernador habría también condicionado “su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de un millón 300.000 soles (74.843 euros), para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra (...) a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, según la mencionada agencia nacional.
Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Perú pidiera a finales de abril otros diez años de prisión para el expresidente Vizcarra por aceptar sobornos. Esta petición se suma a la presentada a mediados de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó para él 15 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo por este mismo caso.
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Fuente: Europa Press
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Operativo Veneratio: ratifican extracción de datos de 308 teléfonos incautados al clan Rotela
Tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pendrive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
El proceso recae sobre el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
Ahora, deberá jurar el perito que realizará la extracción de datos a los dispositivos incautados al clan durante el operativo que posibilitó que las autoridades del Estado retomen el control de la cárcel de Tacumbú.
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior.
Imputación
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina.
La lista continúa con Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero. Todos, por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, en calidad de coautores.
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