Un nuevo golpe al crimen organizado se realizó el jueves último, mediante la incursión en zonas rurales donde se procedió a la destrucción de 90 toneladas de marihuana. Entre zonas rurales de difícil acceso vehicular se erigían al menos 4 centros de producción de marihuana y unas 30 hectáreas de cultivos ilícitos.

Estos quedaron completamente destruidos mediante un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que realizó una incursión en conjunto con el CODI-FTC. Las áreas de Colonia Cerro Jere, Piky, Colonia 204 y la Colonia Cumbre recibieron el despliegue de las fuerzas de seguridad, coordinado por el fiscal Celso Morales, y se procedió a la destrucción de los cultivos.

Desde el inicio de la segunda fase de la Operación CUT han ido aumentando los procedimientos de localización y aseguramiento de las zonas afectadas por organizaciones criminales influencia en las localidades de Cerro Corá y Pedro Juan Caballero, Amambay. En tres jornadas se registró la destrucción de un total de 90 toneladas de marihuana y todo el material logístico empleado para la siembra, crecimiento, cosecha y empaquetado de la droga, según informaron desde la Dirección de Comunicación de la Senad.

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CUT se ha afianzado como un operativo que une a la Senad al CODI-FTC y al Ministerio Público. Se calcula que con esta acción la economía del narcotráfico en la zona sufrió un embate de al menos 2,7 millones de dólares.

MARIANO ROQUE ALONSO

Una comitiva fiscal-policial realizó varios allanamientos en Mariano Roque Alonso en la noche del jueves en prosecución a presuntos casos de narcotráfico y explotación de menores, señala hoy.com/Nación Media. Patricia Rivarola, Silvio Alegre, Sandra Ledesma, Marcos Amarilla, José Martín Morínigo, Osmar Segovia, Diego Silverbarg, Patricia Sánchez y Alcides Corvalán son los fiscales que participaron anoche del operativo.

La viceministra de la Niñez y Adolescencia, Verónica Argüello, confirmó que finalmente no hubo adolescentes rescatados como se pretendía inicialmente. “Vinimos en busca de hechos punibles, la información era explotación de menores, esta es una zona sensible de comunidades nativas”, indicó Argüello, quien evitó dar más detalles de los procedimientos.

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