Una nueva denuncia de coacción involucra a una tienda comercial de Ciudad del Este. Esta vez, un turista brasileño fue obligado a realizar la compra de un producto distinto al que pidió, señala hoy.com/Nación Media.
Wesley Gerardo Silva había llegado días atrás a la capital del Alto Paraná con la intención de realizar algunas compras. En este caso, el brasileño estaba interesado en adquirir un iPhone 14 Pro Max, por lo que realizó un recorrido en la zona céntrica para buscar tiendas que tengan a la venta este modelo de smartphone.
En ese interín, fue abordado por un falso guía turístico, conocidos en la ciudad como “pirañitas”, quien lo llevó hasta la tienda comercial Imega, ubicada en el tercer piso del Shopping Vendôme. Una vez allí, Silva manifestó a uno de los vendedores cuál era el producto que estaba buscando. Luego de verificar el teléfono solicitado, cuyo costo ascendía a 11.000 reales, se dirigió a la caja para efectuar el pago.
Sin embargo, al solicitar la entrega del dispositivo, los encargados le informaron que ya no tenían dicho artículo y le obligaron a llevar “en compensación” un PlayStation 5 por valor de 6.000 reales, entregándole la diferencia en efectivo. Ante esta situación, el afectado acudió hasta la Oficina de Defensa al Consumidor para presentar una denuncia. Al regresar al local acompañado por una comitiva de funcionarios, se vieron obligados a devolverle el dinero, menciona La Clave.
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Por posible negligencia, piden investigar la muerte de niño de 2 años en Encarnación
Este miércoles, un hombre denunció que su hijo de 2 años falleció tras una supuesta negligencia médica en el Hospital Regional de Encarnación. El pequeño llegó por una afección respiratoria y unas horas después confirmaron su deceso.
Según Darío Noguera, padre del niño, el paciente llegó caminando, conversando y tranquilo cuando ingresó en la urgencia pediátrica el pasado domingo, pero que horas más tarde se confirmó su fallecimiento. El hombre pide a las autoridades que realicen una investigación para aclarar qué fue lo que pasó.
“Le llevamos a la consulta por un problema del sistema respiratorio y que no parecía muy grave, porque llegamos muy bien. El vino caminando, pero a partir de la tarde cuando se le hace la segunda nebulización empeoró”, explicó Noguera, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Resaltó que le consultó a la doctora que estaba de guardia sobre la situación de su hijo y el porqué se agitaba tanto tras la nebulización. “Me pidieron remedios y le pregunté qué pasaba, pero no me explicaron nada eso fue cerca de las 15:20. Después me informaron que iba a ingresar a terapia intensiva”, detalló.
Explicó que solo le informaron que en ningún momento firmó un consentimiento para que su hijo ingrese a la unidad. “Me dijeron que mi esposa firmó, pero me mostraron un papel y era solo para un diagnóstico más observación de tres horas, porque él no estaba tan grave”, aseguró.
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Fallecimiento
Noguera indicó que luego los sacaron de la sala e iniciaron el procedimiento de intubación y escucharon que su hijo grita una vez, entonces le abraza a su esposa y vuelve a oír otro grito, pero después queda en silencio. “Después de 15 minutos me llaman y me dicen que la intubación salió todo bien. Cuando lo llevaron hacia la terapia voy detrás de él, pero yo vi que ya no tenía signos de vida”, indicó.
Luego de que el pequeño ingresó a terapia los médicos le indicaron a los padres que podía esperar en el albergue, pero el hombre decidió esperar en la puerta. “Antes de que pasen cinco minutos de que entró en terapia sale la doctora y nos dice que tu hijo tuvo un paro. Me dice que están haciendo el trabajo para reanimarlo, que va a salir bien”, señaló.
Afirmó que volvieron a salir y preguntaron por familiares, entonces dejaron entrar a la madre para que lo vea. “Cuando ella entró escuché que gritó qué le hicieron a mi Ángel. Ellos no me dijeron que mi hijo ya había fallecido. Luego le sacan a mi señora, me dejan entrar y encuentro a mi hijo en la cama ya sin signos de vida”, puntualizó.
Investigación
El padre exige una investigación porque no quedó convencido con la explicación de la doctora que atendió al pequeño. Ya realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público y señaló que junto a su esposa están dispuestos a una exhumación en caso de ser necesario para aclarar el caso.
“Ellos no pudieron contestar qué fue lo que pasó. Solo una enfermera me dijo que le estaban colocando los aparatos para evaluar su ritmo cardíaco, le puso dos y ya no había latido. Queremos que se investigue a profundidad qué fue lo que salió mal y antes de entrar para intubación me dijo me quiero ir a casa para descansar”, concluyó.
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Denuncian ante Fiscalía a extitular de la Diben por crecimiento patrimonial en la era Abdo
La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, denunció ante la Fiscalía a la extitular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda (Diben), Carmen Corina Alonso, por un incremento patrimonial no sustentable. La exsindicalista de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud estuvo al frente de la institución desde el inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Sobre el caso, Armindo Torres, director general de Control de Declaraciones Juradas del órgano extrapoder, dijo que la acusación contra Alonso surge tras detectarse una serie de inconsistencias en sus declaraciones juradas.
“Iniciamos el examen de su correspondencia, se le corrió traslado de las observaciones que habíamos detectado, sin embargo ella no contestó. Nosotros le habíamos advertido que en el caso de que no presente la documentaciones correspondientes para que pueda levantar la inconsistencia, estás serían remitidas al Ministerio Público, lo cual sucedió”, manifestó al programa “Arriba Hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que el crecimiento patrimonial de Alonso se dio durante el periodo 2018-2020, tiempo en que estuvo ocupando la dirección de la institución de beneficencia. “Acá es en donde se registró un salto. Hemos detectado un crecimiento especialmente en los inmuebles, aunque ella declaró que es herencia, sin embargo el funcionario público está obligado a comprobar si eso es así, pero ella no adjunto ninguna documentación y no contestó”, remarcó.
Torres señaló que la fiscalización de las declaraciones juradas de Alonso será ampliada, teniendo en cuenta que el examen de correspondencia se inició antes del cambio de gobierno. “Nosotros necesitamos dos declaraciones juradas para comparar (su ingreso y salida del cargo)”, indicó.
Por otra parte, detalló que de acuerdo al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Alonso ejercía la actividad ganadera desde el 2016, pero no se encuentra consignada en tres declaraciones juradas después del citado año, ocultando esta situación.
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Otra de las inconsistencias detectadas por la Contraloría se centra en el rubro de automotores, ya que según la Dirección General de Registro del Automotor, Alonso posee en total 2 vehículos, que, al contrastar con sus declaraciones juradas se observa que uno de ellos no fue declarado por la exfuncionaria. El vehículo es un Kia Avella modelo 1998, con fecha de transferencia 06-09-2005.
Por otra parte, la simpatizante del abdismo incluso declaró a la Contraloría ser divorciada, pero según el Registro Civil, la misma se encuentra casada bajo el régimen de separación de bienes, con un funcionario público de nombre Hugo Eduardo Montiel, quien se encuentra trabajando en el Ministerio de Salud Pública. “Carmen Alonso tendrá que probar si su crecimiento patrimonial es justificado o no”, sentenció Torres.
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Encarnación: estafan por más de G. 20 millones a mendocina
Lourdes Canales, una mujer jubilada de 63 años, llegó desde Mendoza a finales del mes pasado hasta la ciudad de Encarnación con sus amigos y realizó algunas compras, pero grande fue su sorpresa al encontrarse que el cargo que le facturó la tienda encarnacena a su tarjeta de crédito excedía de manera millonaria el costo que realmente le debían de cobrar.
Ante este escenario y la imposibilidad de pagar la deuda a su entidad bancaria por su condición de jubilada, la mujer regresó hasta la ciudad y realizó su reclamo ante la Cámara de Comercio Encarnacena y el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial de Encarnación, el abogado Daniel Ferreira se interiorizó del caso.
“La señora no discute respecto a lo que está expresado en la boleta legal que le emitieron, compró todo lo que dice ahí, pagó todo, pero el reclamo es que pagaron todo en efectivo y quedaba una suma por abonar y lo hizo con tarjeta y fue ahí que en vez de cobrarle 20.300 pesos le cobraron 20.3000.000 guaraníes de su tarjeta de crédito”, indicó Ferreira en conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.
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El mismo explicó que él personalmente acompañó a la mujer a realizar el reclamo, pero que los encargados de la tienda no asumieron que fue error, sino que se mantuvieron en que cobraron lo correcto y que demostrarían esto ante las autoridades.
“La denuncia fue contra un comercio, uno que es muy conocido en una esquina muy conflictiva, que siempre cambia de dueño, no es la primera vez que tiene este tipo de denuncias y han tenido intervenciones, pero lastimosamente hasta el día de hoy no hay una persona sancionada”, aclaró el abogado Ferreira.
El mismo aceptó que este tipo de incidentes dan muy mala fama a todo el circuito comercial, ya que los clientes terminan desconfiando de todos los comercios, hecho que hace aún más complicado aumentar las ventas y poder impulsar la economía de la zona, motivo por el cual esperan que este caso se pueda aclarar y por sobre todo no se vuelva a repetir.
“La verdad que yo nunca tuve ningún inconveniente con mi entidad financiera hasta el momento y he venido muchas veces a esta ciudad a hacer compras y de visita a una amiga y nunca tuve un problema como este y espero que se pueda solucionar y que con la denuncia y los papeleos que realicé pueda demostrar esto a mi banco”, indicó Canales en conversación con Nación Media.
La misma lamentó la situación y aceptó que no recomendaría a otras personas ir hasta Encarnación para realizar compras a pesar de los costos y beneficios, ya que se exponen a situaciones engañosas como la que le toca vivir.
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Fiscal imputa a directivos de un silo por “desaparición” de 123 carretas de maíz
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alberto Torres, de la unidad zonal de Santa Rita, imputó a cuatro directivos de un silo por supuesta estafa y apropiación de casi 4 millones (3.802.668) de kilos de maíz pertenecientes a una pareja de productores de la citada ciudad. Los procesados son Milton Daniel Meiners Schaefer, Jean Carlo Lazzarotto Menoncin, Daniel Lazzarotto Menoncin y Diógenes Rocha Acnes.
De acuerdo al escrito fiscal, entre el 19 de julio y el 16 de agosto de 2023, las víctimas, Alir Lui y Madalena Brandalise, entregaron al silo Cultivatto S.A., representado por los imputados, un total de 123 carretas de maíz, equivalentes a 3.802.668 kilos netos. El cargamento de granos fue entregado para su secado, no para su venta.
Tras finalizar el servicio de desecación, la pareja solicitó la devolución del maíz, pero los directivos citados ofrecieron un precio para la compra del maíz, pero a muy bajo. Al no llegar a un acuerdo, Lui y Brandalise insistieron en la devolución de las cargas que les pertenecía, pero no hubo tal entrega.
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Luego procedieron a intentar retirar la carga del silo, pero los productores se encontraron con que los millones de kilos de maíz habían desaparecido del silo. Tras la denuncia y la posterior inspección del silo realizada por la fiscalía, confirmó que el maíz no se encontraba en ninguno de los silos de Cultivatto S.A.
La investigación reveló que los encausados habrían vendido, presumiblemente, el cargamento de maíz a terceros, sin el consentimiento de los propietarios. Además, la inspección fiscal comprobó que el silo no contaba con las garantías de warrants necesarias para almacenar el producto. Ante estas evidencias, el fiscal Alberto Torres imputó a los cuatro directivos por estafa y apropiación. Los procesados quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.