Se implementó el expediente judicial electrónico en el fuero Penal Adolescente en la Circunscripción Judicial de Misiones. El acto se realizó en el despacho del juez del referido fuero, Jorge Antonio Delvalle. Igualmente participaron de la puesta en vigencia el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial, Víctor Ríos, y el ministro Alberto Martínez Simón.
En la ocasión, Ríos expresó la importancia de esta nueva oportunidad digital para la sociedad y en especial para la comunidad jurídica de la zona. Mientras que su colega Martínez Simón refirió que con esta implementación se busca una Justicia que ofrezca seguridad jurídica a la sociedad y de manera muy especial la búsqueda de una reinserción de los adolescentes infractores, de tal forma a contribuir con claridad y celeridad en los casos del Juzgado Penal Adolescente de Misiones.
Para la implementación del expediente electrónico se invirtió en equipamientos y formación de funcionarios. Del acto también participaron, la abogada Avelina Torres, vicepresidente segunda y en ejercicio de la Presidencia del Consejo de Administración.
Además, el obispo de la Diócesis de San Juan Bautista, monseñor Pedro Collar, el diputado nacional por Misiones el señor Arnaldo Valdez, magistrados, agentes fiscales, defensores públicos y funcionarios.
De esta manera la citada herramienta sigue llegando a más juzgados de nuestro territorio nacional y se espera que en la brevedad posible siga aumentando y pueda tener un alcance a nivel país.
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Buscan modificar Código Penal para combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
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Corte auditará expediente sobre remate de estancia ligada a “Cabeza Branca”
El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate realizado por el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de la estancia Nelly que está siendo administrada por la Senabico y que fue incautada del supuesto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amabay César Diesel solicitó la auditoría al expediente judicial ”Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y/o señor Gilberto Suarez s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a los efectos de determinar lo ocurrido con las medidas cautelares.
Por su parte, el director jurídico de la Senabico, Gonzalo García señaló que “es otra estancia la que se remató y la firma Paraná llevó adelante el remate y el juzgado civil de Capitán Bado ordenó la subasta. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho una vez que se hizo el remate y a raíz de ello presentamos un incidente, por tal motivo el juez civil tuvo que suspender los trámites de la transferencia hasta tanto se resuelva lo que planteamos”.
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“En el presente caso existen medidas cautelares y a pesar de ello, de igual manera se llevó a cabo remate”, explicó el director jurídico de la Senabico. Remarcó que no se pudo realizar la transferencia del inmueble por la presentación hecha. “La estancia Nelly tiene un valor aproximado de 8 millones de dólares y se adjudicó el acreedor, es decir, la empresa que reclama el crédito en el juicio civil”, dijo.
El resultado de la auditoría deberá ser presentada a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en caso de encontrarse irregularidad, el juez podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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Habilitan biblioteca “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en sede judicial de San Lorenzo
En el marco del Día Internacional del Libro, se llevó a cabo el acto de inauguración de la Biblioteca Jurídica “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en la sede judicial de San Lorenzo. El acto rindió homenaje al exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Miembro de la Comisión Nacional de Codificación, Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, por su importante legado y contribución al sistema judicial paraguayo.
El evento contó con la presencia del presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, el vicepresidente Alberto Martínez Simón, el ministro superintendente de la circunscripción de Central, Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Víctor Ríos Ojeda.
La biblioteca, que lleva el nombre del ilustre jurista, alberga un acervo bibliográfico de gran valor, compuesto por una amplia gama de materiales de las diversas ramas del derecho. Este espacio, destinado a la investigación y el estudio, se convierte en un recurso fundamental para magistrados, funcionarios, abogados y toda la comunidad jurídica del departamento Central.
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El ministro superintendente de Central, Eugenio Jiménez Rolón, manifestó su gratitud por la iniciativa del Consejo de Administración de la Circunscripción de Central de habilitar la biblioteca y, en especial, por la designación que le honra a él y a su familia: “Este homenaje no solo me enaltece a mí, sino a toda la descendencia del Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, quien dedicó su vida a la carrera judicial, desempeñándose con admirable ética y profesionalismo en diversos cargos, hasta alcanzar la cúspide como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, integró la Comisión Nacional de Codificación, en la cual plasmó sus valiosos aportes jurídicos, dijo.
Las autoridades destacaron la donación de libros por parte del catedrático Alvarado Velloso, así como el aporte de la señora María Gloria Gusinky con materiales jurídicos pertenecientes a su marido, Emilio Cubas. A estas donaciones se suman las realizadas por los magistrados de la circunscripción, demostrando su compromiso con el conocimiento jurídico.
La ceremonia finalizó con el descubrimiento de la placa conmemorativa que da nombre a la biblioteca y el tradicional corte de la cinta simbólica. Esta actividad, llevada a cabo en el marco del Día Internacional del Libro y de la Propiedad Intelectual, reafirma la importancia del conocimiento y la cultura jurídica como pilares para una sociedad más justa y equitativa.
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Decretan prisión de actuaria judicial imputada por desaparición de expediente de RGD
El juez penal de Garantías José Delmás resolvió decretar la prisión preventiva de la actuaria judicial Juliana Romero, imputada por la desaparición de un expediente del condenado Ramón González Daher. Al tener conocimiento de la resolución del citado magistrado, la imputada tuvo que ser remitida de urgencia a Enfermería del Palacio de Justicia a raíz de una descompensación.
El juez Delmas dispuso que el departamento femenino de la Policía Nacional arbitre los medios necesarios para preservar la salud de la imputada. Igualmente, se hace constar que en caso de urgencia deberá ser trasladada a un centro asistencial.
La actuaria judicial tendrá que estar recluida en el Departamento Judicial de la Policía Nacional por el plazo de 15 días y no habiendo resolución en contrario, pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría de Mujeres Cárcel del Buen Pastor.
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El Ministerio Público imputó por supuesto sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La funcionaria judicial había presentado una denuncia en la que aseguraba que unos desconocidos ingresaron al sistema con su usuario y contraseña para reemplazar el expediente N.° 1075/2021 “Ramón González Daher s/ testimonio falso” por el expediente N° 2310/2017 “Arnaldo José Duré s/ estafa”. Luego se pudo comprobar que ella misma ingresó y habría realizado el cambio correspondiente por lo que fue imputada.
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