Desde el Ministe­rio del Ambiente y Desarrollo Sosteni­ble (Mades) advierten a los intendentes municipales del país de estar expuestos a san­ciones pecuniarias e incluso procesos penales en caso de no acatar la ley referente a la disposición final de los resi­duos sólidos urbanos. Esto en el marco de la contin­gencia ambiental declarada ante la epidemia del dengue y chikungunya, tras la situa­ción de alerta emitida por el Ministerio de Salud Pública.

En diálogo con La Nación/Nación Media, el doctor Víc­tor González Bedoya, asesor jurídico del Mades, explicó el alcance de la disposición y sus consecuencias para los muni­cipios que no se adecuen a las leyes ambientales.

“Nosotros, ante la alerta emitida por el Ministerio de Salud del brote de dengue, chikungunya y otras arbovi­rosis, declaramos contingen­cia ambiental en todo el terri­torio nacional de la República para la gestión de los residuos sólidos urbanos generados en los municipios y la adopción de medidas de contención y mitigación”, señaló.

El abogado manifestó que en el marco de la ley de dispo­sición de residuos sólidos, el Mades establece la política nacional de la disposición de estos residuos sólidos y obliga a los municipios a la presenta­ción de sus planes de gestión y de contingencia, para su estu­dio y aprobación por esta car­tera de Estado.

“Esta ley establece las obliga­ciones de los municipios para la gestión de estos residuos, que implican no solamente las acciones directas de control y de fiscalización, sino tam­bién las acciones de promo­ción, educación y publicación de estos planes de contingen­cia”, significó.

Aclaró que los controles del cumplimiento de la ley se harán a través de la oficina de fiscalización y en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones pertinentes, no se descarta la judicialización de los casos.

“Van a haber sanciones, a tra­vés de sumarios se estarán aplicando todas las sanciones a todos los entes y las personas que no cumplan con las dispo­siciones de la ley aplicando, la administrativa, que son multas de hasta diez mil jornales míni­mos. Y vamos a estar comuni­cando al Ministerio Público estos hechos para que ana­lice la aplicación de posibles tipos penales ante el incum­plimiento de la ley”, alertó.