En el marco de la visita oficial de las autorida­des del Ministerio de Justicia y Seguridad del Bra­sil en nuestro país, el direc­tor nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, rubricó un acuerdo operativo con el director general de la Policía Federal brasileña, Andrei Augusto Passos Rodrigues, para la implementación de mecanismos de intercam­bio de información migrato­ria sobre alertas nacionales e internacionales.

El histórico acuerdo bilate­ral permitirá la coordinación de consultas, verificación e intercambio de información con fines migratorios ten­dientes a facilitar la movi­lidad de las personas entre sus respectivos territorios y a fortalecer la coopera­ción para la prevención de delitos de orden transnacio­nal, especialmente aquellos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la falsificación de documentos de identifica­ción y de viaje.

La firma del documento se realizó en la sede de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) y contó con la pre­sencia del ministro de Jus­ticia y Seguridad de la Repú­blica Federativa del Brasil, Flavio Dino de Castro e Costa; el ministro del Inte­rior del Paraguay, Enrique Riera; el ministro de Justi­cia, Ángel Barchini; el minis­tro de la Senad, Jalil Rachid; el ministro de Inteligencia, Marco Antonio Alcaraz; el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Dtor. Carlos Benítez; entre otras autoridades nacionales y brasileñas.

Para el titular de Migra­ciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, este acuerdo representa un hito histórico a nivel nacional y un ejem­plo de colaboración bilate­ral para toda la región en el campo de la seguridad migratoria, la cooperación fronteriza y el combate al crimen transnacional.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, por su parte, des­tacó la trascendencia de la alianza entre los organis­mos de seguridad de Para­guay y Brasil en los últimos años, mediante la cual se han obtenido importantes resultados reflejados en los procedimientos conjun­tos de captura, expulsión y extradición de crimina­les, además del desmante­lamiento de redes logísticas e incautación de patrimo­nio proveniente de activi­dades delictivas, generando pérdidas al crimen organi­zado regional que al día de hoy superan los USD 1.200 millones.