El juez penal de Garantías Nelson Romero resolvió ayer decretar la prisión preventiva para los agentes de la Policía Nacional imputados por un caso de privación ilegítima de libertad.
Se trata de Pedro Antonio Blanco, Richard René Rojas, Luis Miguel Colmán Pérez, Ramón David García Blanco y Carlos Antonio Aquino Morel, quienes prestaban servicios en el Departamento de Investigaciones.
Los mencionados uniformados fueron imputados por el Ministerio Público por los hechos punibles de robo agravado, asociación criminal y privación de libertad, luego de supuestamente secuestrar durante algunas horas a Édgar Ayala (27). El juzgado dispuso que los policías guarden reclusión en la sede de la Agrupación Especializada, ubicada en el barrio Tacumbú de Asunción, mientras tanto avanza la investigación fiscal.
El escándalo suscitado en la Policía Nacional le costó el cargo al comisario Hugo Díaz, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción. Todos los implicados en el caso son parte del Grupo Operativo 1 de Investigaciones de Asunción, pero se encontraban fuera de servicio desde el viernes por la tarde. Los mismos fueron identificados como el oficial inspector Luis Colmán, el oficial 2.° Ramón García y los suboficiales Richard Rojas, Pedro Blanco y Carlos Aquino.
Los dos primeros fueron detenidos en la madrugada del domingo en el marco del operativo desplegado; por su parte, Rojas y Blanco se entregaron en la mañana del domingo en las oficinas de Investigación de Delitos y, finalmente, el quinto integrante de la banda se entregó en horas de la noche del domingo.
Los cinco agentes policiales se presentaron ante el agente fiscal Federico Delfino, de la Unidad Especializada Antisecuestro, y se abstuvieron de presentar declaración indagatoria; igualmente, los cinco fueron imputados por los hechos punibles de privación de la libertad, robo agravado y asociación criminal. Para los cinco, la Fiscalía solicita la prisión preventiva.
Por su parte, el comandante de la Policía Nacional confirmó que, tras el hecho, se recibieron informaciones de carácter oficioso, por medio de investigaciones rápidas, de que las mismas personas estarían involucradas en situaciones similares en puestos anteriores ocupados en dependencias del interior del país