El fiscal Marcelo Saldívar lidera la investigación en torno al caso de la presunta amenaza de tiroteo en una institución educativa de Asunción, que obligó a suspender las clases presenciales por 48 horas y cambiarlas al formato virtual, desde el miércoles pasado. Se indagan los perfiles de presuntos alumnos que habrían proferido la advertencia anónimamente a través de cuentas de Instagram, en medio de un ambiente de descontento hacia profesores o directivos de la institución.
“Efectivamente se denunció ante el Ministerio Público una situación que se dio ante la información que tomaron los responsables del colegio acerca de comentarios en un Instagram que es conocido por la comunidad educativa, que realiza siempre comentarios negativos hacia la gestión de la institución o sus docentes”, comentó el agente fiscal en entrevista telefónica con “Duro de callar” del canal GEN/Nación Media. Dijo que en una de las últimas publicaciones en redes sociales apareció el citado comentario sobre un evento que podría ocurrir este miércoles pasado. “Utilizaron la palabra tiroteo, pero lo que tengo en la carpeta son screens (capturas de pantalla) de dos mensajes, uno dice: ‘Algo va a ocurrir, no vayan al colegio’. Y otros mensajes que dicen: eliminado, y entre los mensajes eliminados se hacen referencia a la palabra tiroteo”, puntualizó.
IDENTIFICAR A USUARIOS
Esta situación motivó que se tomase la determinación de discontinuar las actividades presenciales, suspender las clases por 48 horas y pasarlas a modo virtual, a los efectos de analizar la verosimilitud de la denuncia. Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía están colaborando en la investigación de la denuncia a fin de determinar la veracidad del mensaje que pondría en riesgo a los alumnos y todo el plantel docente del colegio.
Se busca identificar a las personas que podrían generar algún tipo de peligro a la institución si el caso no fuese real. Se dio también participación a la Unidad de Delitos Informáticos, que tiene enlaces con empresas del exterior, con el propósito de identificar los perfiles de los usuarios y la ubicación de los dispositivos desde donde se profirieron los mensajes amenazantes.
El agente fiscal aclaró que la amenaza está configurada como un hecho punible de acción penal privada, o sea solamente el afectado interviene en forma particular sin intermediación del Ministerio Público.