El director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba, afirmó que las barreras de control para alcotest son inconstitucionales. Instó a las víctimas a promover acciones incluso contra los intervinientes por retención ilegal. El abogado fundamentó sus afirmaciones alegando que dichos procedimientos se contraponen a lo establecido en la propia Constitución Nacional.
“La Constitución Nacional habla del debido proceso, presunción de inocencia y de la libre circulación por todas las rutas del país. Y la ley de tránsito habla solamente de dos tipos de principios que se tienen que tener en cuenta”, señaló en diálogo con La Nación.
Explicó que uno de los puntos jurídicos se refiere a la flagrancia en las intervenciones en cuanto a infracciones que se detecten. “El segundo habla del proceso sumarial dentro de un Juzgado de Faltas. En ningún momento habla de barreras de control aleatorio para personas que no cometan infracciones”, arguyó.
Detener personas que no cometieron infracciones es inconstitucional, ratificó. “Entonces, bajo ese aspecto y esa premisa, realizar las barreras por más que tengan órdenes de servicios y detener a personas que no cometieron infracciones flagrantes a los efectos de realizar controles de documentaciones son para nosotros inconstitucionales”, remarcó.
NO SE PUEDE RETENER
Reiteró que tanto la Ley de Tránsito como la Carta Magna es clara, por lo que no debe prestarse a interpretaciones. “Solamente si montamos barreras con órdenes de servicios son para detectar infracciones flagrantes, no para retener de manera aleatoria a cualquiera, sin que haya cometido una infracción para poder realizar el cateo o el control correspondiente”, indicó.
“Ahora bien, hay otros tipos de procedimientos que es el procedimiento de control o de patrullaje que realiza la PMT, en el que cuando sale a recorrer y detecta una infracción flagrante no necesita una orden escrita porque la propia ley le otorga esa facultad de poder intervenir. Entonces, esa es la política que implementa la PMT”, añadió.
Datos de la Patrulla Caminera refieren que 3.600 personas fueron retenidas desde la última semana de junio y los primeros días de julio. De ellas, solamente 126 dieron positivo al alcotest. “¿Y qué pasa con los demás que fueron retenidos de manera ilegal y dieron negativo?, cuestionó. En este punto, Villalba manifestó que los ciudadanos “pueden accionar por perjuicio, por daño, por muchas otras cosas”.