La Coordinadora Nacional de Jueces Penales de Sentencia elaboró un comunicado expresando su preocupación ante las reiteradas amenazas en contra de jueces de Sentencia. Se refirió de manera específica sobre la manera en que los magistrados, miembros del Tribunal de Sentencia de capital, Víctor Medina, Olga Ruiz y Federico Rojas han sido intimidados por un miembro del clan Rotela en el contexto del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
“Esta Coordinadora se solidariza con los referidos magistrados y solicita a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia que arbitre los medios necesarios para brindarles efectiva seguridad y protección, habida cuenta del peligro al que están expuestos todos los magistrados en razón al ejercicio de la función jurisdiccional”, expresa parte del comunicado.
El reclamo termina con la solicitud de la Coordinadora, que pide la implementación y ejecución de las políticas de seguridad, con la debida premura, para todos los jueces y juezas penales de la República del Paraguay. El comunicado se hizo público luego de una sentencia definida por los mencionados jueces, por la cual fueron amenazados en represalia.
El tribunal de capital había emitido sentencias de cárcel de entre 18 y 24 años para seis miembros del clan Rotela. Estos habían sido acusados de los homicidios de Patricia Mabel Ríos y su sobrina de 8 años, ocurridos en el Bañado de Asunción durante una disputa relacionada con el control del tráfico de drogas. En medio del proceso, los acusados protagonizaron incidentes y uno de ellos amenazó a los magistrados.
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Tras amenaza de Marset la Corte garantiza respaldo a jueces: “No están solos”
Este martes la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por Luis María Benítez Riera, emitió un comunicado garantizando a los jueces penales del Paraguay una protección integral para impartir justicia con independencia ante los actos de intimidación provenientes del narcotráfico.
“La Corte Suprema de Justicia en su firme compromiso con la defensa del Estado de derecho y la administración de justicia expresa su total apoyo a todos los jueces penales del país, reconocemos y valoramos su dedicación y profesionalismo en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la garantía de una justicia imparcial y efectiva”, sostiene el documento.
El posicionamiento de la máxima instancia judicial surge tras la amenaza realizada por el prófugo narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a jueces y fiscales que tienen a su cargo el caso de su esposa Gianina García Troche, imputada por el Ministerio Público por lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza.
A través de un audio enviado al programa de televisión “Santo y seña” emitido en Uruguay, Marset había calificado como “delincuentes” a los jueces y fiscales paraguayos del caso A Ultranza y alegó que buscará que sean destituidos y encarcelados.
“Entendemos los significativos desafíos que enfrentan y en este contexto reiteramos que no están solos, el sistema penal paraguayo actúa de manera coordinada y eficiente asegurando que la justicia especializada en la lucha contra el crimen organizado y todo el sistema penal del país funcionen de manera integral y efectiva”, indica la nota.
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En el documento los ministros mencionan que la política criminal del Estado paraguayo delineado en el plan nacional de política criminal enfatiza la importancia de la colaboración interinstitucional y la protección de quienes administran la justicia penal.
Medidas de protección
“Este plan es esencial para implementar un enfoque amplio que aborde la prevención y represión del delito enfrentando la criminalidad con un enfoque basado en las evidencias, en coordinación con el Ministerio del Interior hemos reforzado las medidas de protección para nuestros magistrados con el objetivo de garantizar su seguridad y reducir los riesgos asociados a su labor”, menciona el documento.
“Estamos dedicados a proporcionar un entorno seguro que permita a nuestros jueces trabajar sin temor a represalias. La Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso con la justicia y la legalidad, unidos fortalecemos la integridad, transparencia y equidad de nuestro sistema judicial, asegurando que ningún acto de intimidación obstaculice el desempeño de sus funciones”, añade.
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“Mimbi” cambió la estación de buses de zona liberada a seguridad absoluta
El Gobierno Nacional, a través del operativo Mimbi, realizó varios procedimientos en la zona de Estación de Buses de Asunción (EBA) donde anteriormente era zona liberada y donde se cometían delitos sexuales contra indefensos niños y niñas. Hoy con el trabajo coordinado entre numerosas instituciones de Estado se pudo lograr que la zona sea más segura con tecnología de punta que hizo que ya no se registraran abusos en la zona.
Los diferentes operativos estuvieron a cargo del Ministerio de la Niñez, el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Asunción. También en su momento contó con el apoyo de la Fiscalía.
De acuerdo con los datos recolectados en la zona de estación de buses se llevaron a cabo numerosos procedimientos donde se logró la protección de 160 niños y niñas que vivían en zonas de peligro. Asimismo se trasformó el citado lugar en más seguro.
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Igualmente, se abordó el monitoreo constante en la zona de la estación de buses donde el Ministerio de la Niñez realizo barias asistencias dejando a los niños en lugares más confortables. Igualmente se tuvo mayor presencia policial y limpieza de baldíos de parte de la municipalidad de Asunción , sitios que en muchos casos servían de aguantaderos.
Del mismo modo, la Policía Nacional colocó numerosas cámaras del sistema 911 con reconocimiento facial lo que ayuda enormemente a identificar a las personas que pretenden cometer algún hecho punible, y de esa manera localizar a los delincuentes.
El operativo Mimbi fue ejecutado por numerosas instituciones del Estado bajo el lema de “Protegemos nuestra infancia”.
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Paraguay acogió reunión de Siesur para mejorar la seguridad energética
Durante la octava reunión de la mesa de diálogo del Sistema de Integración Energética de los países del Sur (Siesur), el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, destacó la importancia de los encuentros regionales que promueven la seguridad energética de los países, además del trabajo conjunto que representa mayor integración. El encuentro se realizó ayer martes en Asunción, bajo la Coordinación pro tempore de Paraguay, que culmina de esta manera su periodo.
“Apoyamos la iniciativa del Siesur para mejorar la seguridad energética de los países de la región a mediano y largo plazo. El sistema de integración demuestra la importancia del trabajo en conjunto para mejorar el aprovechamiento de los recursos energéticos de la región”, expresó el titular del ente estatal, que participó como anfitrión del evento.
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Paraguay, ejemplo de integración
La mesa de diálogo del Siesur se llevó a cabo con el objetivo de fomentar una mayor integración de los sistemas energéticos en la región, además de presentar el estado de avance hasta el 2023 en la implementación de la Hoja de Ruta de SIESUR.
Dicha hoja de ruta estuvo bajo la coordinación pro tempore del Viceministerio de Minas y Energía de Paraguay, a cargo del viceministro Mauricio Bejarano, quien remarcó que el encuentro es un espacio para encontrar soluciones a futuro para la región y el país. “Somos ejemplo como país de integración energética”, ejemplificando las binacionales que se comparten con Brasil y Argentina.
El Siesur está conformado por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y en esta ocasión, tuvo como invitado a Bolivia, por el interés de integrar a dicho país dentro de la iniciativa regional, con la idea de sumar esfuerzos en el mercado de gas natural y la venta de exceso de energía.
Además de los países miembros de la Siesur, participaron representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Se realizó a la vez el traspaso de la Coordinación pro tempore de Paraguay a Uruguay para el periodo febrero 2024 a febrero 2025.
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Legislador plantea extender área de acción de la FTC hasta Alto Paraná
El diputado Guillermo Rodríguez de la banca Yo Creo, representante de Alto Paraná, mantuvo una reunión con el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, con quien conversó acerca de la necesidad de extender el área de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), al Departamento del Alto Paraná, con el objetivo de articular acciones que permitan brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
A través de un boletín informativo de la Cámara Baja, señalan que el legislador opositor informó que expresó al comandante Benítez la urgente necesidad de llevar una respuesta efectiva al departamento de Alto Paraná, ante la inseguridad que experimenta, en los últimos tiempos, la zona Este del país.
Al respecto, recordaron desde el cuerpo legislativo, que a instancias del diputado Rodríguez, la Cámara de Diputados había aprobado, a mediados del mes de diciembre pasado, un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a declarar estado de emergencia en seguridad pública y ciudadana al Departamento del Alto Paraná”.
En dicho documento se requiere al Ejecutivo un trabajo articulado entre varias instituciones como ser la Policía Nacional; Departamento de Migraciones; Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic); Ministerio de Educación; Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional); Aduanas; Administración Nacional de Electricidad (Ande); Secretaria Nacional Antidrogas (Senad); y los municipios locales, principalmente, los distritos de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú, y Presidente Franco.
De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto de declaración, se señala que el pedido fue fundamentado en el Art. 9º de la Carta Magna, que establece que “Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad”, en concordancia con el Art. 4º, que en lo pertinente establece “…Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica…”
Igualmente, el legislador basó su presentación en el Art. 238º de la Constitución Nacional, en el que se estipula que, corresponde al Poder Ejecutivo 1) representar al Estado y dirigir la administración general del país; 2) cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes.
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