La fiscala Luz Guerrero solicitó a la Cámara de Apelación ratificar la prisión preventiva de la fiscala suspendida en sus funciones Ana Girala, imputada por cohecho pasivo agravado y asociación criminal por presuntamente pedir a través de sus funcionarios y otros abogados coima para beneficiar a un procesado.
Guerrero sostiene que se reúnen todos los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, por lo que se tienen suficientes méritos para que la imputada siga privada de su libertad.
Ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si confirma la prisión o revoca la misma de la agente fiscal suspendida Ana Girala, quien actualmente está privada de su libertad en la Comisaría 12.ª de mujeres. El juez José Delmás decretó la prisión preventiva de la fiscala Girala luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
El Ministerio Público imputó por cohecho pasivo agravado y asociación criminal a la fiscala Ana Girala, investigada por pedido de coima de G. 25 millones para beneficiar a un procesado, cuya causa penal está tramitada en la unidad a su cargo.
De acuerdo al acta de imputación, gracias a la extracción del teléfono móvil de una de las funcionarias detenidas e imputadas, se pudieron obtener elementos de sospecha suficientes para tomar la determinación de imputar a la fiscal Ana Girala, de la Unidad de San Lorenzo; su asistente Christi Magalí Ortega, la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha y el abogado Marcos Aurelio Velazco, por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal.
En el presente caso, el fiscal Legal había formulado imputación contra Liz Elena Martínez Robles, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Griselda Beatriz Acha Alcaraz por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado con relación a la denuncia formulada ante la mencionada unidad penal por un hombre a quien habrían solicitado una suma de dinero a cambio de una salida para su hijo procesado por homicidio doloso. De acuerdo a la imputación, se trata de un pedido de G. 25 millones y posteriormente G. 7 millones que debía cumplir una vez realizada la audiencia preliminar.