La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay remitió un comunicado de solidaridad y apoyo a sus colegas de Ecuador y a los familiares de quien en vida fuera fiscal de ese país Leonardo Palacios, fallecido durante un atentado ocurrido ayer viernes en la ciudad de Durán. El fiscal fue atacado cuando se movilizaba en su vehículo, luego de concluir una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato.
“Los atentados de este tipo, si bien afectan específicamente a agentes fiscales, sin embargo, constituyen ataques directos a las instituciones republicanas y a la democracia misma. En forma categórica, el asesinato de un agente fiscal tiene como objetivo amainar los esfuerzos investigativos contra el crimen organizado y socavar todo esfuerzo por erradicar la delincuencia”, señala el comunicado.
La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay confía en que antes que disminuir el trabajo investigativo desarrollado por los fiscales en Ecuador y en todo el continente, el cobarde acto tendrá un efecto contrario a lo deseado, en el sentido de que fortalecerá los esfuerzos de avanzar en la lucha contra la delincuencia y tendrá la colaboración internacional, refiere el documento.
Igualmente, es de señalar que ayer viernes, la titular del Ministerio Público de Ecuador, Diana Salazar, denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hija. La información relata que Salazar recibió la amenaza de muerte en un video que llegó a su celular a través de Whatsapp, procedente de una cuenta asignada a un número de Ucrania (con prefijo +380) que en su foto de perfil mostraba una imagen de la misma fiscal general.
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Frustran atentado con dron bomba contra cárcel de máxima seguridad en Ecuador
Un atentado con dron bomba contra la cárcel de máxima seguridad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, en la que están mafiosos y políticos acusados de corrupción, fue frustrado el jueves sin dejar víctimas, informaron autoridades.
Un “dron de uso agrícola que tenía en su interior una carga explosiva” de 40 libras fue desactivado mediante una explosión controlada, dijo el comandante de la Policía, general Víctor Hugo Zárate, en rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo. “Se trataba de un artefacto explosivo improvisado”, agregó.
El aparato estaba posado sobre el techo rojo del reclusorio y al estallar destruyó parte del mismo, según imágenes aéreas de la AFP. Zárate señaló que antes de la desactivación, los 78 presos fueron trasladados a un sitio seguro de la misma cárcel y que “la situación se encuentra controlada”.
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El denominado Bloque de Seguridad, integrado por la Policía y Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico, informó previamente en un comunicado que impidió un “atentado” que pretendía “inhabilitar” la cárcel conocida como La Roca, con capacidad para un centenar de reclusos y que forma parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil (suroeste).
Allí se encuentran jefes de bandas criminales y políticos acusados de corrupción como el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue detenido en abril pasado mediante un asalto de policías a la embajada de México en Quito, donde estaba asilado. El hecho derivó en la ruptura de relaciones entre ambas naciones.
“Tenemos la sospecha de que la intención detrás de este atentado era el provocar el traslado de los ppl’s (personas privadas de la libertad) fuera de La Roca, hacia otros centros penitenciarios”, manifestó a su vez el ministro Loffredo. En setiembre de 2023, la fuerza pública detonó de manera controlada otro dron cargado de explosivos que aterrizó sobre La Roca, sin dejar víctimas.
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Las prisiones de Ecuador, que se transformaron en centros de operaciones del crimen, están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco y desplegó a los militares a las calles para neutralizar a una veintena de organizaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.
En esa cárcel también estuvo preso el ecuatoriano Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe del grupo criminal Los Choneros que escapó de la cárcel y continúa sin ser localizado. Macías había amenazado de muerte al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado por sicarios colombianos en agosto de 2023 cuando salía de un mitin electoral en el norte de Quito.
En 2021 ya se había producido otro ataque con dron dotado de explosivos contra el gran complejo penitenciario de Guayaquil, que ha sido escenario de cruentas masacres por enfrentamientos entre reclusos de bandas narcotraficantes con saldo de más de 460 muertos desde 2021.
Fuente: AFP.
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Ecuador: asesinan a dos trabajadoras de una cárcel
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores de Ecuador (SNAI) ha informado de la muerte de dos trabajadoras de una cárcel de Guayaquil, en Ecuador.
“La tarde de este 31 de agosto de 2024, dos servidoras del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) (...) fueron víctimas de un atentado delincuencial que les provocó su fallecimiento”, ha publicado el SNAI en un comunicado.
Las dos trabajadoras se dirigían al Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas n.°2 para comenzar su jornada laboral cuando fueron atacadas. “EI SNAI solicitará el inicio de las investigaciones correspondientes ante la Fiscalía Provincial del Guayas para determinar los responsables criminales de este hecho violento que enluta a toda nuestra institución. Estos sucesos no pueden quedar impunes”, ha añadido.
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Este ataque se produce poco después del anuncio de la prórroga del estado de excepción durante 30 días adicionales decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y que afecta a las 19 cantones de seis provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.
Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero se ha ido transformando en un nuevo bastión del tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado. En los últimos tiempos aumentó la violencia en las penitenciarías, donde están recluidos líderes de bandas de narcotraficantes.
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Fuente: Europa Press - AFP
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Por “violencia política de género”, Justicia ecuatoriana admite la demanda contra Noboa
La Justicia de Ecuador ha admitido a trámite este sábado la demanda interpuesta contra el presidente del país, Daniel Noboa, por parte de su vicepresidenta, Verónica Abad, quien lo denunció por “violencia política de género”, en medio de la ruptura institucional entre ambos después de que el mandatario la enviará a Tel Aviv como embajadora poco después de las elecciones.
La demanda de la vicepresidenta, que alcanza también al viceministro de Gobierno (Esteban Torres), a la ministra de Exteriores (Gabriela Sommerfeld) y a la asesora presidencial (Diana Jácome), ha sido admitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que prevé una “audiencia única de pruebas y alegatos para el próximo jueves 12 de septiembre a las 10.00 de la mañana” (hora local), según el diario ‘La Hora’.
Los demandados dispondrán de cinco días hábiles desde el día en que se les notifique la citación para contestar a los alegatos y presentar las pruebas pertinentes para la resolución del caso, cuyo expediente tienen derecho a conocer al completo.
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Esta resolución llega después de que el pasado 8 de agosto llegase al TCE una denuncia de Abad contra Noboa por violencia política, aunque en ese momento no se le asignara juez alguno al caso.
Si Noboa resulta finalmente declarado culpable, podría enfrentarse a sanciones que van desde multa económica hasta, en el peor de los casos, la destitución y/o una inhabilitación de hasta cuatro años.
Desde que fuera relegada al exterior, Abad ha venido acusando a Noboa de coartar su libertad de expresión, de estar detrás de una persecución judicial contra ella y los miembros de su familia, así como de bloquear su vuelta a Ecuador.
Este tipo de violencia política incluye cualquier “agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos, feministas, líderes políticas o sociales”.
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Fuente: Europa Press
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JEM estudiará en 20 días actuación de jueces y fiscales en allanamiento a Gomes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió estudiar dentro de 20 días hábiles el procedimiento llevado adelante por los jueces y fiscales en el operativo Pavo Real II, esto de acuerdo a la normativa de la institución, la cual establece este plazo ante la ausencia de denuncias realizadas por representantes legales de la víctima, en este caso, del diputado Eulalio Gomes.
“Se van a respetar los plazos procesales. El artículo 18 de la ley del JEM establece el plazo determinado que serían de 20 días hábiles y ahí se estaría realizando el análisis jurídico correspondiente. No se va a suspender a nadie de momento, porque no corresponde”, explicó el senador Mario Varela a La Nación/Nación Media.
El representante del Senado ante el JEM, detalló que lo realizado este miércoles 21, fue poner a conocimiento de la institución lo ocurrido en la madrugada del lunes 19, dado que por la naturaleza del hecho, esto tomó interés público y social y reúne los requisitos para hacer el estudio jurídico correspondiente.
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Varela evitó emitir su opinión personal respecto si amerita o no la suspensión de los fiscales Elva Cáceres, Ingrid Cubilla y Osmar Segovia, que encabezaron el operativo y del juez Osmar Legal, puesto que se necesita acceder a los copias de los expedientes y hacer una revisión de los mismos para haber si amerita o no una sanción.
“Objetivamente tenemos que hacer la evaluación que corresponde. Lo que se busca finalmente es el esclarecimiento, acá no hay ningún tipo de amedrentamiento o de situaciones que puedan generar algún tipo de coacción. Los fiscales pueden seguir trabajando con toda la seguridad y tranquilidad dentro de un Estado de derecho, el JEM no debe ser utilizado como un garrote”, sostuvo.
Según lo explicado por el diputado Orlando Arévalos, también miembro del JEM, manifestó que el artículo 18 de la ley 6.814 establece que se debe esperar hasta el 18 de setiembre, cuando se cumplirán los 20 días hábiles, debido la inexistencia un accionante ante este órgano. “Vamos a esperar que transcurra ese plazo para tomar las decisiones que creemos correspondientes”, refirió.
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