Un equipo interinstitucional conformado por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, la Coordinación General de Supervisión de Penitenciarías de la CSJ, la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Penal, y el Viceministerio de Política Criminal, llevó adelante la jornada de seguimiento de procesos judiciales de personas privadas de libertad, recluidas en la Penitenciaría Regional de Emboscada, según dio a conocer la Dirección de Comunicaciones de la Corte.
Asimismo, estuvieron presentes en el penal de Emboscada la jueza penal de Ejecución de la capital, Sandra Krischofer González; y las juezas de Garantías de Cordillera, Cinthya Paola Páez Mancuello y María Teresa Rodríguez Benítez.El equipo técnico realizó el monitoreo y se interiorizó sobre los expedientes procesales de los internos recluidos en la Penitenciaría Regional de Emboscada, de acuerdo a los datos recabados.
Un total de 44 personas con causas viables justificadamente fueron censadas, previamente seleccionadas para el efecto, con el objeto principal de descomprimir el reclusorio y erradicar la morosidad en el sistema de justicia.
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Aseguran continuidad de procesos institucionales
La Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, trabajará y actuará de acuerdo a sus atribuciones, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
“Es una comisión bicameral que fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Nación que va a funcionar según sus atribuciones”, aseguró Latorre en entrevista para La Nación/Nación Media.
Sectores de la oposición instalaron la denominación de “comisión garrote”, a lo que el diputado Latorre recordó que se trata de un grupo de trabajo que ya operó en el periodo anterior, y con la conformación de este periodo, se dará continuidad al mismo trabajo. “Tenemos que entender que esta no es una comisión nueva, el periodo pasado había tenido una vida muy activa, y nuestra intención es seguir dando continuidad a los procesos institucionales, en este caso, es una comisión que entendemos tiene una función muy importante y sensible”, mencionó el titular legislativo.
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
La Cámara Alta ya designó a sus representantes, los senadores Colym Soroka, Dionisio Amarilla y Gustavo Leite, mientras que desde la Cámara de Diputados el pleno decidió que los líderes de bancadas serán los encargados de remitir los nombres para la designación de los otros tres integrantes de la Comisión Bicameral. La integración de las comisiones se realiza por la proporcionalidad con base en cómo está constituido el pleno.
“Decidimos en el plenario que los líderes de bancada iban a estar enviando a la presidencia las propuestas de nombres, basados en la proporcionalidad que va a ser planteada por la secretaría de la Cámara de Diputados, con base en lo que dice nuestro reglamento”, explicó Latorre.
Sin embargo, las bancadas de la oposición y el PL (liberal) anunciaron en la sesión del pasado miércoles que no harán parte de esta comisión. “Están en el uso de sus atribuciones, la participación o la no participación en tal o cual comisión, el reglamento de la Cámara de Diputados sí requiere que todos participen por lo menos de una comisión asesora de la Cámara. Ellos están en su derecho de participar o no participar, según su voluntad y su disponibilidad de tiempo”, sentenció el presidente.
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“Los jueces se burlaron de nosotros y en este país no existe justicia”, dijo madre de Sol Chávez
“Les parece a los jueces de sentencia que como padres podemos soportar eso, es una enorme injusticia porque 5 años se pidió y mi hija se murió a causa de ambas irresponsables y no hay palabras para nada”, señaló María Edith de Chávez, madre de Sol Chávez sobre la breve sentencia de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa.
“Los jueces se burlaron de nosotros y lastimosamente en este país no existe justicia”, indicó la mujer muy dolida por la sentenciada dictada por los jueces Laura Ocampos. Fabian Weinsensee y Cándida Fleitas, quien voto por condenar a 3 años de cárcel a ambas acusadas.
Agregó: “Los jueces juegan con nuestras vidas, porque, que van a decir debido a que yo le tengo a mi esposo internado con un ataque al corazón y más aún después de recibir este fallo judicial”. Acotó que “acá hay algo y es un país que se deja llevar por el dinero, porque de qué sirve probar la negligencia sino aplican la condena justa”, manifestó. Sostuvo con lagrimas en los ojos " a mí me sacaron mi hija y destruyó por completo mi familia y escuchar las argumentaciones básicas es una injusticia”.
Fallo indignante
Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a solo 2 años de cárcel a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a la bioquímica Sandra Hermosa por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió a causa de la ingesta de una dosis letal de flúor. Asimismo, los jueces de sentencia decidieron que Espinoza no pueda ejercer la profesión de odontóloga por el periodo de 2 años y 6 meses.
El fallo judicial generó la indignación de la ciudadanía debido a la falta de argumentación de los jueces en mayoría Laura Ocampos y Fabián Weinsesee, quienes votaron por la ridícula sentencia de primera instancia.
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Piden citar a magistrados a una audiencia indagatoria por despojo de tierras
El abogado Andrés Casati, representante legal de José María Barrios, solicitó a la fiscala Natalia Cacavelos que cite a una audiencia indagatoria previa a una imputación a los magistrados Nery Villalba, Miguel Ángel Rodas y Carmelo Castiglioni, ya jubilado. Los mismos fueron denunciados por prevaricato y asociación criminal en el año 2019, pero hasta la fecha no tuvo avance la investigación.
Los denunciados aprobaron el despojo de 997 hectáreas de tierras del denunciante en el distrito de Villa San Pedro. También estarían detrás de la mencionada rosca, los representantes del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) y el rematador judicial Mario César Person Báez, quienes fueron denunciados además por estafa, y producción de documentos no auténticos.
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Igualmente, el abogado Casati pidió a la fiscala Cacavelos citar en carácter de testigo al excamarista Arnaldo Martínez Prieto, quien había dejado bien claro en su voto que no se podía confirmar la sentencia debido a que no se ajustaba a derecho y a su vez se cometieron varia violaciones.
De acuerdo a la denuncia, a José María Barrios le fueron sacadas las tierras que adquirió del Instituto de Bienestar Rural (IBR), actual Indert, en el año 1973. Se trata de un excedente de tierra fiscal que él tenía la posesión de dicho lugar, y también tenía todas las documentaciones requeridas por el estatuto. Tuvo casi 42 años la posesión pacifica del inmueble, luego fue notificado con una demanda de nulidad de acto jurídico por el Banco Nacional de Trabajadores con la representación del síndico de quiebra, requiriendo anular pese a los años de posesión pacifica ininterrumpida.
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Desmentido de Marset: “Que afronte a la justicia y ahí tendrán valor jurídico sus declaraciones”
“Que se presente y afronte a la justicia y ahí tendrán valor jurídico sus declaraciones”, sostuvo el senador Derlis Maidana al referirse al desmentido realizado por el narco uruguayo Sebastián Marset acerca de las amenazas que formuló públicamente contra fiscales y jueces paraguayos involucrados en el caso A Ultranza.
Nuevamente, a través de un audio, pero esta vez remitido a un medio de comunicación paraguayo, Marset desde la clandestinidad, sin siquiera ser confrontado por el o los entrevistadores había afirmado que la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Fiscales, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo “montaron un circo” para acusarlo de amenazar a quienes investigan a su esposa Gianina García Troche, imputada por lavado de dinero en el citado megaoperativo que desmanteló una organización de tráfico internacional de drogas y lavado de activos.
Marset había sostenido que las amenazas contra los operadores de justicia solo fue jurídica y no de muerte. ”No merece la más mínima confianza la declaración de un prófugo de la justicia, en el Paraguay hemos sufrido la triste pérdida de un gran fiscal reconocido por toda la sociedad jurídica, Marcelo Pecci, crimen en el que este prófugo de la justicia se encuentra vinculado”, dijo Maidana al diario La Nación/Nación Media.
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El legislador acotó: “Todo lo que diga este sujeto no tiene valor alguno y es para aumentar un morbo innecesario en una causa en que el Paraguay entero exige justicia y una condena ejemplar y dura para los culpables. Solo así podremos lograr eliminar el crimen organizado en el Paraguay y no con entrevistas desde la clandestinidad”.
Días atrás Marset, mediante un audio enviado al programa uruguayo “Santo y seña” desde la clandestinidad, había calificado a los jueces y fiscales paraguayos que tienen a su cargo el caso A Ultranza como “delincuentes”, alegando que García Troche es inocente y víctima de una persecución por parte del sistema de justicia de Paraguay.