La Patrulla Caminera reportó que, de 4.880 pruebas de alcotest en todo el país, 300 ebrios al volante dieron positivo. La cifra más alta de alcoholizados al volante fue registrada nuevamente en el departamento Central, que alcanzó a 181 conductores entre el 18 y el 24 de setiembre.
Igualmente, informó sobre un total de 51 percances viales, de los cuales 22 se registraron sin daños personales, 24 con saldos de heridos y 5 con resultados fatales. La institución señala que se contabilizan 34 personas heridas y 6 fallecidas por accidentes en rutas.
En tanto que fueron demorados 688 vehículos, de los cuales 121 eran motocicletas, por infracciones varias a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, específicamente por carecer de chapa fueron demorados 20 vehículos, por adelantamiento indebido fueron sancionados 44 conductores y por exceso de velocidad otros 11.
Por otra parte, un grupo de inspectores recibió una charla de capacitación de parte de Odilón Peralta de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), en el marco de la cobertura de seguridad y acompañamiento para los XII Juegos Suramericanos Odesur, a realizarse desde el próximo 1 de octubre en el país.
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Liberan a conductor y entregan camioneta por no estar vinculado con A Ultranza Py
El pasado 12 de abril, en un operativo de control fue detenida una camioneta Toyota Hilux de color blanco en poder de un hombre, que presumieron que estaría vinculado con el operativo A Ultranza Py. El conductor afirma que no quedó detenido y que el rodado no fue incautado, como se informó.
Se trata de Fermín Daniel Parra Gamarra, quien estaba al mando del rodado que pertenece a la empresa donde trabaja y que le fue designado ese día para su uso. Esta camioneta está a nombre de un diputado procesado, pero que no estaría vinculado al operativo. Posterior al control Parra fue liberado.
“Esa camioneta no tiene ninguna orden de captura o de intervención, tampoco está en la Fiscalía o una comisaría en carácter de incautado. Mucho menos yo, incluso no se nada del caso a Ultranza, soy solo un empleado a quien designaron ese vehículo ese día”, detalló Parra en entrevista con La Nación/Nación Media.
El trabajador contó que fue detenido sobre la avenida Eusebio Ayala, en un control policial y que le solicitaron que acompañe a los agentes hasta la dirección de Automotores de la Policía para confirmar la situación del rodado. “Les expliqué que solo era el chófer y que estaba llevando algunos materiales a una obra”, confirmó.
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Agregó que luego de unas horas se corroboró que el rodado no tiene nada que ver con la investigación de A Ultranza Py y que nuevamente fue liberado del control. “El comisario me pidió que firme un acta de que se intervino el rodado y que yo estaba manejando, pero que el fiscal ordenó la liberación”, aseguró.
Parra indicó que esta camioneta aún está a nombre del diputado y que no se puede transferir mientras dure su proceso, pero que ya fue entregado a la empresa en la que trabaja. “Ese día se corroboró que el rodado está inscripto del año 2014 y que la investigación comenzó en el 2019, por lo que nada tienen que ver con el operativo A Ultranza. Entonces terminó ahí”, detalló.
Lamentó que se haya filtrado su nombre y que lo hayan relacionado con la investigación de este caso. “Salió mi foto y mi nombre, dijeron que yo estaba detenido y eso no es cierto. Me está afectando en el trabajo, mi familia y mi nombre, porque al buscarme en redes sociales o google sale que estoy ligado con el narcotráfico y lavado de dinero”, puntualizó.
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Comisiones asesoras del Senado se aprestan a dictaminar sobre el control a las ONGs
El senador Gustavo Leite dijo que, en el transcurso de los próximos días, será remitido a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta, el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
“El gran ajuste que tenemos que hacer es hacer una ley que controle las platas que usan las ONGs cuando intervienen en políticas públicas. Esto ya se encuentra bastante avanzado, ya existe una propuesta presentada e irá a Comisiones en estos días. No es posible que nosotros hayamos recibido 17 millones de euros de la Unión Europea para mejorar la educación, para que ayuden al Ministerio de Educación y Ciencias, pero si le preguntamos a cualquier paraguayo la educación no mejoró ¿En qué usaron la plata?”, sostuvo.
La propuesta presentada a fines del pasado año por varios senadores del movimiento Honor Colorado estipula la obligatoriedad de su inscripción en un registro nacional, así como del detalle de las actividades y operaciones que realicen y de los documentos que deben llevar. Las comisiones que tendrán a su cargo los dictámenes son de Asuntos Constitucionales y la de Legislación.
“Estas ONGs tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, a quién le contrataron, por cuánto, para qué, con qué resultados, facturas, hay demasiadas susceptibilidades. Las ONGs son sin lugar a dudas el remedo de un quinto poder que se está fortaleciendo demasiado en el mundo y que no rinden cuentas a nadie”, indicó en una entrevista con la 1020 AM.
Asimismo, Leite acotó: “deben rendir cuentas de la plata que reciben, sea de gobiernos extranjeros del extranjero o del Estado paraguayo cuando se involucran en políticas públicas. ¿Por qué los entes que más hablar sobre la necesidad de transparencia no quieren rendir cuentas?”.
En la iniciativa también se establecen normas de transparencias, rendición de cuentas y supervisión las que no solo alcanzan a las organizaciones sin fines de lucro, sino también a terceros. La propuesta señala que en el capítulo del régimen sancionatorio quedan fijadas las sanciones por la transgresión de la ley, tanto por personas físicas como jurídicas y otros entes u organismos, así como se prevé el procedimiento a seguir.
“Las ONGs que participaron de los 17 millones de euros nos quisieron decir que no pueden darnos los datos detallados por acuerdo de confidencialidad con la Unión Europea. Cuando se usa plata para el mejoramiento de nuestra educación, de nuestro pueblos originarios o de la salud, tienen que rendirse cuentas detalladamente y a la ciudadanía”, refirió el legislador.
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IPS adquirirá un sistema para el control de gastos y medicamentos
El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa aplicando medidas para mejorar el control de gastos, así como de medicamentos. Señalaron que la previsional no invierte en sistemas informáticos desde hace 20 años, y hoy están en proceso de incorporar un software que les permitirá monitorear la ejecución de recursos e insumos.
“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no están ayudando y nos va a dar un soporte informático para tratar de evitar la fuga en cuanto a nuestros ingresos y medicamentos. El IPS no invierte hace más de 20 años en sistemas informáticos, que es la forma de controlar y ver optimizar los recursos y esa va a ser la primera medida”, expresó el doctor Jorge Brítez, presidente de la institución, a la 650 AM.
El IPS y el MEF tuvieron una reunión, en la cual el titular de dicha cartera le sugirió incorporar un sistema y se comprometió a dotarles de dicho soporte. La adquisición de este software, se da en el marco de la convocatoria a licitaciones de medicamentos, y un trabajo para mejorar los ingresos de la previsional.
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“La semana pasada aprobamos una licitación por vía de la excepción para cubrir los medicamentos que nos faltan hasta diciembre. La licitación grande, que va a ser por 24 meses, la estamos mirando con lupa porque así como tenemos que mejorar la recaudación diaria, también tenemos que optimizar el gasto, es la única forma que vamos a poder salir adelante”, detalló.
Asimismo, indicó que en los próximos días, se concretará una alianza con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de modo que pueda haber un intercambio de información entre ambas instituciones, y puedan acceder a ciertos datos de los aportantes, con el objetivo de mejorar la recaudación del IPS.
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Coinciden en control de la criptominería
Tras una audiencia pública realizada ayer para estudiar el contenido del proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería, senadores coincidieron en la necesidad de apostar por un mayor control de esta actividad, facilitando un marco legal verdaderamente determinante que permita su regulación.
“Lo que hay que hacer es un marco regulatorio que sancione con mucha fuerza el robo de energía y decomiso total de la infraestructura de las empresas ilegales. Sería un trágico error castigar a las empresas legales”, remarcó el senador Enrique Buzarquis al respecto.
El parlamentario solicitó a las comisiones suspender el tratamiento del proyecto en análisis y trabajar en otra propuesta legislativa que pueda garantizar la utilización de la energía eléctrica y que sea beneficioso para el Paraguay.