A casi 24 horas de la masiva fuga de la Penitenciaría de Misiones, 28 ya fueron recapturados de los 35 reclusos que lograron escapar. La Policía Nacional continúa con el rastrillaje en la zona.

La fuga de los internos de la cárcel de Misiones se registró poco antes de las 16:00 del domingo y en su mayoría serían miembros del grupo criminal brasileño, Primer Comando Capital (PCC). En el marco de lo ocurrido este domingo, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la Penitenciaría Regional de Misiones por un plazo de 30 días. Durante este tiempo, Víctor Aliente quedará a cargo como interventor.

El mismo asumirá en reemplazo del director Virgilio Valenzuela, quien fue separado del cargo tras el escape de los 35 reclusos. En paralelo, se ha dispuesto la apertura de un sumario administrativo por parte del Ministerio de Justicia para deslindar responsabilidades, así como una investigación en la Fiscalía, a fin de aclarar las circunstancias de la fuga.

COMUNICADO

El gremio de los guardiacárceles emitió ayer un comunicado solicitando a las autoridades nacionales que se hagan cargo y asuman sus responsabilidades por la fuga masiva ocurrida el domingo en el penal de Misiones y señala que desde hace tiempo se dio el control de las penitenciarias por parte de grupos criminales.

“El problema en los penales se da por la politización del sistema penitenciario y la falta de personas idóneas en los cargos claves. Las autoridades entregan los penales a los criminales, por ejemplo Tacumbú es del clan Rotela, el de Pedro Juan Caballero pertenece al PCC. Prácticamente se adueñaron de las cárceles. Ellos son los que mandan, quienes deciden qué director o funcionario va a ser designado”, señaló Miguel Ángel Martínez, secretario del Sindicato Nacional de Agentes Penitenciarios, al programa “Pase lo que pase” en Universo 970 AM/Nación Media.

SUPERPOBLACIÓN Y DESGOBIERNO

El interventor designado es el abogado Víctor Wilfrido Aliente Guillén.

El comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Orlando Castillo, señaló ayer que la Penitenciaría Regional de Misiones tiene una capacidad de albergar a 462 internos, pero actualmente tiene 1.452 internos. Destacó que la fuga masiva fue a causa de la superpoblación y el desgobierno. “Lo que pasa en Misiones es lo que sucede en otros penales. Tiene una población de 1.452 internos, pero con una capacidad real para 462 personas. Hay que trabajar para que el sistema penitenciario no sea solo un sistema de depósito”, manifestó el comisionado en comunicación con radio 1000 AM. Mencionó que actualmente hay 16.200 personas recluidas en las diferentes cárceles del país, lo que demuestra un crecimiento exponencial en menos de 10 años.

Director carcelario es apartado del cargo

El ministro de Justicia, Édgar Olmedo Silva, hizo oficial vía Resolución Nº 369 la separación de Virgilio Valenzuela del cargo de director del penal de Misiones tras la fuga masiva de reos que se dio el domingo. También fue dispuesta la intervención de la Penitenciaría Regional de Misiones por un plazo de 30 días.

La medida de intervención obedece a que las autoridades pertinentes realizarán una exhaustiva investigación para determinar cómo se dio el plan de fuga, que al ser ejecutado dejó como saldo 35 fugados, todos del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), de los cuales hasta el momento son 28 los recapturados en medio de un rastrillaje intenso realizado por policías y autoridades de la zona.

Durante la investigación se pondrá como primer punto cuál fue el mecanismo o protocolo que falló para que no sea detectado el planeamiento de la fuga. También se harán evaluaciones, monitoreo sobre la operatividad, asignación de personal y todo lo relacionado con el funcionamiento del centro penitenciario. El interventor designado es el abogado Víctor Wilfrido Aliente Guillén. El interventor en este caso deberá presentar reportes diarios a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y un informe final al ministro Olmedo. Por otra parte, la Dirección de Asuntos Internos se encuentra al frente de una investigación que podría derivar en sumarios administrativos y en la apertura de procesos penales si eventualmente se encuentran hechos y pruebas que así lo ameriten.