Un grupo de agentes penitenciarios irá a una huelga de hambre para exigir la reposición del subsidio alimenticio que dejaron de cobrar hace unos meses y solicitaron recuperar a través de un proyecto de ley, el cual sigue pendiente de tratamiento en el Congreso.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de la que forman parte los principales sindicatos penitenciarios, remitió una nota al ministro de Justicia, Édgar Olmedo, para anunciarle la realización de esta medida de fuerza el martes 21 de junio a partir de las 7:00.
La huelga de hambre será llevada a cabo por un grupo de guardiacárceles, en reclamo a la falta de respuestas a un pedido de reasignación de recursos para el pago del subsidio alimenticio.
Los mismos denuncian que hasta hace unos meses seguían recibiendo este beneficio pero luego se hizo un recorte sin previo aviso, dejando a un importante grupo de trabajadores sin la posibilidad de acceder al cobro del mismo.
Jorge Alvarenga, presidente de la CUT, manifestó a Universo 970/Nación Media que el Ministerio de Justicia, por falta de gestión, no previó el pago de esta ayuda alimenticia, obligándolos a llegar hasta este extremo.
Los agentes penitenciarios habían solicitado la reposición de este beneficio a través de un proyecto de ley que se encuentra en el Senado, aunque su tratamiento fue postergado “sine die”, indicó. Por ello, siguen sin saber con certeza cuándo estará siendo analizado por los legisladores.
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Exsenador duda que huelga de polémica legisladora interese a la ciudadanía
El exsenador y referente del Frente Guasu, Hugo Richer, se refirió a la medida de fuerza adoptada por la senadora Kattya González de ir a una huelga de hambre ante un supuesto plan de impulsar su pérdida de investidura por el caso del comisionamiento del funcionario José Luis Torales de la Contraloría General de la República, que estuvo a su cargo como asesor en el Congreso Nacional.
“Yo particularmente considero que la huelga de hambre es una medida extrema, diría casi el final del camino, y la huelga de hambre tiene que tener necesariamente un respaldo pleno, colectivo social, activo y movilizado, porque de lo contrario quedan como medidas individuales”, indicó Richer, este lunes, en entrevista con La Nación/Nación Media. ”Yo tengo mis observaciones críticas sobre la medida de huelga de hambre, porque eso tiene que movilizar socialmente a la ciudadanía y tengo mis dudas que eso ocurra en este momento”.
Así mismo, sostuvo que este tipo de acciones no ayudan a recomponer a la oposición que sigue sin encontrar un rumbo tras la derrota en las elecciones nacionales de abril del 2023. “No creo que esa sea la manera de enfrentar a la mayoría del cartismo en este momento en la Cámara de Senadores y, en segundo lugar, no creo que eso ayude a la necesidad urgente de componer a la oposición en el Paraguay”, apuntó.
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Richer indicó que la pérdida de investidura, que no pasa de rumores hasta el momento, no corresponde para la senadora. “Si realmente existe la intención, a mí no me consta, de impulsar la pérdida de investidura de la senadora González, creo que se estaría pasando un límite muy peligroso, primero porque yo particularmente no veo ningún tráfico de influencia de lo que allí ocurrió”, señaló el exparlamentario.
“En esta tarea que tenemos de reorganizar la oposición, tenemos un problema, necesitamos primero explicarle a la gente qué es lo que está pasando, yo puedo asegurar que mucha gente no sabe ni qué es lo que está pasando, no entiende la enmienda, no entiende la cuestión tributaria. Hay un problema de nosotros que tenemos que salir a explicar a la gente y después tomar las medidas extremas o no extremas”, puntualizó Richer a Nación Media.
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Tacumbú: recrudecen medidas de control y prohíben ingreso de celulares a guardiacárceles
Las medidas de control recrudecen en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y se prohibió incluso el ingreso de aparatos celulares a los propios guardiacárceles, lo que generó malestar entre los trabajadores. El director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Víctor Benítez Salinas, afirmó que se trata de disposiciones adoptadas a resultas del operativo Veneratio, que en diciembre pasado posibilitó desarticular una banda criminal liderada por Armando Javier Rotela, que tenía bajo su control el reclusorio.
“Las medidas de Tacumbú son todas excepcionales con relación a todo lo que ocurrió por el operativo Veneratio. Paulatinamente, se está tomando nuevamente el control por parte del Ministerio de Justicia y las medidas de corrección que se están tomando es para tratar de evitar que incluso los funcionarios estén ingresando con celulares, ya que estamos hablando de un recinto penitenciario y se tiene que tomar todas las medidas de seguridad”, señaló a la 1020 AM.
Así también, aseveró que una dotación de la Policía Nacional sigue resguardando las instalaciones de la cárcel, con el propósito de evitar que se repitan hechos como el descubierto recientemente con el funcionamiento de celdas vips para presos del clan Rotela.
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Es por ello que las autoridades penitenciarias, incluso, evalúan la prohibición del uso de teléfonos celulares a los propios funcionarios de la institución. “Aún no son medidas oficiales, pero no descartamos que se vuelvan algo constante ya el día de mañana”, expresó.
En cuanto al tiempo de demora para retomar el control total de Tacumbú, Benítez manifestó que demorará restablecer el orden en el citado centro penitenciario.
“Hay todavía trabajos que se están realizando, entonces, una fecha precisa aún no tenemos, esto llevó mucho tiempo y también llevaría mucho tiempo volver a tomar el 100% del control”, puntualizó.
No obstante, reconoció que la situación “está mucho mejor que antes”, pero para que el penal quede en manos del Ministerio de Justicia se están ajustando aún algunos aspectos administrativos.
“Yo diría que, hablando de porcentajes, estaríamos en un 50%, faltaría todavía el otro 50% ajustar temas administrativos, ajustar cómo vamos a ir realizando nuevos procesos, no volver a repetir los errores que se cometieron en su momento. Y eso lleva su tiempo”, indicó.
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Narges Mohamadi, Premio Nobel de la Paz, comenzó huelga de hambre en prisión
La activista iraní Narges Mohamadi, premio Nobel de la Paz en 2023, comenzó este lunes una huelga de hambre en la cárcel para protestar por la falta de asistencia médica y denunciar que las autoridades de la República Islámica sigan imponiendo el uso del hiyab para las mujeres, informó su familia en un comunicado.
Irán “es responsable de todo lo que le pase”, sentenciaron los familiares, al dar cuenta públicamente de un mensaje que Mohamadi les habría trasladado desde la cárcel de Evin, donde cumple condena por varios delitos que, según organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, guardan relación con su activismo político.
Mohamadi supuestamente llevaba una semana pidiendo su traslado al hospital para recibir asistencia médica, ya que un médico de la propia cárcel consideró que necesitaba ser evacuada de “urgencia” a un centro de atención cardiaca y pulmonar. La nota no aclara exactamente cuál sería la dolencia de la activista.
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Ante esta demora, decidió iniciar una huelga de hambre para protestar por la recurrente falta de asistencia médica a los reclusos enfermos y por “la política de ‘muerte’ o ‘hiyab obligatorio’” que impera en Irán, motivo de debate público especialmente en el último año a raíz de la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, detenida por llevar mal el velo.
El Comité Noruego del Nobel reconoció a principios de octubre la labor de Mohamadi, poniendo en valor “su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los Derechos Humanos y la justicia para todos”. Mohamadi, de 51 años, pasó la mayor parte de los últimos 20 años de su vida en prisión y fue condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel.
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Fuente: Europa Press
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Tras nueve días en huelga de hambre guardiacárceles retomarán funciones
El Ministerio de Justicia logró desactivar este martes la huelga de hambre impulsada por los agentes penitenciarios hace nueve días en busca del cumplimiento de una serie de reivindicaciones. Al respecto, el titular de la mencionada cartera estatal Ángel Ramón Barchini mantuvo una reunión tripartita con los representantes de funcionarios sindicalizados y dirigentes de centrales sindicales nacionales.
“Los reclamos de los funcionarios penitenciarios son absolutamente legítimos, hemos hablado con el equipo económico sobre las necesidades que tiene este ministerio tan sensible. Desgraciadamente durante años ha estado abandonado, mal presupuestado, ejecutado sus recursos sin control y eso hizo que hoy tengamos un sistema frágil en el tema de la seguridad, de la reinserción”, dijo Barchini en una entrevista con el programa “Cuenta Final” emitido por la radio Universo 970 AM.
Entre los principales pedidos de los agentes figuran la necesidad de contar con una ley orgánica penitenciaria que está en espera hace más de 20 años y que con su implementación tendrían una profesionalización de la carrera y dejarán de regirse por las normas de la función pública; confirmación del seguro médico, la recontratación de funcionarios despedidos, la desprecarización laboral y la dotación de equipos de seguridad.
“Conversé con el presidente del Senado y de Diputados sobre la necesidad de tener una ley que regule el accenso, el sueldo, la seguridad laboral y de vida, el seguro médico, que puedan obtener los equipamientos, tecnología, uniformes, muchos aspectos que no eran considerados por el anterior gobierno y que han permitido que nosotros como Estado paraguayo tengamos una ausencia absoluta en el control de la cárceles y eso originó la corrupción, amedrentamientos y constantes amenazas contra nuestros funcionarios que responden muchas veces a los clanes que manejan las cárceles”, indicó.
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Participaron de la reunión, además del ministro Barchini, Enrique Arévalos y Antonio Cuenca, del Sindicato Nacional de Agentes Penitenciarios y Educativos del Paraguay (Sinapep); Vicente Ruíz Díaz, del Sindicato de Trabajadores de Centros Educativos y Penitenciarios (Sitracepen); Liz Báez, del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Ministerio de Justicia (Sitemjt); Miguel Zayas y Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT); y María Pintos, de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT).
“La política de reinserción penitenciaria es fundamental para bajar el índice de criminalidad y violencia que se vive en las calles, todos estos flagelos que sentimos como sociedad, esto hace a la seguridad nacional del país, que se deben enfrentar con seriedad y una política de Estado proyectada con el tiempo. Con el apoyo del Congreso podemos ir a plantear la ley que se necesitan los funcionarios penitenciarios y solicitar las ampliaciones presupuestarias para los nuevos centros penitenciarios”, comentó.