La jueza de la Niñez de Luque Pili Rodrí­guez dictó la sentencia de adopción de un niño uti­lizando un formato de fácil comprensión para el mismo. Es la primera vez que la justi­cia paraguaya aplica este for­mato de resolución. “Me llamo Pili Rodríguez, soy jueza de los niños, niñas y adolescentes y mi trabajo es asegurar que se respeten sus derechos”, inicia el texto judicial.

Considerando que la Justi­cia debe estar al alcance de todos los niños, la mencio­nada magistrada optó por dic­tar una sentencia de fácil lec­tura, con la que pretende que el niño conozca su caso, pero bajo una perspectiva que le permita saber la información en pala­bras que pueda entender.

“Te quiero contar qué fue lo que decidí para vos: Cuando naciste, me contaron que debía darte un nombre y una fami­lia que te cuidara, con tu defen­sora Leticia y muchas otras per­sonas nos pusimos a trabajar para que estés bien cuidado y te mimen mucho, mientras le bus­cábamos a tu mamá, a tu papá, tíos, abuelos, porque no sabía­mos dónde estaban”, describe Rodríguez en su sentencia.

“Se buscó por todos lados y por mucho tiempo, no pudi­mos encontrar a tu mamá, y tu abuela, aunque quería, no iba a poder cuidarte y darte todo lo que necesita­bas para crecer sano y fuerte, pero tienes a tu hermanito y hermanita con quienes vas a poder seguir en contacto siempre”, señala, a continua­ción parte del documento.

En otro fragmento de la sen­tencia, la jueza explica al niño que dos personas se ofrecieron a cuidarle y le cuenta que se encargaron de él desde que era muy pequeño. “Te llenaron de besos y de abrazos y empezaron a quererte tanto y vos a ellos, que luego de unos trámites se les eligió para que sea tu fami­lia. Esto se llama adopción y es una manera de dar a un niño, niña o adolescente una nueva familia, cuando por alguna razón no se pudo quedar en la suya”, resalta otro párrafo de la sentencia, que fue publicada en la página Judiciales.net.

Cabe resaltar que en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño se consa­gra el derecho a involucrarse de manera apropiada en las decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes. En este sentido, establece que las fami­lias y otras instituciones socia­les deben escuchar y tomar en cuenta las opiniones de las y los niños, de acuerdo con su edad y madurez.