Hasta este viernes 6 de mayo se llevará adelante el proceso de defensa de los proyectos de tesis para la cuarta versión de la Maestría en Docencia Médica Superior, que cursan un total de 38 profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. En la ocasión, se destacó que una línea de investigación de la FCM es la educación médica.
Al respecto la Mg. Prof. Dra. Mafalda Palacios, coordinadora académica de la Maestría en Docencia Médica Superior, informó que son 10 grupos, de los cuales nueve están conformados por cuatro integrantes y uno por dos, quienes vienen trabajando juntos desde hace un año, aproximadamente. “Es un acto donde se aprueba el proyecto de tesis, de tal manera a que puedan implementar posteriormente el desarrollo de la tesis y culminar con un trabajo que tenga un valor importante para la FCM y la UNA”, destacó.
La culminación del curso se dará entre noviembre y diciembre, con la presentación de los trabajos de tesis y las conclusiones. Añadió que los alumnos son docentes de la FCM-UNA, muchos de ellos escalafonados y algunos no escalafonados.
Por su parte, el coordinador general de la Maestría en Docencia Médica Superior, Mg. Prof. Dr. Jorge Tadeo Giménez, mencionó que la maestría 2021-2022 se trata de la cuarta versión.
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Poder Ejecutivo anuncia proyecto clave contra criptominería ilegal
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con esta iniciativa de modificación se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléctrica por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
“La presentación al Congreso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, manifestó la alta funcionaria de Estado mediante una conferencia de prensa acompañada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.
A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la administración o uso provisional de los bienes incautados y será, asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
ENERGÍAS RENOVABLES
Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se centrará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resultados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones involucradas en el tema energético que era necesario introducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.
De esta manera, la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir, los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportadores de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.
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Plantean crear fondo para inversión en tecnología del sector frutihortícola
El diputado Adrián “Billy” Vaesken señaló que está en análisis de una iniciativa legislativa que apunta a crear un fondo que financie la ley de Agricultura Familiar Campesina y así posibilitar la inversión necesaria en tecnología que permita asegurar la producción frutihortícola durante todo el año, respaldando al sector contra las amenazas que sufren actualmente.
“Queremos que la agricultura familiar tenga financiamiento porque la ley n.° 6.286 es fantástica, queremos que se cree un fondo de financiamiento para innovación e inversión en infraestructura y tecnología para hacer una agricultura sostenible, para que todo el año pueda producir el pequeño productor que hoy está amenazado por varios factores y que genera un desabastecimiento frutihortícola que nos afecta a todos”, explicó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador liberal detalló que el Viceministerio de Agricultura Familiar cuenta con un presupuesto de G. 2.500 millones, lo cual no le permite apoyar de manera eficiente al sector productivo, por lo que este proyecto de ley que será presentado el 21 de mayo, busca establecer una nueva forma de que el Estado obtenga los recursos necesarios.
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“Estoy proponiendo una herramienta legislativa que grave el impuesto al grano en su estado natural, el ánimo no es perjudicar a la agroexportación, pero queremos sensibilizar a ese sector porque hay otro que está sufriendo por la falta de tecnología y no tenemos de dónde sacar la plata”, sostuvo. El legislador indicó que prevé reunirse con la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), con el fin de exponerle su iniciativa.
Desde la perspectiva del diputado por Central, esta ley también generará un incentivo para que los exportadores de granos puedan industrializar sus productos, generando así un valor agregado y produciendo empleo, algo vital para el desarrollo económico del país.
“Con esto no vamos a tener problemas de desabastecimiento, no vamos a depender de otros países, la canasta familiar no va a sufrir variaciones, va a haber fuentes de trabajo porque lo que desarrolla el país es la agricultura familiar, muchas familias se dedican a eso y hoy no están pudiendo trabajar por falta de tecnología”, afirmó.
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Mirando al futuro
- Por Pepa Kostianovsky
Si hay algo que lamento es no haber estudiado Ciencias Económicas. A esta altura de los tiempos creo que el único instrumento eficaz para la Administración Privada o Pública, es el manejo de los datos financieros y sociales que permitan definir prioridades y esencialmente connotaciones y consecuencias a medianos y largos plazos de las decisiones que se toman para el uso del dinero, propio o ajeno.
En esta semana celebramos el que al parecer sería el mayor éxito de la administración Peña, la concertación de cambios considerables en las tarifas de energía y de cesión de energía de Itaipú y la implementación a corto plazo de la libre disposición de nuestra energía sobrante, pudiendo cederla a empresas privadas brasileñas.
Al mismo tiempo, el presidente Peña anuncia una atractiva convocatoria a capitales extranjeros para la creación de fuentes de trabajo, y el agregado de valor a la materia prima, para lo cual, precisamente, nuestra mayor gracia es la disposición de energía limpia. Incluso al punto de llegar a una total utilización de la nuestra cuota de energía teóricamente disponible de Itaipú: la mitad de la producción.
Veamos. Hasta hoy, la clase dirigente –despreocupada por la discriminación de un algo porcentaje de paraguayos sin trabajo, sin acceso al mínimo confort y esencialmente, sin acceso a la energía eléctrica– se sentían muy cómodas recibiendo las regalías que prodigaba Itaipú. Tanto los royalties, como el pago de Brasil por la cesión del derecho a comprar la energía, significaban una considerable suma de millones que alcanzaban para que una minoría viva muy bien, accediendo incluso a lujos propios de magnates.
De darse la fortuna de que se instalen capitales extranjeros, o nacionales distribuidos hoy por el mundo, para todo tipo de industrias, lo primero que van a usar es la energía de Itaipú, por lo que cada cual pagará seguramente el precio que corresponda, pero lo que se va a acabar es lo que recibimos por cederles el derecho de compra de esa energía. Eso no está mal, al contrario, está muy bien, porque se traducirá en una mayor producción, mucha mejor exportación, gran demanda de mano de obra, con el consecuente aumento de mercado interno y considerable reducción de la pobreza. Aún sin saber de finanzas, creo que sería un excelente negocio para el país.
Lo que si debemos empezar a considerar es que la energía de Itaipú tiene un límite. Que si empezamos a crecer, lo mejor que nos puede pasar es que sigamos creciendo, y que necesitemos aun más energía limpia de la que proporcionan nuestras hidroeléctricas. Y que es hora de que empecemos a prepararnos para otras energías alternativas, como la energía solar.
Es hora de disponer que los nuevos edificios, en especial los públicos, sean dotados de paneles solares. Porque algún día dejemos de depender del petróleo importado. Porque el Paraguay lo merece. Porque el planeta lo pide, a gritos desesperados.
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Senadora acusa a su colega de piratear su proyecto de ley
La sala de prensa del Senado, fue escenario de una acalorada pelea entre los congresistas de la oposición Yolanda Paredes y Líder Amarilla, quienes se disputaron la autoría de un proyecto de ley que plantea la universalización de la pensión otorgada a los adultos mayores.
La dirigente de la agrupación Cruzada Nacional acusó a su colega del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de piratear su propuesta. “Sos un trato kure Líder, eso no se hace con el compañero. Yo no me voy a adueñar de un proyecto tuyo. Por qué tenemos que hacer esta discusión frente a toda la gente”, recriminó enfurecida Paredes.
Tras ser increpado, Amarilla dio su versión manifestando que en la Cámara Alta existen actualmente otras 2 propuestas similares a la impulsada por Paredes, razón por la cual la Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, que preside impulsó una mesa de trabajo con el fin de unificarlas y asegurar un rápido tratamiento en el pleno.
Asimismo, detalló que finalmente el proceso de agrupar las tres iniciativas fue concretada y que incluso la decisión fue avalada con la firma de Paredes en el documento. No obstante, la parlamentaria reconoció la situación, pero comentó que rubricó la propuesta sin tener conocimiento de la última decisión adoptada.
“No se puede hablar con una persona que no sabe lo que firma, que retire su firma si no está de acuerdo. El concepto de los tres proyectos está unificado, la diferencia es que la senadora quiere que el tratamiento se haga sobre su proyecto o sobre un dictamen de la comisión. No les parece correcto que se trate de una vez los tres proyectos”, refirió Amarilla.
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Sin embargo, Paredes volvió a sostener que Amarilla y sus colegas terminaron “adueñándose “de su propuesta. “¿Por qué tenes que hacer un nuevo proyecto? Yo te hablé y te expliqué que firmé sin saber lo que ustedes estaban haciendo. Haces fotocopias para distribuir a la gente como si fuera que ustedes hicieron un proyecto nuevo”, sostuvo.
Acotó que “presentas a la prensa que yo consentí esta iniciativa y eso no se hace. Estas propuestas tienen que ser tratadas por dictámenes de la comisión. Yo presenté un proyecto, desde setiembre que estoy trabajando, no pueden adueñarse de un proyecto”, dijo.
Lo que establece la propuesta unificada
El proyecto pretende la universalización del acceso a la asistencia estatal, estableciendo que todas las personas que tengan 65 años de edad puedan cobrar a excepción de los nativos quienes podrán obtener el beneficio a los 55 años de edad. Según el resultado del último censo, 516 mil ciudadanos tienen esa edad y de ese número solo 312 mil personas cobran la pensión de adultos mayores.
A la par indica que 670.000 guaraníes es lo que actualmente se cobra en concepto de pensión para adultos mayores y que la propuesta legislativa pretende aumentar al 50 % del salario mínimo vigente, aproximadamente a 1.300.000 guaraníes. Indica que el cobro podrá concretarse en un periodo de 30 días a partir de una declaración jurada.