Vecinos de una comunidad de Capiatá denunciaron haber sido intoxicados luego de ingerir agua contaminada a causa de ranas muertas que quedaron entre las cañerías. Los mismos exigen al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) la instalación de una aguatería definitiva en la zona para solucionar el problema.
Los afectados son pobladores del Complejo Habitacional Canaán, quienes ante el grave hecho realizaron una manifestación pacífica y denunciaron las irregularidades en el servicio de agua potable proveído en la localidad.
Según señalaron al canal C9N, desde hace bastante tiempo sufren inconvenientes con la provisión, teniendo en cuenta que reciben el líquido vital de una granja donde está instalado un tanque que no se encuentra taponado. A raíz de ello, el agua alojada en su interior suele contaminarse con insectos, hojas o arena.
Según denunciaron, en una oportunidad llegaron a encontrar ranas muertas que taponaban la cañería, lo cual hizo que varios vecinos hayan sufrido una intoxicación tras ingerir el agua contaminada.
A esta situación se le suman los cortes o la falta de presión que son más frecuentes en la época de verano cuando existe una mayor demanda. “Imaginate venir de tu trabajo y no poder ni bañarte”, mencionó una de las vecinas. El pedido en común que realizan a las autoridades es que intervengan el lugar y que se pueda instalar una aguatería de manera definitiva, contando con todas las condiciones necesarias para proveerles agua potable y que no sufran cortes permanentes.
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Juez desestimó denuncia contra presidente del Congreso
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia desestimó la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito que se había presentado contra el actual presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez. El pedido para archivar el presente caso fue solicitado por el agente fiscal Irán Suáres.
Estigarribia sostuvo en su resolución que “es importante destacar que, tal como se expone en el requerimiento de la Fiscalía, no se han identificado otras conductas relevantes que pudieran ser objeto de investigación bajo la normativa vigente. Es competencia exclusiva del Ministerio Público investigar la existencia de indicios de otros hechos punibles, y en este caso, no se han aportado elementos que justifiquen una investigación adicional”, indica parte del fallo.
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Agregó que “al no estar reunidas las condiciones legales que ameriten el ejercicio de la acción penal pública y conforme al requerimiento citado y al alcance del artículo 305 del Código Procesal Penal, corresponde, a criterio de este juzgado, hacer lugar a lo peticionado por el Ministerio Público, por corresponder en derecho y desestimar la denuncia”, señala la resolución de Estigarribia.
El Ministerio Público pidió que se archive el presente caso atendiendo a que se realizaron varias diligencias investigativas donde se pudo constatar que Núñez no cometió ningún delito.
Igualmente, refiere la Fiscalía que el informe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) también habría señalado que no se constató reporte de operaciones sospechosas realizadas por el parlamentario.
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Denuncian a ministro brasileño por supuesto acoso sexual
El ministro de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de Brasil, Silvio Almeida, fue señalado ayer jueves de acoso sexual por parte de varias mujeres a través de la organización Me Too.
Almeida negó las acusaciones, que consideró “mentiras” de una “campaña” para afectar su “imagen como hombre negro en una posición destacada en el sector público”.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reconoció “la gravedad” de los señalamientos y abrió un procedimiento de investigación a cargo de la Comisión de Ética de la Presidencia.
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“El caso se está tratando con el rigor y la celeridad que exigen las situaciones de posible violencia contra las mujeres”, indicó en un comunicado. Me Too Brasil reveló este jueves haber recibido “denuncias de acoso sexual” contra Almeida, en el cargo desde que comenzó el tercer gobierno de Lula, en enero de 2023.
“Apoyo psicológico y jurídico”
Las mujeres “fueron atendidas a través de los canales de servicio de la organización y recibieron apoyo psicológico y jurídico”, indicó la ONG, sin dar detalles de los supuestos hechos ni de las denunciantes.
La organización, que lucha contra el acoso, sostuvo en una nota que las mujeres tuvieron dificultades para “obtener apoyo institucional para la validación de sus denuncias”.
Debido a estos escollos, considerados frecuentes por Me Too en casos de violencia sexual que involucran a agresores en posiciones de poder, las denunciantes aprobaron la divulgación del asunto en la prensa. Una de ellas sería otra ministra del gobierno de Lula, según el portal Metrópoles.
Almeida, un abogado y profesor universitario de 48 años, repudió “con absoluta vehemencia” las acusaciones, exigió las supuestas pruebas en su contra y afirmó que pedirá al Ministerio de Justicia, a la Contraloría General de la Unión (CGU) y a la fiscalía que investiguen.
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“Cualquier denuncia debe ser investigada con todo el rigor de la ley, pero los hechos deben ser expuestos para poder ser investigados y enjuiciados”, dijo el funcionario en un comunicado.
El ministro fue llamado la noche de este jueves por el contralor general, Vinícius Carvalho, y el abogado general de la Unión, Jorge Messias, para dar explicaciones, según el gobierno.
Fuente: AFP
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Denuncian falsificación de documentos para desalojo irregular de 10 hectáreas
Este martes, integrantes de una familia reportaron que el pasado 6 de agosto, fueron desalojados de la propiedad donde residen hace más de 30 años en la compañía Costa Salinares de la ciudad de Capiatá y de la cual tienen el título. Denuncian que el desalojo fue totalmente irregular y que existe complicidad de la Fiscalía y la Municipalidad, desde donde aparentemente expiden títulos falsos.
Doña Agustina Vera Vda. de Cabrera, esposa de quien en vida fuera don Venancio, legítimo dueño de las 10 hectáreas desde 1945 y que falleció en el 2003, y su hija Elvira, denuncian que fueron cruelmente desalojadas de la propiedad. La familia fue sacada del sitio por una comitiva encabezada por el fiscal Hugo Marcelo Pérez.
“El fiscal me dijo que estaba cumpliendo con el protocolo de denuncia por invasión y que el procedimiento está hecho dentro de la ley. Ante mi reclamo me dice que si tengo los documentos que me presente en la Fiscalía, de inmediato llegué al lugar, pero Pérez ya no se hizo encontrar”, detalló Fabián Ferreira, abogado de la familia afectada, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
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Amenazas
El abogado afirmó que presentó los documentos sobre la causa 800/2024 y solicitó las copias como la intervención, pero cuando fue a retirar las copias le dijeron que no era la causa. Entonces le volvieron a pasar otro número de causa para volver a realizar el trámite, de esta forma intentaban desviar del caso al representante de los afectados.
“El fiscal me dijo que deje de presentar los documentos porque se trata de una denuncia contra una persona innominada, por lo que mis representados no tenían intervención ni yo como su representante legal. Le reclamé eso y me pidió que le lleve a mis clientes para declarar”, apuntó.
Explicó que una vez que llegaron a la unidad fiscal como para declarar y mientras esperaban para realizar el trámite fueron amenazados con ser detenidos. “Salió la asistente del fiscal y me dijo; te manda a decir el fiscal que si declaran saldrán de acá detenidos. Les pregunté por qué y me dijeron que no tenían porqué darme explicación porque no teníamos intervención”, refirió.
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Doble identidad
Según la denuncia, un exfuncionario de la Municipalidad de la ciudad, que utiliza dos identidades una como Federico Joel González y otra como Federico Ramón González, es quien empadronó la finca de los Cabrera y vendió parte de la propiedad a otras personas. Estas personas nunca recibieron los títulos de propiedad.
“El cuando inscribe o empadrona en catastro lo hace como Federico Ramón, pero cuando hace el contrato de compra-venta lo hace como Federico Joel. Tienen doble identidad y dos números de cédulas, todo ya fue denunciado y solicitamos al Ministerio Público que solicite el prontuario de este hombre”, indicó. Afirmó, que ofrece los terrenos en redes sociales y solicita una entrega, pero nunca da los documentos.
Superposición de fincas
Ferreira detalló que en la Unidad 3 de la Fiscalía se presentaron todas las pruebas del Servicio Nacional de Catastro y Registro Público que demuestran que esta propiedad de 10 hectáreas se trata de la finca 819 padrón 1375 y que corresponde a la familia Cabrera Vera.
“Ellos están superponiendo fincas y padrones que ellos inventaron porque tienen contactos en el catastro creando problemas a personas humildes. Tengo todos los informes del catastro y registro público en los que queda demostrado que son un grupo de delincuentes dedicados a la falsificación de títulos”, indicó el abogado. Solicitan al Ministerio Público que tome cartas en el asunto e investigue el caso.
Único heredero
Por su parte, el abogado Joel González, explicó en canal GEN/Nación Media que no estaban enterados de esta situación y que esa propiedad siempre perteneció a su familia desde hace casi 80 años. Afirmó que no tienen doble identidad, sino que, su padre es Federico Ramón, que es el único dueño de la propiedad, y que él es Federico Joel.
“Este es un problema de 1945 y no puedo influir en nada de lo que pasó antes. Yo soy heredero de Federico Ramón González, que es mi papá y a su vez heredó de su papá, lo que es de él es nuestro. Lo que están diciendo sobre falsificación de documentos para mi es muy relevante porque está registrada nuestra finca en el Registro Público”, indicó.
Agregó que cuentan con todas las documentaciones legales de la propiedad y que se trata de la finca 43.063 en el año 1998. “El único dueño es mi padre, esta propiedad viene de mi bisabuelo Ignacio González. Mi padre fue el heredero solo del remanente y otra parte fue parte de pago de los abogados, porque no tenía dinero en ese momento”, concluyó.
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Fiscal imputa a exfuncionario de Niñez por incumplimiento alimentario
La agente fiscal Laura Guillén imputó a Roberto Diaz González por incumplimiento del deber legal alimentario. El hombre, que adeuda 9 meses de prestación a su hijo, fue denunciado por la madre del menor en junio pasado.
En conversación con La Nación, la fiscal había asegurado que el denunciado se comprometió a saldar su deuda a finales de agosto, pero no lo hizo. Había argumentado que se quedó sin trabajo y que por esa razón no podía honrar su deber como padre.
“La señora realizó la denuncia el 14 de junio del corriente en sede del Ministerio Público por supuesto hecho punible de incumplimiento en el deber legal alimentario; en marco de la causa se solicitaron informes, oficios y también una declaración del acusado”, detalló la fiscal.
Guillén resaltó que ante un incumplimiento del deber alimentario, el Ministerio Público debe demostrar el dolo y en este caso en particular, indicó que deberán comprobar si el hoy imputado cuenta con propiedades, bienes o solvencia para efectuar el pago de la prestación alimentaria a su hijo.
Se solicitaron informes para comprobar si Díaz no cuenta con automóvil, motocicleta, propiedad, entre otros, para demostrar su capacidad económica.
Fue funcionario de Niñez
Díaz fue funcionario del Poder Judicial y llegó a cumplir labores en la sede de la Secretaría de Atención a la Niñez en J. A. Saldívar, pero habría sido desvinculado por un caso de supuesto abuso sexual en niños, del que posteriormente fue sobreseído provisoriamente.
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