Según la abogada Diana Vargas, experta en Derechos Humanos, no es una novedad que surjan denuncias de abuso y tortura en establecimientos militares, sino más bien ya se convirtió en un hecho cíclico y forma parte de la cultura institucional. Aseguró a la 800 AM que por el ambiente de tensión que se creó tras haberse divulgado el caso, difícilmente los cadetes puedan animarse a aportar más datos sobre las irregularidades que hayan pasado con sus instructores.
La profesional considera que las denuncias surgidas desde la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López (Academil) por parte de familiares de cadetes quedarán una vez más sin ser esclarecidas y en la impunidad. “Paraguay no es como cualquier país donde este tipo de hechos son un escándalo, ruedan cabezas y hay grandes investigaciones. No, aquí por el contrario quedan en la impunidad. Entonces, como sociedad tenemos todavía un problema, nuestro problema es con la democracia”, declaró. A criterio de Vargas, las visitas de legisladores y de representantes de organismos de defensa de derechos humanos tampoco aportan mucho para evitar que se repitan experiencias de esta naturaleza en las unidades militares.
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El miserable corporativismo en busca de la impunidad
La sociedad es testigo y está consciente del perverso juego de protección corporativa de dos cadenas de medios de comunicación a favor de quien fuera su aliado y proveedor –a través del Estado– en el periodo presidencial 2018-2023, y que el juicio anticipatorio de la historia ya ha condenado como el más corrupto de toda la transición democrática. Los tribunales de la república, llegado el momento, solo habrán de confirmar esta sentencia inapelable ante la abrumadora contundencia de las pruebas incriminatorias, no solo en los ministerios del Ejecutivo, sino, y especialmente, en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, cuyas actuales autoridades tienen la responsabilidad moral de aventar las suciedades que todavía se encuentran camufladas debajo de la alfombra.
Desde el primer día de su mandato, advertíamos al presidente Santiago Peña que el mayor desafío que tiene por delante era moralizar nuevamente las instituciones públicas, al tiempo de devolverles eficacia –esto es, lograr los objetivos deseados– en el cumplimiento de sus cometidos fundamentales. Todos los esfuerzos del gobernante y su equipo envían señales inequívocas de que se encuentran en ese camino: el de la rectitud y la capacidad realizadora, mal que les pese a los agoreros del fracaso ajeno. Pero, en la otra ribera, todavía queda una tarea pendiente, y estamos convencidos de que no tardará en ejecutarse.
Aprobados en el Congreso de la Nación los proyectos que tienen categoría de política de Estado y que apuntan directamente a derribar las históricas injusticias sociales, la Auditoría General del Poder Ejecutivo debe exponer a la consideración ciudadana el cuantioso perjuicio de la administración anterior al patrimonio que es de todo el pueblo. Sabemos que se trata de una investigación que requiere pericia, seriedad y cotejo de una voluminosa documentación, para que no queden resquicios o flancos débiles a los que les encantaría disparar a las dos corporaciones mediáticas que decidieron apostar por la impunidad cómplice, presionando y hostigando tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Corte Suprema de Justicia. Y lo hacen con una alevosía que ni siquiera inmuta a ningún periodista de esos medios, quienes, sin embargo, pretenden erigirse en los abanderados de la trasparencia y la integridad.
Los mismos han pisoteado sin ningún escrúpulo ni pudor las reglas más elementales del periodismo, con tal de manipular los hechos, enmascarar la realidad y distraer la atención de los delitos más repugnantes y miserables perpetrados en agravio de miles y miles de familias, de condiciones humildes, quienes, en medio del llanto de la impotencia, veían cómo sus seres queridos morían por la insensibilidad de un Gobierno que prefirió desviar 1.600 millones de dólares, antes que aliviar el dolor de un pueblo asediado por la pandemia del covid-19. Fallecieron por falta de insumos, medicamentos, camas para terapias y, lo más triste, de oxígeno. El resultado fatal, al 15 de agosto de 2023, cuando Mario Abdo Benítez entregó el poder, fue de 19.880 decesos. Muchos de ellos pudieron ser evitados, si no fuera tanta la angurria, la improvisación y la dureza de corazones de quienes pensaron exclusivamente en sus bolsillos y no en el sufrimiento de la población. Los escasos hospitales de contingencia solo fueron montados con el propósito de propiciar las fotografías en los medios amigos y así continuar con el despilfarro de los recursos del área de la salud.
Este es el personaje y su equipo a los que están defendiendo estas corporaciones. Lo están haciendo ahora ante las irrebatibles pruebas de que utilizaron las instituciones del Estado para filtrar informaciones adulteradas algunas, y confidenciales otras, para tratar de eliminar de la carrera electoral a sus enemigos internos de la Asociación Nacional Republicana. Maniobra infame a la que se prestaron los bien identificados medios de comunicación por una doble y espuria motivación: la primera, para extender un manto oscuro de defensa sobre su aliado político y comercial; y la segunda, para obstaculizar cualquier iniciativa jurídica emprendida por los líderes del movimiento Honor Colorado en procura de justicia. Hasta pretenden, en un cinismo y descaro sin límites, deslegitimar la mayoría que hoy tiene el Partido Colorado en las cámaras de Diputados y Senadores, en alianza con representantes de otros sectores políticos democráticos. Sin embargo, en el pasado reciente celebraban la que fuera construida prioritariamente contra el cartismo entre los leales a Mario Abdo Benítez y sus satélites del Partido Democrático Progresista (PDP), liderados por la ahora exparlamentaria Desirée Masi. Sinuoso trayecto que hoy continúa con puntillosa fidelidad su marido, el senador Rafael Filizzola. Ahí es cuando la hipocresía exhibe su rostro más despreciable ante una sociedad frente a la cual perdieron todo vestigio de confianza y credibilidad. Y lo hicieron por sus propias acciones, al promover un corporativismo para la impunidad; en otras palabras, para dejar sin castigo al voraz latrocinio público, el despilfarro en avisaje fiscal y publinotas empalagosas, y la grosera manipulación de los organismos del Estado para atacar a sus enemigos políticos. Y a esta campaña se sumaron algunos seudoopositores, evitando el desafuero de quien, alguna vez, más pronto que tarde, deberá enfrentar estos cargos y rendir cuentas ante la Justicia. El pueblo, repetimos, ya lo hizo hace rato.
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Lucha contra la corrupción e impunidad es clave para EE. UU.
El coordinador de Anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Nephew, realizó su segunda visita a nuestro país, oportunidad en la que se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, miembros de su gabinete, otros poderes estatales y con varias organizaciones civiles.
“Durante estas productivas reuniones mencionamos que la lucha contra la corrupción es clave para la seguridad nacional, es una prioridad de política extranjera para Estados Unidos e incluye nuestro compromiso en apoyar a una sociedad libre e independiente así como la prensa independiente y el sector privado”, manifestó Nephew.
A lo largo de los diversos encuentros, el representante del Gobierno estadounidense conversó sobre las potenciales áreas de colaboración para continuar abordando temas principales como la corrupción, según indicó, al tiempo que mencionó que para que esto sea posible, la lucha contra la impunidad es esencial.
“La rendición de cuentas y la reducción de impunidad son fundamentales en poder abordar y prevenir la corrupción. El abordaje de la corrupción es esencial para que Paraguay pueda expandir su economía mientras que cuida su democracia”, afirmó el coordinador del Departamento de Estado.
El gobierno de Estados Unidos continuará utilizando herramientas para avanzar en pos de esta agenda, afirmó Nephew, quien señaló que esto incluye el fortalecimiento de las capacidades de justicia criminal, control y en las instituciones con responsabilidades en esta área. Asimismo, sostuvo que el Gobierno norteamericano está unido y que mantiene una comunicación directa y fluida con la embajada de dicha nación en Paraguay.
Antes de las declaraciones de Nephew, el embajador Marc Ostfield brindó unas breves palabras en las que refirió que esta segunda visita del coordinador de Anticorrupción representa la reafirmación de Estados Unidos en su apoyo en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y además destacó el apoyo que están recibiendo de parte de este funcionario de Estado.
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El Poder Judicial debe demostrar que está decidido a eliminar la impunidad, afirma Nakayama
El senador Eduardo Nakayama señaló que la situación de nuestro país en cuanto a justicia está aún muy lejos de lo que se espera y que tanto la sociedad como el poder político deben exigir muestras al Poder Judicial de que verdaderamente están comprometidos a eliminar la impunidad, uno de los males endémicos que afecta a Paraguay.
“Tenemos que empezar a exigir al Poder Judicial que comience a demostrar con creces que están dispuestos y decididos a eliminar la impunidad en nuestro país”, aseveró el legislador y señaló que una deuda que aún está pendiente en nuestro país es el buen funcionamiento de los tres poderes del Estado.
El parlamentario afirmó que es necesario que existan sentencias más fuertes y ejemplificadoras para casos de corrupción, de modo que realmente pueda disuadir a los actores políticos a no cometer este tipo de actos y les haga llegar a la conclusión que una conducta corrupta no será tolerada por la sociedad.
“Por eso el Ministerio Público debe ejercer la acción penal en representación de la sociedad, por eso se critica cuando la Fiscalía actúa como garrote para poder perseguir a unos sectores o cuando actúa con mucha complacencia con sectores afines, ese no puede ser el rol de un Ministerio Público, porque de esa manera no está cumpliendo el papel que la sociedad le encomienda que cumpla”, aseveró a la 1020 AM.
El Poder Judicial adolece desde hace mucho tiempo graves irregularidades, afirmó Nakayama, quien apuntó como responsable de esta situación a la dependencia de dicho poder a los sectores políticos. “El Paraguay está en el puesto N.° 138 de 141 países por falta de independencia del Poder Judicial”, refirió y mencionó a que también la justicia está permeada por las influencias del Parlamento a través del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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La batalla contra la corrupción no debe dejar impune el pasado
El gobierno del presidente Santiago Peña ha diseñado una política de contención (en su acepción de impedir, detener, frenar) los procesos que corrompen las instituciones del Estado y que involucran indefectiblemente a funcionarios públicos y actores del sector privado. Como consecuencia de una larga herencia de atracos inmisericordes a los recursos del Tesoro, la tarea de cortar de raíz los actos de latrocinio será una campaña difícil, compleja, pero no imposible.
Este fenómeno –el de la corrupción– es un monstruo de varias cabezas que se fue multiplicando a razón de su caldo de cultivo predilecto: la impunidad. Esto es, el delito sin sanción, ante la mirada de una sociedad indignada en contra de aquellos que ostentan impúdicamente sus riquezas adquiridas ilegalmente; mientras el pueblo sufre los acosos de las angustiantes penurias que provocan la pobreza y la pobreza extrema. Ese es otro gran desafío que tiene por delante la actual administración. Aunque, en realidad, se trata de un mismo drama con dos rostros diferentes. Las malversaciones públicas, que engordan el cinturón de los inescrupulosos, repercuten directamente sobre los territorios más vulnerables de nuestro país.
El manejo ordenado, trasparente y honesto de la cosa pública es un imperativo ético, como el primer y fundamental paso para moralizar nuevamente las estructuras del Estado. Ese es el camino para recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Una ciudadanía, aunque en etapa de construcción, cada vez más harta y menos paciente ante una corrupción que, como un virus maldito, contaminó grandes espacios del Gobierno y la sociedad. La historia nos enseña que, incluso los imperios más poderosos, cayeron a causa del relajo de las buenas costumbres, la falta de patriotismo y la venalidad. Es por ello que se debe asimilar conscientemente que el poder es apenas un pasaje transitorio en la vida de los gobernantes. Lo realmente importante es cómo utiliza ese poder. Y cómo los recordará la gente una vez que concluya su mandato.
Pero si existe una política para enfrentar la corrupción en el presente, tampoco debe olvidarse de los saqueos al Estado durante el periodo anterior. Nuestro propio diario ha publicado cuantiosos daños al patrimonio del Estado en algunas de sus dependencias: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Educación y Ciencias y, últimamente, han saltado impresionantes deudas sin sustentos legales en el Ministerio del Interior y la Secretaría de Emergencia Nacional, entre otras. Además de nuestras publicaciones, estas denuncias fueron el eje de los discursos de varios de los referentes del movimiento ganador de las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana, en diciembre de 2022.
Así que enorme trabajo tienen por hacer los responsables de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Así como las oficinas similares de todos los ministerios, entes descentralizados y empresas hidroeléctricas binacionales. Ningún proyecto tendrá un andamiaje sólido si se construye sobre los cimientos de la corrupción y la impunidad que dejaron como legado las autoridades que entregaron el poder el pasado 15 de agosto.
La gente de buen pensar sabe las condiciones en que el presidente Santiago Peña recibió el país y el Estado. Que, también debemos decirlo, los políticos y medios afines al anterior mandatario, Mario Abdo Benítez, tratan desesperadamente de tapar atacando de manera desleal e inmisericorde al gobierno actual. Es por ello que el presidente Peña debe apurar las investigaciones en las áreas que señalamos más arriba y enviar las conclusiones al Ministerio Público para que, a través de sus diferentes agentes designados, puedan rastrear con mayor precisión forense todas las barbaridades administrativas perpetradas por quienes mal utilizaron los recursos del Estado para provecho propio.
El presidente Santiago Peña no tiene ninguna complicidad con ese pasado, pero sí una enorme responsabilidad con el presente. Tenemos una ciudadanía esperanzada en que hará lo correcto para devolver al Paraguay por el camino de la institucionalidad y la recomposición moral del Estado. Dos acciones imprescindibles para mirar con optimismo el futuro.