Fiscala cuestiona a jueza por no ordenar detención
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Néstor Escobar Rodríguez agredió a su ex pareja Perla Susana Ricardo Vera, de 30 años, madre de dos niños, el pasado lunes, dos días antes de asesinarla el miércoles con cinco disparos de arma de fuego y quitarse la vida con un balazo en el pecho en el distrito de Jesús de Tavarangue, en el departamento de Itapúa.
La fiscala Liliana Galeano afirmó que el hombre violó la orden de restricción que pesaba en su contra y le prohibía acercarse a la mujer. Policías de la Comisaría 26ª informaron de esta situación a la jueza Soledad Benítez, quien solo lo convocó a una audiencia y no ordenó su detención.
La mujer acudió a la Comisaría 26ª y al Juzgado de Paz a cargo de la jueza Benítez, quien estaba al tanto de esta agresión y que solo habría advertido al hombre con detenerlo. Perla específicamente denunció que Escobar violó la orden de exclusión al llegar a la vivienda para violentarla el pasado lunes. “No soy quién para juzgar, pero se tuvo que haber aprehendido al hombre, comunicar al fiscal y decretar su prisión preventiva. El hombre tenía una denuncia, días antes ya violó la restricción y llamarlo nuevamente solo a una audiencia no me parece”, expresó Galeano ayer de mañana. La fiscala lamenta que la jueza no ordenó la detención del hombre, sino que solo advirtió sobre el hecho punible de desacato. Entre la mujer y el hombre tienen una criatura de 2 años, que fue testigo de cómo Escobar Rodríguez cometió el hecho al igual que el padre de Perla.
“Su hijo de 2 años y el papá de ella presenciaron el asesinato. Ellos ya estaban separados, hace poco el hombre con un estoque fue a la casa de la familia de ella, intentó agredir a sus hijos, intervino la Policía y se comunicó al juzgado.
El hombre estaba muy enojado, ayer tenían una audiencia en el Juzgado de Paz por violencia doméstica”, expresó Galeano, fiscala del caso.
La Policía Nacional logró la detención del supuesto líder de una banda que robó un cajero automático de la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Natalio, en Itapúa. Se trata de Anacleto Benítez Brítez, quien fue aprehendido durante un allanamiento de vivienda en el barrio San Isidro, de Ciudad del Este, Alto Paraná.
Para llegar al sujeto se desplegó una tarea investigativa y de inteligencia que fue realizada a través de coordinación institucional entre personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Itapúa y Alto Paraná, además del personal del Departamento de Defraudación y Estafa.
El procedimiento se realizó en prosecución a la investigación a varios hechos de robo agravado a cajero automático de Yatytay y del Banco Nacional de Fomento de Natalio, además de locales comerciales y transportadoras de encomiendas de la ciudad de Caaguazú, según el reporte policial.
La Policía considera que Benítez sería el cabecilla de la gavilla de asaltacajeros que perpetró atracos en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. La aprehensión se produjo cerca de las 14:30 de este martes. El hombre habría sido reconocido por la Policía, tras la revisión de las imágenes del circuito cerrado de uno de los atracos del que participó.
Según los investigadores, la banda criminal que cometió el robo en Natalio estaría liderada por paraguayos que habrían sido asesorados por asaltantes brasileños. El grupo que perpetró el asalto y destrozó con explosivos el local de la entidad bancaria sería el mismo que hace más de dos años viene sembrando el terror en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Caaguazú asaltando a transportadores de caudales y a entidades bancarias, de acuerdo a los encargados de las pericias.
Tres empleados de empresas de telefonía fueron detenidos al estar presuntamente vinculados al esquema de vaciamiento de cuentas bancarias. Foto: Gentileza
Detienen a empleados de telefónicas vinculados a esquema de vaciamiento de cuentas
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La Policía descubrió que dentro de conocidas empresas de telefonía estaría operando una red que se dedicaba al vaciamiento de cuentas bancarias. Durante sendos allanamientos en las ciudades de Villa Elisa, San Lorenzo y J. Augusto Saldívar se pudo detener a tres personas y se incautaron evidencias que prueban el modus operandi de la gavilla.
Los procedimientos se realizaron a tempranas horas de este viernes durante los cuales se comprobó el acceso indebido a datos por parte de los funcionarios infieles. Fue en seguimiento al trabajo investigativo desplegado en prosecución a un supuesto hecho de acceso indebido, alteración de datos y otros, que está a cargo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen.
Es así que los investigadores llegaron a las viviendas de los sospechosos ubicadas en las ciudades de Villa Elisa, San Lorenzo y J.Augusto Saldívar, donde se logró la detención de dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad y cuya identidad no fue proveída por la Policía Nacional.
Los mismos presuntamente formaban parte de la misma organización delictiva cuya modalidad consistía en bloquear los números de líneas telefónicas valiéndose del privilegio de ser funcionarios de empresas telefónicas y volvían a reactivar en otros dispositivos para acceder a las billeteras electrónicas o cuentas bancarias de sus víctimas, confirmó la Policía a través de sus redes sociales.
Así también se informó que de los lugares intervenidos fueron incautados aparatos celulares, tarjetas Sim Card, dispositivo de almacenamiento, anotaciones y documentaciones varias. Los detenidos junto con los objetos y todo lo actuado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público que deberá abrir una carpeta investigativa en torno al caso.
La denuncia concreta es que aparentemente desde sus sistemas estos empleados bloqueaban las líneas telefónicas, reactivaban en otros chips los números y así accedían a las billeteras electrónicas y cuentas bancarias.
Detienen a adicto por el robo de instrumentos musicales de una escuela
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Una comitiva policial-fiscal realizó un allanamiento en el barrio Santa Ana de Asunción, en que se produjo la detención del supuesto autor del robo de unas violas de la Escuela de Música de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. El aprehendido se declaró consumidor de drogas y alegó que ya comercializó los instrumentos por G. 200.000 cada uno.
“Qué voy a decir si ya sucedió todo. Yo ingresé realmente a la escuela, no puedo negar, es positivo, ya hice todo. Vendí solo por 200.000 cada uno, eso no es nada. Me dicen que cuesta cinco millones, pero es una porquería, parece un juguete de criatura”, señaló -en guaraní- el sospechoso a C9N, aunque se negó a dar datos sobre la identidad de la persona que compró las dos violas.
La intervención se dio en una vivienda ubicada sobre las calles 43 Proyectadas y Capitán Figari, bajo la coordinación del departamento de Investigación de Hechos Punibles y personal de las comisarías aledañas. El detenido aseveró que es consumidor de crack y precisamente para comprar la sustancia habría efectuado el hurto. Minimizó el valor de la sustracción y señaló que él es un enfermo y que necesita fumar la droga.
El detenido se declaró consumidor de crack. Foto; captura de pantalla
La escuela de música ubicada en el barrio Roberto L. Petit fue blanco de un robo en la madrugada del martes 30 de abril. Los malvivientes se alzaron con dos violas. El momento del ilícito fue captado por la cámara de seguridad de la institución. Aparentemente habrían sido dos los malvivientes, uno quedó abajo mientras el otro trepaba hasta el segundo piso de la institución para alzarse con los instrumentos.
Desde la escuela habían precisado que los instrumentos se encuentran catalogados y registrados bajo un código con el cual se puede comprobar su procedencia. La persona incluso había sido reconocida por los dirigentes de la institución, que incluso hablaron con la madre del hombre para tratar de recuperar los instrumentos.
El abogado Adriano Enríquez, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la fiscala María Verónica Valdez Rivas.
La recusación es porque en tiempo récord pidió el blanqueamiento definitivo de la exjueza Tania Irún, procesada por prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
De acuerdo al documento que deberá ser analizado por los integrantes del JEM, que señala que “el 3 de abril la imputada exjueza Tania Irún recusó a la fiscala Natalia Fuster, quien llevaba cuatro años recolectando los elementos probatorios contra la exmagistrada”.
Agrega que en la misma fecha que fue recusada la fiscala Fuster se le designó a la agente del Ministerio Público Valdez, quien estaba en un juicio oral cuando fue comunicada que entendería en la causa Irún por lo que se supone que no tuvo tiempo de mirar unas páginas de los 27 tomos de la carpeta fiscal que tiene el presente caso, por lo que su actuación llamaba poderosamente la atención”.
También se agrega que “del voluminoso cúmulo de actuaciones obrantes en el cuaderno de investigación elaborada por la fiscala Fuster es inédito que la fiscala Valdez en menos de doce horas y a través de un plumazo pretendió blanquear de forma alevosa a la exjueza Irún pidiendo su sobreseimiento definitivo cuando que no tuvo tiempo de revisar objetivamente la carpeta de investigación”, señala la acusación del abogado Enríquez.
VOTOS DE MINISTROS DE LA CORTE
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes del JEM, habían votado por la destitución de la entonces jueza civil Tania Irún por considerar que la misma ha violado abiertamente la Ley n.° 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Ante la duda que genera la actuación de la fiscala Verónica Valdez el presente pedido de sobreseimiento definitivo deberá ser estudiado por el juez penal de Garantías Yoan Paúl López, quien podrá resolver dar trámite de oposición ante el pedido realizado por la mencionada representante del Ministerio Público. En caso de que sea así, será el fiscal general de Estado quien evaluará si se tienen los elementos de prueba para poder rectificar el requerimiento inferior y presentar la acusación correspondiente contra Irún.