El agente fiscal Federico Delfino formuló imputación ayer contra el abogado Diego Lansac, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción, coacción grave, y, lesión de derecho a la comunicación y a la imagen.
Ayer detuvieron al conocido abogado Diego Lansac, de 45 años, por un presunto caso de sextorsión que fue denunciado por una mujer con la que mantuvo una relación laboral y sentimental. El hombre solicitó un automóvil a cambio de no publicar fotografías privadas mediante un perfil falso en redes sociales.
“Él se presenta en el Ministerio Público y ahí se procedió al cumplimiento de la orden de detención que fue emanada por el fiscal del caso. Sigue detenido en el departamento Antisecuestro”, afirmó ayer el comisario Mario Vallejo, subjefe de Antisecuestro.
Desde la Policía señalan que Lansac accedió al celular de la mujer y luego amenazó con viralizar sus fotografías privadas. La víctima manifestó que las amenazas las recibió el año pasado mientras el proceso seguía su curso hasta que se presentó en una sede fiscal, ayer. El abogado es cuestionado por internautas por reivindicar la dictadura de Alfredo Stroessner.
“Había una denuncia de extorsión vía Instagram, se procedió a la investigación y se pudo corroborar su participación. Hemos informado en tiempo y forma al Ministerio Público y se procedió a su captura”, explicó el jefe policial en conferencia de prensa.
Dejanos tu comentario
Betha Borba recurre a abogado tras polémica edición: ¿accionará contra fotógrafo?
La influencer y exreina de belleza Bethania Borba desató polémica por criticar públicamente la edición que realizó el fotógrafo Josué Otazú para su imagen. Se trata de una campaña que realizó la también modelo hace ya dos años para la revista Aleiram Chic, pero que se volvió a viralizar luego de que el profesional compartiera recientemente el detrás de cámara. En medio del revuelo en redes, el joven reveló que fue contactado incluso por el abogado de la famosa.
Invitado al programa Aire de Todos, de Montecarlo FM y el canal GEN, Josué Otazú se mostró sorprendido por la reacción de Bethania Borba a la publicación. Según comentó el profesional, la exreina de belleza prefirió comentar el posteo criticando públicamente su edición, “denigrando” su trabajo, antes de contactarlo personalmente.
“Luego ella me escribió al privado pidiendo que baje la publicación. Si hubiera hecho esto antes de dejar el comentario, sin ningún problema lo hubiera hecho. Todo se soluciona conversando”, expresó. Ya esta tarde, el abogado de la influencer se contactó con el profesional tras la polémica.
Lea también: Betha Borba en conflicto con fotógrafo: “La edición más horrible”
Fue en este contexto que Otazú explicó que, como profesional, tiene contrato con la productora que hizo la campaña de Bethania Borba para Aleiram Chic. De ahí que la decisión de lo que pasará con el posteo de la controversial edición no recae exclusivamente en él. “Es la gente de la revista la que tiene los derechos. Ella firmó con ellos. A quien corresponde decidir eso (lo que pasará) es a la revista”, agregó.
El fotógrafo explicó que su única intención con el posteo era mostrar el despliegue que conlleva esta clase de producción y realizar un estudio acerca de lo que prefieren sus seguidores. ”Sé que el arte es subjetivo. Lo que quería es mostrar cómo hacer un estudio de marcado a la gente que me sigue. Quiero aprender qué le gusta a mi público”, añadió.
Te puede interesar: ¡Galán sin dinero! Silvia Flores recordó fallida historia de amor
Dejanos tu comentario
Fiscalía imputa a cuatro ciudadanos colombianos
La fiscala Elvia Chávez presentó imputación por los delitos de estafa y circulación de moneda no auténtica contra cuatro ciudadanos colombianos, detenidos días atrás en el barrio Villa Morra de Asunción. La representante del Ministerio Público pidió al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva.
Los imputados fueron identificados como Fredy Varajas, Raúl Muñoz, Osiel Londoño y Jhon Edindon. Los detenidos acudieron ante la Fiscalía para la audiencia indagatoria donde luego fueron imputados por el Ministerio Público.
Ahora estas personas deberán comparecer ante un Juzgado Penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los extranjeros estarán privados de libertad o serán beneficiados con algún tipo de medidas alternativas a la prisión.
En caso de que se ordene la prisión, la defensa de los imputados tienen la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal el que definirá el presente caso. La Fiscalía sostiene que los extranjeros serían responsables de montar un esquema de estafas por medio de promesas de créditos relacionados al sector inmobiliario, específicamente para adquisición de seguros para la construcción.
Luego de la aprehensión de los imputados se realizó un allanamiento en un recinto en Asunción, donde fue incautada una caja fuerte en cuyo interior había USD 300.000, aproximadamente, presuntamente apócrifos.
CIUDAD DEL ESTE
Ayer viernes, la fiscala Diana Gómez imputó a un hombre que fingió un asalto para quedarse con el dinero de la empresa donde prestaba servicio, en Alto Paraná. El trabajador se habría llevado cerca de 9 millones de guaraníes y solo lograron recuperar la mitad de lo sustraído.
Se trata de Nelson David Genes Sotelo, quien fue imputado por simulación de un hecho punible. El supuesto asalto ocurrió en horas de la mañana del pasado 9 de abril en zona de Ciudad del Este y la víctima se presentó en el puesto policial situado en el kilómetro 12 Acaray, donde formuló una denuncia por supuesto robo agravado.
El hombre relató a los intervinientes que fue víctima de un asalto por parte de dos personas que lo despojaron de una motocicleta de la marca Maruti, un celular y la G. 8.254.000, recaudación del día de su trabajo y que pertenecía a la empresa donde prestaba servicio.
Dejanos tu comentario
Arnaldo Giuzzio se quedó sin defensor privado, pero sería estrategia para dilatar inicio de juicio oral
El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará representado por el defensor público Francisco Acevedo, debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su representación legal.
Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dilatar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a querer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abogado particular para que le asista y por ende la audiencia oral se tendrá que posponer nuevamente.
Ahora el tribunal de Sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.
Acusación
El 16 de agosto del 2023, los agentes del Ministerio Público, Jorge Arce y Diego Arzamendia, presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.
El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.
Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
Podés leer: Juzgado debe decidir sobreseimiento de suiza por uso del cannabis
Dejanos tu comentario
Abogado afirma que sacar o devolver fueros a legisladores es una atribución del Congreso
El abogado Óscar Tuma se refirió sobre la reciente decisión del Senado en restituir sus fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. Para el exdiputado, la medida no constituye un atropello a la Carta Magna ni al principio de la separación de los poderes del Estado.
“La injerencia de un poder del Estado sobre otro se refiere a la intromisión inapropiada de una rama del gobierno en las funciones que constitucionalmente corresponden a otra rama. En un sistema de gobierno, donde coexisten poderes separados, como el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, es fundamental mantener su independencia para asegurar un equilibrio democrático”, indicó mediante sus redes sociales oficiales.
En ese contexto, Tuma argumentó: ”la facultad de retirar o no la inmunidad parlamentaria a un legislador, permitiendo o no que este se enfrente a procesos judiciales, es una prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo. Esto implica que solo la cámara correspondiente, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, según el caso, puede decidir sobre la remoción o el restablecimiento de dichos fueros. Por lo tanto, esta acción en sí misma no constituye una violación al principio de separación de poderes establecido en el artículo 248 de la Constitución Nacional, ya que está prevista dentro de las competencias legislativas”.
Asimismo, dijo que en el artículo 191 de la Constitución no se encuentra explícitamente fijado el proceso de restablecimiento de los fueros. No obstante, argumenta que “en la práctica y según la lógica del sistema legal y parlamentario, si se puede suspender la inmunidad de un legislador para permitir un proceso judicial, implícitamente se entiende que se debe aplicar ese mismo mecanismo para su restablecimiento, y esto ocurre una vez que se resuelvan las causas que llevaron a dicha suspensión, especialmente si el legislador es encontrado no culpable o si el proceso judicial concluye sin una condena”.
Lea también: Gobierno oficializó este viernes la entrega de becas a más de 4.500 jóvenes
De esta manera, afirma que el restablecimiento de los fueros puede interpretarse como un “retorno al estado de protección original que gozaban los legisladores antes del proceso de desafuero”. Agrega, a la vez, que “la falta de una mención explícita sobre el restablecimiento de fueros en el artículo 191 no impide que este se lleve a cabo; más bien, la capacidad para restablecer los fueros se entiende como parte integral del principio de inmunidad parlamentaria, que busca proteger la independencia del legislativo y asegurar que sus miembros puedan realizar sus funciones sin temor a represalias injustas”.
Tuma argumenta que el restablecimiento de los fueros a un parlamentario se puede considerar como “una consecuencia lógica y necesaria del sistema de inmunidades parlamentarias, siempre y cuando se realice siguiendo los procedimientos adecuados y bajo las circunstancias que justifiquen dicha acción”.
La situación refleja a una interpretación constitucional, prosiguió con su argumento. “Por un lado, algunos argumentan que, si la Constitución no menciona expresamente la posibilidad de restablecer los fueros, entonces tal acción no estaría permitida. Por otro lado, debemos usar la lógica y entender que no todos los procedimientos y facultades necesitan estar detallados explícitamente en el texto constitucional para ser válidos”.
Sostiene que “desde esta perspectiva, si el Congreso tiene la facultad de desaforar a un miembro, implícitamente debe tener la facultad de revertir esa decisión si las circunstancias que llevaron al desafuero cambian, especialmente si la finalidad de la inmunidad parlamentaria es proteger la función legislativa y la independencia del Poder Legislativo”.