El superintendente de Salud, Ignacio Mendoza, señaló ayer que se está realizando una auditoría jurídica, médica y contable al sanatorio Samaritano por las denuncias de sobrecosto. Destacó que hay leyes vigentes de cobertura a pacientes con covid-19 y los centros asistenciales no deberían cobrarles.
“Con base en una denuncia formal hemos optado por realizar una auditoría. La situación actual no da para estar dudando de las cosas, la población está temerosa, sensible y no es el momento de estar abusando de la gente”, manifestó el superintendente de Salud, en comunicación con Universo 970 AM.
Sobre el pedido de abonar G. 50 millones para acceder a una cama de terapia intensiva y G. 100 millones para retirar el cadáver de un familiar, en este caso en el sanatorio Samaritano, explicó que hay leyes vigentes que cubren gastos de internación de los pacientes con covid-19 y el Ministerio de Salud debe dar respuesta.
Mendoza indicó que desde la Superintendencia de Salud “no se quieren meter tanto en la parte privada” porque respetan las inversiones realizadas por el sanatorio en cuestión. Mencionó que se están ajustando detalles a las normativas para que los privados cumplan con las exigencias y no carguen la responsabilidad a los familiares los costos por los servicios prestados.
“Vamos a analizar la situación y es la preocupación de las autoridades ministeriales porque mediante la ley ya le cubre el Estado a los pacientes, que significa una erogación de grandes cantidades monetarias, porque tener un paciente con covid-19 cuesta caro. Sin embargo, muchos (sanatorios) no se quieren ajustar al cumplimiento”, agregó.
HAY MÁS CASOS EN OTROS SANATORIOS
El asesor jurídico de la Superintendencia de Salud, Freddy López, señaló ayer que habría más casos de sobrecostos del sanatorio Samaritano y en otros centros asistenciales privados. Todas las denuncias de irregularidades están siendo investigadas y en los próximos días se tendrían los resultados de la auditoría. El Samaritano aparentemente exige G. 50 millones para internación y pidió G. 100 millones para retirar el cuerpo de una persona fallecida, pese a la vigencia de leyes de cobertura a pacientes. “Después de lo ocurrido habría más denuncias con relación a casos similares en el mismo sanatorio (Samaritano) y hay gente sondeando para hacer otras denuncias de otros sanatorios”, explicó el asesor jurídico, en comunicación con Universo 970 AM.