La información reque­rida es clave para permi­tir la identificación de las empresas por cada tran­sacción registrada en el sistema. “Al no cum­plirse este ítem, el Vice­ministerio de Transporte solo puede monitorear las transacciones, no así la flota de buses de cada empresa permisionaria en tiempo real”, explicó el viceministro de Trans­porte, Víctor Sánchez.

Con las notificaciones rea­lizadas, las empresas TDP SA (tarjeta MAS) y EPAS SA (tarjeta Jaha) tienen el plazo de 15 días para remitir la escritura total de los datos solicitados para que cuando entre en funcionamiento el Centro de Control y Moni­toreo, junto con la tarifa técnica que se encuentra en estudio, se pueda abrir sumario de investigación al 100% de las empresas per­misionarias, a fin de verificar si cumplen con la frecuencia que contempla el pliego de la licitación.

En caso de encontrar irre­gularidades de frecuencia muy graves en relación con lo establecido en el con­trato de explotación del servicio, se iniciará la can­celación de las permisio­narias, informó el MOPC.

Sánchez aclaró que una empresa cancelada tiene la obligación de seguir pres­tando el servicio hasta que se concrete una nueva lici­tación e inicio de operación de una nueva permisiona­ria, de tal manera que se garantice al usuario el ser­vicio de transporte.