Son dos las empresas que monopolizan el negocio de las estaciones de servicio y pretenden imponer una ley que impida la instalación de nuevos servicentros en Asunción, mediante regulaciones de distancia mínima y otras exigencias. Las demás gasolineras reclaman el derecho a la libre competencia.

“Nosotros estamos peleando nuestros derechos de poder entrar a competir en el mercado asunceno, también el derecho del asunceno de poder tener más posibilidades de elección, si no, dos grupos de empresas prácticamente están controlando todo el mercado asunceno”, dijo Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustible, en entrevista con el canal GEN.

Si bien la Junta no tuvo ayer los votos para tratar el veto de la Intendencia a la ordenanza municipal que establece distancias mínimas entre locales nuevos y existentes (1.000 metros), dispone requisitos como la ubicación en esquinas de avenidas con superficies mínimas y prohíbe a empresas nuevas instalarse en Asunción, la posibilidad sigue latente, pues el documento fue remitido a comisiones y regresará al pleno.

Para Bazán, las otras 17 distribuidoras que hoy están perjudicadas con esta iniciativa, tienen el derecho a participar en la competencia. “La Corte Suprema nos dio la razón en esto”, enfatizó Bazán.

Consideró que esta ordenanza lo que busca es establecer todas las condiciones para que no exista una estación nueva que compita con las ya existentes, además de dictar precios e imponer las calidades que el usuario debe consumir.

Aclaró que desde su gremio proponen estaciones con instalaciones ecológicas, tanques de doble pared, pozo de monitoreo y todas las condiciones para que sea una estación de servicios segura medioambientalmente.

La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) emitió días pasados un dictamen relacionado con una ordenanza aprobada por parte de la Junta Municipal de Asunción, pero que fue vetada por el actual intendente capitalino, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

La ordenanza vetada contempla la provisión, el manipuleo, el almacenamiento de combustibles, líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales, destinados a su comercialización y actividades afines. Un grupo de concejales continúa insistiendo en modificar la ordenanza ya establecida, a pesar del dictamen de la Conacom y la propia Corte Suprema de Justicia, que ya declaró inconstitucional a un pedido similar.