Autoridades del Partido Colorado solicitaron al Ministerio Público identificar a los vándalos que integraron la “turba alcohólica” y atacaron el local de la Asociación Nacional Republicana (ANR) tras el rechazo del juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente, Hugo Velázquez.

Al respecto, el senador Arnaldo Franco mencionó que “la Fiscalía debe garantizar seguridad a toda la ciudadanía tras la invasión de la sede del partido por vándalos a la propiedad privada. Es una verdadera vergüenza”.

Por su parte, el ex diputado y dirigente del departamento de Paraguarí Clemente Barrios afirmó que las personas que atacaron la agrupación estaban totalmente alquiladas por referentes y sectores que no son afines a la línea política que es mantenida desde el Partido Colorado.

“De nuevo los bienes del Partido Colorado han sido atacados salvajemente por las turbas alcohólicas, que son alquiladas en los bajos de la Chacarita por los verdaderos promotores de la violencia contra la ANR. La Fiscalía y la Policía deben identificar a los autores morales”, refirió.

APUNTAN CONTRA EL SECTOR DE LA IZQUIERDA

El titular del Partido Colorado, Pedro Alliana, expresó ayer que la quema de la sede partidaria proviene de las órdenes realizadas por algún referente de la oposición, principalmente del sector de la izquierda, que actualmente sigue una hoja de ruta con la finalidad de poder desestabilizar al Gobierno.

“Estos son actos vandálicos y puedo asegurar que esto viene del mismo sector que está de una forma acostumbrada a atropellar la propiedad privada, quemar y pintar el Congreso Nacional y estoy hablando de la izquierda con otros sectores de la oposición que siguen una hoja de ruta”, había sentenciado.

VIDEO MUESTRA VIOLENCIA DE VÁNDALOS

Aprovechando la manifestación ciudadana que se gestó el miércoles en el microcentro capitalino, un grupo de vándalos destrozó locales comerciales y saqueó totalmente varios negocios, ocasionando millonarias pérdidas a personas trabajadoras. Uno de los lugares atacados es el centro comercial identificado como Asunción Supercentro, donde los delincuentes llegaron hasta uno de los locales comerciales que se ubican en la esquina de 14 de Mayo y General Díaz, donde empezaron a lanzar piedras contra el blíndex del negocio, se llevaron los productos. Estimaron un perjuicio económico de por lo menos G. 15 millones.

Esto se puede apreciar a través de un video de circuito cerrado de televisión que fue proveído exclusivamente al canal GEN.

Imputarán a 27 detenidos

El Ministerio Público adelantó que 27 personas, quienes fueron detenidas el miércoles en el marco de la manifestación ciudadana en el microcentro, serán imputadas por el hecho de violación de la cuarentena sanitaria. En su mayoría son jóvenes, quienes aseguran que fueron maltratados por los agentes policiales y que nada hicieron para ser privados de su libertad.

Ayer al mediodía fueron trasladados por la Unidad Antidisturbios de la Policía desde la sede de la Agrupación Especializada hasta la Unidad de Convivencia de las Personas de la Fiscalía en el barrio Sajonia de Asunción, donde todos prestarán declaración indagatoria ante el agente fiscal Ángel Ramírez. Este grupo de detenidos que llegó a bordo de un bus policial fue acompañado por una caravana de manifestantes, quienes siguen de cerca los procesos para exigir la pronta liberación sin mayores consecuencias. Algunos jóvenes detenidos denunciaron al canal GEN que fueron trasladados todo el tiempo bajo engaños y que ahora sorpresivamente los llevaron hasta la Fiscalía, donde no tienen ni siquiera abogados. “Nosotros estábamos en la comisaría tercera y nos dijeron que nos iban a llevar al Hospital de Barrio Obrero para hacernos la inspección médica, ya que muchos resultaron heridos y afectados con gases lacrimógenos. Pero nos engañaron, no nos llevaron al hospital y nos llevaron directo a la Agrupación Especializada”, aseveró uno de ellos.

Hasta el lugar también se apersonó la ex modelo Jessica Servín, quien se presentó como abogada y se ofreció para ejercer la defensa de los detenidos que aún no cuenten con una representación legal.