En redes sociales se realizó una convocatoria ciudadana que surgió a raíz de la respuesta del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a Joel Oviedo, un hombre que suplicó medicamentos para su hermano internado con covid-19 en un acto realizado en el Hospital Regional de Villarrica, el jueves último.
La manifestación denominada “Ko’aga Reikuaáta” se realizó ayer a la tardecita, en la Plaza Uruguaya. El reclamo es por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales del sector público, también por las polladas como recurso para acceder a la salud y por la violación de la dignidad de las personas que tienen que humillarse para adquirir un derecho. Y también la poca voluntad del Gobierno para dar una solución que se evidenció en la humillante respuesta del mandatario.
“Moõpiko che aikuaáta. Yo no soy médico de acá. No sé qué insumos hay acá. Vamos a solucionarle, si tiene algún costo yo voy a cubrir”, respondió el mandatario a la consulta de la prensa cuando se retiraba del Hospital Regional de Villarrica, mientras ordenaba al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y otros encargados de salud que le avisen sobre los precios del insumo que necesitaba Oviedo para su hermano.
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Claves de la operación “garrote” montada por Abdo y su gavilla
La causa penal abierta contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete posee un cúmulo de pruebas presentadas por la Fiscalía. Testimonios, pericias y varios documentos sustentan la denuncia por persecución política alegada por el denunciante, el expresidente Horacio Cartes.
Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chicanas presentadas por los abogados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pendiente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual diputado, Mauricio Espínola.
Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, principalmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcionarios que colaboraron para esclarecer el caso.
La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fiscal atacando a los fiscales que investigaron el caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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Tras millonario asalto presentarán proyecto de declaración para que militares custodien Itapúa
El senador Colym Soroka adelantó que presentará ante la Cámara Alta un proyecto de declaración para que las Fuerzas Armadas custodien Itapúa, específicamente los puntos de acceso al departamento y también la zona marítima, esto teniendo en cuenta los últimos asaltos de gran magnitud que se produjeron en poco tiempo.
“El miércoles voy a presentar un proyecto de declaración para que la Armada haga patrullajes en el río porque varios distritos tienen orillas con el Paraná, somos zona de frontera, pero nunca tuvimos esta ola delincuencial tan violenta, estos son profesionales no son improvisados y van a seguir haciendo si no hay una reacción”, aseveró el legislador.
El pronunciamiento del parlamentario se dio luego de que se produjera un asalto a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Natalio, Itapúa. Según el reporte policial, un grupo de 15 a 20 personas mediante explosivos, lograron ingresar a la sede bancaria y se alzaron con una suma millonaria de dinero.
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“Este ya es el tercer hecho y expone a toda la población, estos tipos vienen a hacer esto porque saben que la gente no va a poder reaccionar. El primero fue en Pirapó, reventaron el Banco Regional, el segundo en Yatytay, llevaron un cajero como si nada en una carrocería y ahora esto, por eso amerita una reacción, porque no puede continuar así”, manifestó a la 1020 AM.
Soroka señaló que está seguro que los delincuentes no son de Itapúa, pero que por la falta de control en los puntos de acceso al departamento, especialmente con Alto Paraná, pueden ingresar y realizar asaltos de gran magnitud, aprovechando también que las comisarías no cuentan con un gran número de oficiales.
“Esto en Itapúa es algo nuevo, en el departamento éramos conocidos por ser un departamento de trabajo, de tranquilidad y esta situación amerita una reacción inmediata. Ya estuve tratando de comunicarme con gente del Poder Ejecutivo para que vuelvan los militares, estamos importando delincuencia”, lamentó.
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La extitular de Petropar, primera condenada del entorno de Abdo
Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
SUPUESTA COIMA DE NARCO
Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Benítez es el exsenador y exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.