No podrán ser beneficiarios del programa Ñangareko las personas que perciban haberes del Estado u otros apoyos del Gobierno, pero el nombre de un oficial de la Policía Nacional figura en la nómina de favorecidos con el subsidio.
El oficial primero Diego José Sosa aparece en la lista de favorecidos con la transferencia monetaria de G. 500 mil por parte del Estado para familias en situación de vulnerabilidad y cuyos medios de subsistencia están siendo afectados por la crisis desatada con la pandemia de la COVID-19.
Al parecer los filtros aplicados en el programa no son tan eficientes considerando que el oficial de Policía “beneficiario” es un asalariado estatal que en teoría debiera estar bloqueado de recibir la ayuda.
El ingreso mensual de Sosa asciende a G. 6.947.123. Este monto incluye un subsidio alimentario que reciben los uniformados, incluso mayor a la cifra otorgada por el Gobierno en esta crisis sanitaria (ver planilla).
Según el anuncio oficial, los asalariados estatales y con prestaciones por parte del Instituto de Previsión Social (IPS) estaban excluidos, pero algunos burlaron el control. “Acabo de enterarme, ni sabía yo, no estoy luego para eso.
Soy personal policial y no me voy a arriesgar a esas cosas, menos aún viendo como que hay gente que necesita y tenemos sueldo fijo”, señaló el oficial Sosa cuando le consultamos sobre su nombre en la lista de beneficiarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Sosa negó haber realizado la solicitud para el subsidio Ñangareko. Luego dijo a La Nación que ya informó del caso a sus superiores y que estos ya se pusieron en contacto con el ministro Anticorrupción, René Fernández, para la averiguación pertinente.
“Es para averiguar el número de teléfono al cual se envío el giro usurpando mi identidad”, explicó el oficial. Agregó además que denunciará el caso en una comisaría.
Sosa refirió además que en la planilla de beneficiarios publicada por la SEN en su portal, el mismo figura como residente en Asunción. Sin embargo, él vive en Luque, así también la Academia de Policía donde presta servicio.
OTRA FUNCIONARIA PÚBLICA
En la nómina de beneficiarios del programa Ñangareko de la SEN también aparece Viviana Emilce Brítez Ortiz, funcionaria de limpieza del Ministerio Público, quien sigue activa y percibe salario mínimo, según confirmaron en la institución. Llamativamente el nombre de la funcionaria también pasó los filtros de control, considerando que figura en todos los portales de información pública y aparece como asegurada activa en la web del IPS.
Cabe señalar que en conferencia de prensa el titular de la SEN, Joaquín Roa, dijo que un total de 136.138 beneficiarios fueron notificados que recibirán los G. 500.000 en el marco de la emergencia por la COVID-19. Intentamos comunicarnos con el secretario de Estado para consultar sobre los procedimientos de filtración, pero no contestó la llamada ni los mensajes.
BUEN PASAR Y BENEFICIARIO
Días atrás La Nación publicó el caso de un informático que, según comentó, a propósito hizo la prueba para ver si pasaba los filtros de control y lo consiguió.
Aaron John Leftwich, un joven de 28 años que incluso tiene a su cargo una empresa de sistemas de gestión, diseño y desarrollo web, aplicaciones móviles, diseño gráfico, etc., y hasta figura en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se inscribió y está entre los primeros en recibir la notificación de acreditación de los G. 500.000.
Su caso ganó mayor notoriedad al conocerse que se desplaza en una camioneta Hyundai Santa Fe, que si bien no es del año, difícilmente sería adquirida por una persona en situación de vulnerabilidad.
El informático había mencionado la debilidad de los filtros de control, ya que él incluso siendo norteamericano fue uno de los primeros beneficiados. Aaron había dicho que usaría el dinero para repartir unos kits de última cena el Jueves Santo a la gente que está en los semáforos.