Tras más de un año de investigación en la que están designados los fiscales Hugo Volpe, Alicia Sapriza, Fabiola Molas, Marcos Amarilla y Armando Cantero, ayer finalmente se ejecutó el operativo Dignidad I, con el objetivo de limpiar las filas de la Policía Nacional.
La operación se desplegó ante informaciones que confirman la implicancia de efectivos policiales en hechos relacionados al narcotráfico, específicamente vinculados a la Operación Polaris, ejecutada por la Senad.
Con el procedimiento se detuvo a efectivos que prestaban servicios no solo en la capital, sino además en la zona fronteriza con Brasil, donde venían cooperando con las fuerzas del narcotráfico, mediante informaciones precisas que daban sobre las posibles acciones que se tenían que realizar.
Mediante procedimientos simultáneos realizados en Asunción, Pedro Juan Caballero, Puentesinho, Concepción y San Carlos, un total de 9 uniformados fueron detenidos, mientras que una 10ª persona está prófuga, pero las autoridades están tras su pista.
“Son acusados de proteger cargas de drogas, dar seguridad y traslado a narcos a cambio de dinero. Tenemos escuchas telefónicas de diversos policías que hablaban de cobertura de una estructura criminal”, expresó el fiscal Marcos Alcaraz.
Entre los detenidos se encuentran altos jefes policiales, como el Crio. Ppal. Edelio Celso Loreiro García; los subcomisarios Pedro Molinas, Rubén Darío Duarte Jacket, Carlos Éver Navarro Morales y Sebastián Ramón Silva. También fueron aprehendidos los suboficiales Venancio Bolaños Torres, Pablo Morales, Mario y Luis Carlos Gómez Santacruz, según los informes de la Fiscalía.
El personal del Departamento Antisecuestro de Personas acompañó a los fiscales intervinientes en los diferentes lugares donde se ejecutó el operativo.
Los uniformados son acusados de operar para el narcotráfico y de proteger importantes cargas de cocaína para el clan Aguayo. “Ramón Aguayo sería el líder de esta agrupación, quien hasta el momento continúa prófugo”, afirmó Alcaraz. En los procedimientos lograron incautar documentos y teléfonos celulares para demostrar la vinculación de policías con narcotraficantes de distintas zonas del país.