El proceso de la convocatoria de acreedores de Metalúrgica Fernández es un conjunto de maniobras financieras que se mantuvo gracias al Juzgado de Capiatá. Informes periciales revelan que hubo cifras adulteradas, millonarias deudas ficticias y aparecen hasta familiares de los propietarios y sus abogados como principales acreedores. ¿Cómo entonces el juez Manuel Gerardo Saifildin Stanley permitió que se lleve a cabo la convocatoria?

• Por ALDO BENÍTEZ
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• FOTOS: FERNANDO RIVEROS

El informe pericial ordenado por el síndico de Quiebras, Camilo Benítez –quien tomó el caso recién casi 8 meses después de hacerse la convocatoria– revela enormes deficiencias en la solicitud de Metalúrgica Fernández para llevar adelante su proceso de llamado a acreedores. ¿Por qué se recurre a ello y qué es una convocatoria? Básicamente, porque la empresa se declara incapaz de seguir manejándose administrativamente, por lo que pide que la Justicia intervenga la administración, principalmente, para pagar deudas. Para eso, se convoca a todas las personas o empresas que tengan alguna deuda que cobrar a la firma convocante.

Para que todo esté en orden y el juez tenga una versión calificada sobre la situación financiera de la empresa que hace la convocatoria, una vez que se hace el pedido, el juez debe ordenar la participación inmediata de un síndico de Quiebras, cuyo trabajo justamente consiste en garantizar que todo marche bien. Pero, en el caso de Metalúrgica Fernández, la normalidad fue lo anormal.

El 5 de julio del 2013, Metalúrgica Fernández llamó a concurso de acreedores en el Juzgado de Capiatá, alegando problemas económicos causados por la "crisis mundial". Con una celeridad inusual, el juez Saifildin Stanley hizo el reconocimiento judicial de la empresa el mismo día del pedido, y apenas dos días después –algo que en el sector consideran exageradamente rápido, ya que este proceso generalmente dura 20 a 30 días– el magistrado aceptó la solicitud de convocatoria. En tres días, el proceso ya estaba encaminado.

El 20 de agosto de ese año, el síndico general de Quiebras, Ricardo A. Pane, propuso a Camilo Benítez para tomar intervención en el caso, como síndico. Para esa fecha, Metalúrgica Fernández ya tenía una denuncia; la de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que abrió sumario contra la empresa por varias infracciones a las normas que regulan las bolsas de valores. De hecho, el sumario terminó con una sanción. La firma fue suspendida para seguir operando en la bolsa de valores, a emitir bonos o títulos de deuda. Mientras, el proceso siguió.

Recién el 22 de abril del 2014 –prácticamente 8 meses después– el síndico Benítez tomó el caso. A pesar de todo ese período transcurrido, Benítez encontró enormes deficiencias en los balances presentados por la metalúrgica, por lo que pidió la participación del perito Gustavo Ruiz, que ensayó un extenso informe sobre el caso. Estas denuncias fueron respaldadas por abogados de otros acreedores que se presentaron ante el juez Saifildin Stanley, quienes solicitaron de forma urgente que el magistrado termine el proceso de convocatoria. Este procedimiento está hace cuatro años abierto, a pesar de que la normativa sobre Quiebras dice que no debe superar los 40 días.

En la nómina de acreedores de la metalúrgica aparecen dos nombres llamativos; Christian D. Adlan Storm, con un supuesto crédito a su favor de G. 570 millones, y Santiago Fernández Ozuna, que reclama un crédito de G. 250 millones. Adlan Storm fue uno de los principales accionistas de la metalúrgica en su momento y es el yerno de Ángel Fernández Ozuna, propietario de la empresa. Además, figura también como uno de los accionistas actuales de "Asia SA de Mandatos", la empresa que, justo un año después de la convocatoria de Metalúrgica Fernández, se formó y funciona prácticamente en el mismo inmueble que la metalúrgica.

A su vez, Santiago Fernández Ozuna es el hermano de Ángel, que llamó a convocatoria. Como abogada representante de ambos aparece la profesional María Natalia Toledo Colmán, quien además ejerce la representación de otras 4 personas y de "acreedores varios": Jorge Luis Galeano, Jorge Ramón Acuña, Fernando Ariel Álvarez y César Sosonte Monges.

El caso de Toledo Colmán no tendría nada llamativo, si no fuera porque se trata de la esposa de Javier Ramiro Figueredo Benítez, uno de los abogados que promovieron la demanda de convocación de acreedores ante el Juzgado de Capiatá, en representación de la Metalúrgica Fernández. El supuesto saldo total a favor de estos 7 acreedores llega a los G. 5.182 millones, según el balance expuesto por Metalúrgica Fernández y que fue reconocido por la empresa en el proceso. Es decir, la firma convocante, representada jurídicamente por Figueredo Benítez, reconoció la deuda de G. 5.182 millones a favor de 7 "acreedores" que están representados por su esposa, la abogada Toledo Colmán.

Además de esta situación llamativa, los informes periciales y del síndico de Quiebras hablan de varias irregularidades en las transacciones que tienen que ver con estos acreedores. Por ejemplo, mencionan que Metalúrgica Fernández reconoció los títulos y montos de la deuda a cada acreedor, sin que ninguno de ellos tenga siquiera el título de la fecha de emisión, lo que invalida directamente estos documentos –según las normativas vigentes– como pagarés a la orden.

El informe pericial dice que en los documentos se evidencia que cada pagaré fue hecho por el puño de una misma persona, teniendo en cuenta que la caligrafía es idéntica en cada caso, cuando que, se supone, son diferentes personas las que reclaman la deuda. A esto se suma que varios de los saldos expuestos –como en el caso de Ariel Álvarez, que reclama G. 1.235 millones– no coinciden con el monto que figura en el listado de acreedores de la propia convocatoria. En casi todos los casos se presenta la misma situación.

Metalúrgica Fernández aparece también en una investigación fiscal en la que se sospecha de un esquema preparado para la estafa y engaño, según las denuncias de miles de docentes de varias partes del país. María Victoria Villalba, directiva de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) en Villa Hayes, reconoció que solamente en la zona del Chaco hay como 500 o 700 docentes, todos ellos indígenas, que fueron estafados por Metalúrgica Fernández.

Los vendedores de estas empresas les hacían firmar autorizaciones de descuentos en blanco a los profesores indígenas. Supuestamente, ellos se encargarían de "llenar" la documentación de acuerdo a la disponibilidad monetaria de cada educador. Sin embargo, a pocos meses de las transacciones, los docentes se quedaban sin nada.