Apenas un mes antes de hacer su convocatoria de acreedores, en el seno de la Metalúrgica Fernández se gestó una transacción clave. Ángel Fernández Ozuna, presidente del directorio, le pagó a su hijo Anyelo Paolo Fernández con bienes de la empresa por la compra de sus acciones. Un año después, una nueva empresa, cuyo presidente es Anyelo Paolo Fernández, empezó a operar prácticamente en el mismo inmueble de la metalúrgica. La firma está investigada por millonarias supuestas estafas en la que cayeron desde docentes indígenas, corredores de bolsas y hasta bancos.

• Por ALDO BENÍTEZ
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• FOTOS: FERNANDO RIVEROS

Siendo las 14:00 del 6 de junio del 2013, el directorio de la Metalúrgica Fernández se reunió en la sede de la empresa, ubicada en el km 16,5 de la Ruta 1, en Capiatá, para tratar un único tema: la venta y transferencia de acciones. Anyelo Paolo Fernández vendió sus acciones a su padre, Ángel Fernández Ozuna, presidente de la metalúrgica. Pero, como don Ángel Fernández no tenía dinero, decidió pagarle a su hijo con bienes de la empresa.

Así, maquinarias, muebles y otros pasaron a nombre de Anyelo Fernández. La operación se hizo bajo acta y fue aceptada por todos los miembros del directorio. Un mes después, el 5 de julio, el abogado Luis Leguizamón Storm, en representación de Metalúrgica Fernández, presentó oficialmente ante el juez de Capiatá, Manuel Gerardo Saifildin Stanley, el pedido para hacer la convocatoria de acreedores. ¿Qué significa esto? Es una solicitud para que la Justicia intervenga la empresa, principalmente, para ordenarla financieramente, pagar las deudas y luego ver su proceso de quiebra o salvación.

Pero, el magistrado Saifildin Stanley, que tuvo la rapidez de hacer el mismo día del pedido de llamado –sí, el viernes 5 de julio del 2013– el reconocimiento judicial de la empresa en Capiatá y tanta celeridad para al lunes siguiente –8 de julio– aceptar la solicitud de convocatoria, no tuvo, sin embargo, la misma prestancia para designar al síndico de quiebras en este caso. Recién 8 meses después –y a pesar de que una condición exigida en la ley es dar participación al síndico lo antes posible– el abogado Camilo Benítez, designado por la Sindicatura, pudo tomar intervención en este caso.

El 19 de abril del 2013, la firma consultora PKF Controller Contadores y Auditores emitió un dictamen sobre Metalúrgica Fernández en carácter de auditor externo. Esto obedecía a que la empresa operaba en Bolsa y de acuerdo a las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) –ente que ese mismo año sancionó a la metalúrgica–, el informe era un respaldo para que siga operando.

El dictamen de PKF Controller fue que Metalúrgica Fernández presentaba "razonablemente" sus estados financieros a diciembre del 2012. El 5 de julio de ese mismo año –a menos de tres meses del informe–, Metalúrgica Fernández hacía oficialmente su convocatoria de acreedores, invocando, entre otras cosas, dificultad para seguir manejándose por deficiencias económicas.

Debido a que el síndico Camilo Benítez encontró enormes irregularidades en el balance presentado por Metalúrgica Fernández, en el que se basó el pedido de convocatoria de acreedores, solicitó la participación de un perito especializado, siendo designado Gustavo Ruiz.

Los informes, tanto de Benítez como del perito Ruiz, denunciaron una brutal serie de irregularidades en todo el proceso de convocatoria de Metalúrgica Fernández y que fue autorizada por el juez Saifildin Stanley. Desde deudas ocultas, pasivos inflados, acreedores inexistentes y una diferencia de G. 11 mil millones entre el balance presentado y el inventario de la empresa en cuanto a créditos a cobrar. Lo más llamativo del caso es que toda esta situación fue comunicada al Juzgado de Capiatá en su momento, pero todo siguió igual.

Metalúrgica Fernández, que empezó como un negocio de chapería y pintura en Ciudad del Este a finales de los años '90, se convirtió posteriormente en un gigante de la industria, llegando a ensamblar motos y autos. Desde el 2008 empezó a operar con capital abierto y a cotizar en la Bolsa de Valores de Asunción.

Con la convocatoria de acreedores en julio del 2013, todo parecía que terminaba y de la peor manera. Sin embargo, hasta hoy, Metalúrgica Fernández, prácticamente ya descapitalizada, sigue con su llamado a acreedores abierto, a cuatro años de iniciarse el proceso. Según la ley, este procedimiento no puede superar los 40 días. Esto sirvió para que bancos se queden sin recibir pago de millones de créditos otorgados, o con decenas de corredores de bolsas que compraron sus bonos o títulos de crédito y se quedaron sin nada. Pero este punto se irá develando en próximas publicaciones.

El 20 de junio del 2014 nació la firma "Asia SA de mandatos", que fija residencia en la Ruta 1, a la altura del km 16,5 en Capiatá. No solamente coincide con la dirección de Metalúrgica Fernández, sino que el principal accionista de esta firma es Anyelo Paolo Fernández, hijo del propietario de la metalúrgica y que, exactamente un año atrás, recibió como pago por sus acciones los principales bienes de la metalúrgica.

Los demás socios de esta nueva firma también son parientes de Fernández Ozuna, y varios de ellos aparecen, además, como principales acreedores de la metalúrgica. Esta arista, muy relevante, será profundizada en próximas entregas.

Metalúrgica Fernández aparece también como una de las empresas que integran un esquema preparado para la estafa y engaño, según las denuncias de miles de docentes y cuyas carpetas se amontonan en los escritorios de tres fiscales de Asunción. La primera parte de la historia de estos docentes estafados publicamos en la edición de ayer, que se puede leer aquí

La fiscal Teresa Sosa investiga al menos 500 casos de estafa a docentes indígenas a través de descuentos compulsivos de sus sueldos por parte de la metalúrgica citada. La representante del Ministerio Público, ante las numerosas evidencias encontradas, imputó a Ángel Fernández Ozuna, propietario de la empresa.

El esquema funcionó así: Los vendedores de Metalúrgica Fernández –y otras– le hacían firmar unas autorizaciones de descuentos en blanco a los profesores indígenas. Supuestamente, ellos se encargarían de "llenar" la documentación de acuerdo a la disponibilidad monetaria de cada educador. Sin embargo, a pocos meses de las transacciones, los docentes indígenas se quedaban sin poder cobrar un solo guaraní.